A la memoria de Víctor Manuel Sánchez Sánchez, camarada, amigo, reportero, hombre de risa franca y sincera.
Desde su campaña para la gubernatura del estado Gabino Cué Monteagudo expresó su preocupación por la situación en que se desenvuelven los medios de comunicación en Oaxaca. Como candidato de la coalición “Unidos por la Paz y el Progreso”,
signó incluso el Compromiso con la Libertad de Expresión y se comprometió a defender, promover y difundir la libertad de expresión, como un recurso que permita el desarrollo de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en la entidad.
Sin embargo, a ocho meses de su administración y luego de impulsar una reforma constitucional, con el propósito de modificar el marco jurídico interno, ninguna de las 12 iniciativas entregadas al Congreso del Estado contempla la regulación en la materia.
El tema no es menor, si se considera que no existe transición a la democracia si no hay una verdadera democratización en los medios de comunicación, sobre la base de un marco legal acorde a nuestra nueva realidad y una autorregulación ética, que establezca deberes a los comunicadores o de los medios con la sociedad.
Los mismos gobernantes acusan constantemente los grandes males de los medios de comunicación: sensacionales, falta de veracidad, corrupción, conflictos de intereses, etcétera, pero nadie se atreve a normar una profesión que además de referentes éticos, requiere necesariamente de contrapesos jurídicos.
LAS PROMESAS
El 10 de junio del 2011, en el contexto del Día de la Libertad de Expresión, el gobernador Cué Monteagudo manifestó que la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación constituyen un binomio indisoluble que permite a la sociedad mantener informada y actuante sobre el desempeño público.
“Por ello asumimos y respetamos la actividad periodística como una posibilidad de mejorar la acción gubernamental para subsanar nuestras fallas y fortalecer nuestras causas en el servicio público”,
Precisamente por eso es urgente establecer las normas jurídicas que regulen la relación, a fin de no dejarlas sujetas a condiciones éticas o deontológicas, que norman la conducta individual de cada reportero o empresario de la comunicación.
Tres meses después, en el marco del Día del Locutor y Trabajadores de la Radio y Televisión, el gobernador reiteró que su gobierno mantiene una relación de respeto y transparencia con los medios de comunicación, en este sentido, refrendó su compromiso de respetar y engrandecer la libre expresión.
Además, hizo un llamado a los dueños de la radio y televisión para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, “para evitar la corrupción y esas figuras de antaño que pervierten la relación entre el Estado y los medios de comunicación”; aunque eso no se logra sólo con buenas intenciones.
El diputado panista Javier Corral Jurado, ha precisado que “no legislar en la materia no sólo constituye un incumplimiento jurídico sino una irresponsabilidad social que los poderes constituidos deben valorar, antes de tomar la decisión, de establecer o no, reglas claras para el debido ejercicio de los derechos constitucionales de las libertades de expresión e información y del derecho a la información”.
LOS TEMAS PENDIENTES.
Uno de los temas importantes la regulación es sin duda la transparencia de la relación Prensa-Estado, lo que fortalecería la rendición de cuentas y la democratización de la sociedad.
Es necesario establecer reglas claras y criterios específicos para la contratación de publicidad oficial, no criterios reduccionistas como la iniciativa de reforma constitucional presentada por el coordinador parlamentario del PRD, Carol Antonio Altamirano, que sólo busca un impulso mediático para su campaña al Congreso federal.
Dice el legislador perredista que en la relación Prensa-Estado “persiste la discrecionalidad y la opacidad en las decisiones de las entidades públicas. Esto ha llegado a usarse como instrumento para presionar, alentar o incluso castigar, los términos de dicha relación medios- entidades públicas”. Lo que no precisa es que él es el vivo ejemplo de la opacidad al promover, alentar e instrumentar prácticas corruptas con los medios de comunicación, desde la dirección de comunicación social del Congreso del estado.
Lo grave es que bajo el supuesto de que debe evitarse que el propio gobierno sea quien establezca dichos criterios, propone la creación de un consejo, nombrado por la propia Legislatura como si eso garantizara la independencia del cuerpo colegiado cuando existen suficientes evidencias de lo contrario, para verificar que la contratación de publicidad sea realizada con “equidad, proporcionalidad y transparencia”.
Los criterios para la asignación de publicidad del Estado deben comprender el tiraje o cobertura, penetración en ciertos sectores de la población, los medios especializados especialidad, así como los medios para grupos específicos de la población como indígenas, discapacitados, de género, etcétera.
Pero además es necesario ensanchar las tareas de los medios del gobierno del estado a fin de transformarlos en verdaderos medios de servicio público, entre ellos la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, lo que se impulsará el tránsito a la democracia.
EL DAÑO MORAL
Otro tema fundamental es garantizar la libertad de expresión de los trabajadores de los medios de comunicación. La LX Legislatura estatal, en una actitud más mediática que real, derogó los delitos de difamación, calumnia y daño moral; sin embargo, los dejó incólumes en el Código Civil, por lo que si bien un reportero no puede ir a la cárcel por su notas periodísticas, si puede sufrir la pérdida de su patrimonio si algún funcionarios público decide presentar una demanda por daño moral.
El denunciado se vería automáticamente inmerso en un largo proceso judicial, expuesto a un juez ignorante sobre la materia, con la alta probabilidad de ser sentenciado a la reparación del daño.
Ya la normatividad internacional ofrece alternativas a esta situación que genera autocensura, como la demostración por parte del ofendido que verdaderamente existe la intención de ofender, que el proceso no dure más de seis meses, establecer un tope a la reparación del daño y, sobre todo, fortalecer la figura del derecho de réplica. En muchos países la exhibición pública del difamador es el castigo más eficaz para su control moral, mucho más eficiente que el acto punitivo.
LOS OTROS TEMAS
La regulación de los medios de comunicación debe comprender igualmente temas como la debida protección de las fuentes de información de los periodistas, brindar verdaderas garantías al trabajo profesional de los comunicadores, así como el acceso a la información de interés público, a fin de romper con esa vieja concepción de que los funcionarios públicos son los “propietarios” de la información que se genera en su dependencia o a partir de su función pública y tienen todo el derecho de guardarla en el cajón de su escritorio con llave.
En fin, hay tanto por hacer que resulta sorprendente que nadie se atreva a proponer una reforma integral, condensada, útil, para la relación entre Prensa-Estado, sobre todo cuando se habla tanto del tránsito de Oaxaca a una apertura democrática.
Ya se ha dicho en diversos foros, la transición democrática no será posible si no se actualiza el marco jurídico de la relación Prensa-Estado.
Material para realizarlo hay mucho, están las discusiones del Congreso federal para la regulación en la materia, los tratados internacionales y la normatividad de organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
En todo caso sólo falta voluntad política para avanzar hacia una sociedad más y mejor informada.