Tan s贸lo entre 2004 a 2008, el gobernador Ulises Ruiz fue demandado en 39 ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n por diversas violaciones a la Constituci贸n. El oaxaque帽o se convirti贸 as铆 en el mandatario m谩s impugnado mediante la v铆a de la controversia constitucional.
Eso sin contar las impugnaciones que ha recibido entre 2009 y 2010, adem谩s de que en 2009 la Corte determinara su responsabilidad lisa y llana en la violaci贸n de garant铆as individuales por su actuaci贸n durante el conflicto del 2006; y la resoluci贸n del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci贸n en este a帽o, que se帽ala su responsabilidad en la comisi贸n de irregularidades durante el proceso electoral federal del a帽o pasado.
Pues bien, las acciones se帽aladas no son responsabilidad 煤nicamente del Ejecutivo, en ellas, ya por acci贸n o por omisi贸n, juega un papel preponderante el Congreso del Estado. Los diputados oaxaque帽os en la mayor铆a de los casos fueron quienes materializaron las violaciones al crear o reformar leyes de forma anticonstitucional, destituir concejales, retener recursos a los municipios; o bien, al exonerar sin mayor tr谩mite al gobernador de las resoluciones de las instancias de justicia federales.
As铆, lo que pareciera un dato meramente estad铆stico, es una prueba fehaciente del papel de la Legislatura oaxaque帽a: la subordinaci贸n al gobernador.
Competencia por ser m谩s sumisos
En una competencia en mostrar mayor servilismo se convirti贸 la actuaci贸n de los diputados de las m谩s recientes legislaturas. Luego de la exhibici贸n imp煤dica de los excesos y subordinaci贸n de Bulmaro Rito, sigui贸 la median铆a de Herminio Cuevas.
Pero m谩s all谩 de sus particulares formas de dirigir al reba帽o de congresistas, es clara la sumisi贸n mostrada al gobernador del estado. Como nunca qued贸 claro que el equilibrio de poderes es una ficci贸n, que los diputados no han sido sino meros empleados del Ejecutivo; prestos a defenderlo antes que a fiscalizarlo, como es su deber. Dispuestos a la ignominia para evitar que el gobernador en turno sea molestado siquiera con una votaci贸n dividida.
Antes que una colaboraci贸n entre poderes, hay una subordinaci贸n en temas fundamentales para Oaxaca: a la demanda de transparencia, se dise帽an leyes que garanticen opacidad y se crean organismos que protejan la fiscalizaci贸n de los recursos p煤blicos, como la Auditor铆a Superior del Estado; a la exigencia de iniciar procesos legales contra el mandatario por evidentes irregularidades, se hacen burdas escenificaciones para exonerarlo; a su obligaci贸n de poner cotos al Ejecutivo, se le otorga manga ancha para el mayor endeudamiento p煤blico en la historia de Oaxaca.
Es el tenor que marc贸 la actuaci贸n de la 60 Legislatura, que en este noviembre, para fortuna de los oaxaque帽os, concluy贸 su gris actuaci贸n.
Las reformas del retroceso
Si algo caracteriz贸 a la 60 Legislatura, es la acelerada marcha hacia atr谩s que hizo en tan s贸lo tres a帽os en el marco jur铆dico oaxaque帽o. Tras el grave conflicto que estall贸 en 2006, se esperaba que los diputados electos en 2007, atendieran cuando menos algunas de las graves causas que motivaron la crisis oaxaque帽a. Sin embargo, el carro completo que obtuvo el PRI, aunado al bajo perfil de la mayor铆a de los diputados seudo opositores, prestos a cambiar sus votos por canonj铆as y prebendas, dieron al traste con tal pretensi贸n.
Las formas, antes cuando menos cuidadas, se hicieron a un lado. Apenas transcurr铆an los primeros meses de su actuaci贸n, cuando el Congreso local, abroga la ignominiosa Ley de Transparencia promulgada en el 2006, tan s贸lo para aprobar en un procedimiento al vapor, una nueva que les fue ordenada por el Ejecutivo. El objetivo era claro, postergar al m谩ximo el inicio de las obligaciones de transparentar la actuaci贸n gubernamental, adem谩s de poner a unos comisionados subordinados.
Similar situaci贸n se present贸 con la Auditor铆a Superior del Estado (ASE). Con un discurso democr谩tico, se impulsan cambios fundamentales a la Constituci贸n estatal para sustituir la anquilosada figura de la Contadur铆a Mayor de Hacienda por la nueva ASE. El supuesto avance es s贸lo nominal. En los hechos la ASE se convierte en un ap茅ndice m谩s del Ejecutivo, que lo mismo aprueba sin chistar las cuentas, que es empleada como instrumento pol铆tico contra los municipios: a los priistas y de oposici贸n que se pliegan al gobernador, se les perdona todo; incluso se les realizan auditor铆as a modo, de tal forma que salgan 鈥渓impios鈥 de cualquier irregularidad. A los que muestran independencia del gobernador y el PRI, se les persigue, fiscaliza y castiga.
Todav铆a m谩s. Como en el caso del Instituto de Transparencia, aqu铆 tambi茅n se pone a una incondicional como titular, adem谩s de que se le otorga fuero constitucional para que no pueda, durante su gesti贸n, ser procesada por delitos del orden com煤n. Nombramiento que recae en Lizbeth Ca帽a Cadeza, la misma que en 2005, sin cumplir con los requisitos constitucionales fue designada procuradora de justicia del estado, cargo por el que enfrentaba serios se帽alamientos por su actuaci贸n durante el conflicto en 2006. La Legislatura entonces, no hizo sino otorgarle impunidad por los siete a帽os que dura su encargo. Si es que la nueva legislatura sin mayor铆a del PRI no decide hacer reformas y cambios.
En ese mismo 2008 nuestros diputados realizaron una reforma electoral. Otra vez, con el garlito de adecuar la Constituci贸n a los nuevos tiempos, y bajo el imperativo de la Carta Magna federal de realizar dichas reformas, dieron marcha atr谩s con algunas conquistas plasmadas en la anterior modificaci贸n legislativa del 2006: reinstalaron la antidemocr谩tica 鈥渃l谩usula de gobernabilidad鈥; y garantizaron el control del PRI y del gobernador sobre el Instituto Estatal Electoral, al posponer hasta el 2011 el inicio, apenas, de la renovaci贸n escalonada de los consejeros.
En la jugada participaron activamente, como tantas otras veces, los diputados de la supuesta oposici贸n de todas las fracciones parlamentarias, salvo un par de excepciones. El argumento esgrimido por el coordinador de la fracci贸n perredista, del clan de los L贸pez: Jes煤s Romero L贸pez, es que a cambio de su apoyo a los cambios legislativos, se hab铆an incorporado la figura del refer茅ndum y el plebiscito. Sin embargo, esa tambi茅n era una farsa, pues nominalmente se establecieron en la Constituci贸n, pero no se toc贸 en la Ley Reglamentaria, esto es, el c贸digo electoral, por tanto era una reforma que nac铆a muerta, y bien lo sab铆an los seudo opositores.
Retorno al medioevo
En 2009, en contubernio con el PAN, los diputados priistas aprobaron una oscurantista reforma a la Constituci贸n local. El 6 de septiembre, reformaron el art铆culo 12 constitucional para establecer la protecci贸n de la vida 鈥渄esde el momento de la concepci贸n鈥. Una a帽eja postura del panismo que en los 煤ltimos a帽os ha impulsado en las entidades federativas, para establecer claramente la prohibici贸n al aborto; aqu铆 tuvieron la connivencia priista para lograrlo.
La reforma tuvo la impronta de la 60 Legislatura: la iniciativa y el dictamen se discutieron en la oscuridad, s贸lo los diputados y algunos funcionarios, sab铆an de la existencia de tal pretensi贸n; el d铆a de la sesi贸n ciudadanos llegaron a protestar y exigir que la iniciativa se sometiera a un debate abierto, a lo que los legisladores se negaron. Lejos de ello, decidieron sesionar en la clandestinidad, una salida probada en distintas ocasiones.
Si bien la sesi贸n a puerta cerrada est谩 prevista por la ley, habla de incapacidad para consensuar una iniciativa, de la cerraz贸n e intolerancia de un cuerpo colegiado que se supone debe privilegiar el debate libre de ideas. Todav铆a peor, el recinto parlamentario fue rodeado por una desproporcionada movilizaci贸n de polic铆as, patrullas, camionetas, para reprimir a decenas de manifestantes,
Y, mientras decretos y leyes tardan meses en publicarse, en este caso el Ejecutivo ten铆a prisa, pues el 17 de septiembre aparece en el Peri贸dico Oficial la reforma constitucional; y para que no queden dudas del actuar irregular, aparece antefechado al 12 de septiembre.
Por si fuera poco, los diputados exhibieron su ignorancia y pobreza argumentativa. Ante las cr铆ticas recibidas, la respuesta fue que no se hab铆an quitado las excepciones en la legislaci贸n secundaria, para permitir el aborto en determinadas circunstancias: el riesgo a la vida, que el embarazo sea producto de la violaci贸n, por ejemplo. Sin embargo, limitados como son ignoraron que ante una reforma como esa, los m茅dicos o el ministerio p煤blico, podr谩n realizar acciones para defender un 鈥渂ien superior鈥, consignado en la Constituci贸n. Ya ha sucedido en otras entidades, cuando se ha negado el ejercicio de ese derecho a v铆ctimas de violaciones.
Deuda p煤blica al mil por ciento
Es el gobierno de Ulises Ruiz el que m谩s ha endeudado a Oaxaca en toda su historia. A poco m谩s de mil por ciento creci贸 la deuda p煤blica respecto a su antecesor Jos茅 Murat, pasando de 600 millones al inicio del sexenio a seis mil 600, ahora que 茅ste termina.
La cosa no para ah铆. Adem谩s, hay dos mil 800 millones de pesos que est谩n encubiertos bajo la figura de 鈥渃ertificados burs谩tiles鈥, y que se garantizaron con la recaudaci贸n de los impuestos sobre n贸mina y de derechos vehiculares por los pr贸ximos 28 a帽os. Es decir, todo lo que se recaude por estos impuestos, ir谩n directa e 铆ntegramente al pago de esos certificados.
Pues bien, para lograr tal prop贸sito, el Ejecutivo tuvo que contar con la anuencia de la C谩mara de Diputados, pues es facultad de 茅sta autorizar o no la contrataci贸n de empr茅stitos. En el caso de los certificados burs谩tiles. el Congreso local aprob贸, en diciembre de 2007, los decretos 508, 521, 522 y 539 para autorizar al gobierno de Ulises Ruiz la afectaci贸n 鈥渆n forma irrevocable鈥 de los grav谩menes mencionados. Y, previsores, establecieron que en el remoto caso que esos impuestos dejen de cobrarse, los tenedores de los certificados los cobrar谩n directamente de las participaciones federales que anualmente recibe Oaxaca.
Por supuesto, lejos est谩n de pedir cuentas del destino de esos recursos contratados por el gobierno estatal. A帽o tras a帽o la cuenta p煤blica ha sido aprobada sin mayores observaciones. M谩s a煤n; ante el reciente esc谩ndalo en que estuvo involucrado el secretario de Finanzas, Miguel 脕ngel Ortega Habib, se evidenci贸 que nunca fue citado a comparecer ante era el Legislativo, ni cuando las cuentas no cuadraban o siquiera para explicar los gastos generales del gobierno estatal. Ni siquiera recientemente cuando los familiares del tambi茅n diputado suplente, Ortega Habib, fueron enviados al penal de Puente Grande acusados de lavado de dinero con mil 200 millones de pesos presumiblemente sacados del erario de Oaxaca. Protecci贸n y complicidad a abierta e imp煤dica.
Serviles procesos de exoneraci贸n
Para que no quedaran dudas al servicio de qui茅n est谩n los diputados, la 60 Legislatura protagoniz贸 dos puestas en escena para exonerar al gobernador Ulises Ruiz, de irregularidades y violaciones a la ley, dictaminadas en instancias superiores.
En mayo de 200莽10, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federaci贸n recomend贸 iniciar un Juicio Pol铆tico al gobernador de Oaxaca, al haber comprobado que hab铆a hecho uso irregular de recursos y programas p煤blicos en apoyo a su partido, el PRI, durante las elecciones de 2010.
Tras haber perdido un amparo contra tal resoluci贸n y con el fin de evitar que el Congreso federal le iniciara el procedimiento, Ruiz Ortiz instruy贸 a sus personeros en el Congreso local para montar una farsa. La Auditor铆a Superior del Estado elabor贸 una predictamen en el que se 鈥渄emostraba鈥, que no hubo tal uso irregular de los recursos estatales. En la Legislatura, los diputados 鈥渁nalizaron鈥 tal documento y dictaminaron entonces que 鈥渘o hab铆a lugar鈥 a tal Juicio Pol铆tico, en virtud de que no exist铆a irregularidad alguna.
Exoneran al responsable del 2006
Meses m谩s tarde, montaron una nueva escenificaci贸n. Toc贸 el turno a Crist贸bal Carmona, diputado por el PANAL, hacer por en茅sima ocasi贸n el papel de pati帽o. Carmona present贸 una demanda de juicio pol铆tico contra el mandatario oaxaque帽o; inusitado para quien se ha caracterizado por su entreguismo emprender tal acci贸n contra el gobernador Ruiz. Sin embargo, s贸lo era una estratagema.
En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n hab铆a determinado la 鈥渞esponsabilidad lisa y llana del gobernador Ulises Ruiz Ortiz en la violaci贸n de garant铆as individuales鈥 durante el prolongado conflicto de 2006. A煤n cuando tal resoluci贸n no es vinculante, esto es, no genera responsabilidad jur铆dica alguna, es un fuerte antecedente para que el Legislativo pudiese iniciar un Juicio Pol铆tico.
Y dado que la nueva Legislatura tendr铆a 17 d铆as, los que restar铆an del sexenio de URO, para realizarlo, o incluso el Congreso federal podr铆a retomarlo, URO busc贸 ganarles la mano y garantizar la inoculaci贸n contra tales posibilidades. As铆, los resultados estaban por dem谩s previstos. En un procedimiento fast track, en apenas 10 d铆as, los diputados oaxaque帽os determinaron que no se encontr贸 鈥渞esponsabilidad alguna atribuible al gobernador del estado, ni por acci贸n, ni por omisi贸n, ni directa, ni indirecta鈥. Otra vez, fue exonerado.
Garantizan impunidad
En la 煤ltima semana de su gesti贸n, los diputados aprobaron la Cuenta P煤blica del gobierno estatal hasta el mes de octubre, resultando, 隆faltaba m谩s!, aprobada por unanimidad, sin siquiera hacerle observaciones m铆nimas.
Pero, no s贸lo el gobernador Ulises Ruiz result贸 exonerado de sus irregularidades por la Legislatura. En sus 煤ltimas sesiones, los priistas incluyeron en el orden del d铆a, la aprobaci贸n de la cuenta p煤blica de 52 ayuntamientos. Pese a la imposibilidad pr谩ctica siquiera de darle una revisadita, pasaron sin mayor problema el tr谩mite legislativo.
No para ah铆 la cosa. El Consejo General del IFE hab铆a dictado una resoluci贸n en contra del presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotl谩n, Argeo Aquino, por un delito electoral, por lo cual recomienda a los diputados apliquen la sanci贸n correspondiente. Pues bien el Congreso estatal determin贸 el 6 de noviembre que 鈥渘o a lugar a sancionar鈥 al controvertido edil.
Similar protecci贸n tuvo Carolina Aparicio, quien fuera presidenta municipal de San Pedro Pochutla en el trienio 2005-2007; al auditar su gesti贸n la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n determin贸 que, por diversas irregularidades cometidas, deber铆an ser sancionadas las autoridades municipales, acci贸n que compete a la Legislatura local. Pues bien, los diputados decidieron que 鈥渘o existen elementos para el fincamiento de responsabilidad administrativa鈥 en contra de Aparicio y sus compa帽eros de cabildo, por lo que se orden贸 su archivo. Ahora Carolina ya goza de fuero, pues es diputada en la 61 Legislatura.
Sorprendente esa capacidad de los legisladores oaxaque帽os, que en un santiam茅n refutan lo que a organismos especializados les ha costado tiempo y trabajo determinar, que ha seguido un largo procedimiento, y en que las partes se帽aladas de cometer irregularidades, han sido llamadas a comparecer y defenderse. Nada sirve, pues los diputados oaxaque帽os se convirtieron en una maquinaria para garantizar impunidad.
Corolario gris
La Legislatura asumi贸 un papel realmente activo. Llegaron una veintena de iniciativas de Ley, abrogaron otras, crearon unas m谩s, calificaron cuentas p煤blicas del gobierno estatal y ayuntamientos, nombraron consejeros de organismos aut贸nomos, etc., etc.
Todo ello hubiese sido digno de elogio, de no ser porque todo eso lo hicieron en una semana, justo la 煤ltima para concluir su encargo. Todav铆a m谩s, la hicieron lo mismo para proteger autoridades venales, como ya hemos se帽alado, o para ajustar las leyes que permitan obstaculizar la actuaci贸n del pr贸ximo gobierno. Tal es el caso de las leyes al vapor en torno a los municipios, que van en retroceso sobre lo hasta ahora obtenido. La inaudita actividad legislativa deriv贸 de dejar lo m谩s protegido posibles a quienes a partir de el 1 de diciembre abandonan sus cargos.
Un ejemplo claro es el nombramiento de la comisionada del Instituto Estatal de Acceso a la Informaci贸n P煤blica de Oaxaca, ante la renuncia de Alicia Aguilar Castro. Para evitar que la pr贸xima Legislatura hiciese la designaci贸n, se adelantaron e impusieron a Soledad Rojas Walls, sin ninguna experiencia en el tema, que ha deambulado en cargos en la administraci贸n p煤blica referentes a las 隆relaciones p煤blicas! Claro, cumple el requisito esencial del r茅gimen que se va: su cercan铆a con el gobernador Ulises Ruiz.
Hay m谩s. La Legislatura ser谩 recordada por los reveses que tuvo en casos como la revocaci贸n del mandato de los ediles de la Villa de Etla y San Pedro Jicay谩n. En ambos casos la Suprema Corte de Justicia revoc贸 la decisi贸n de los diputados porque estaba o mal integrado el expediente o no se realiz贸 el procedimiento como era debido. Y como esos hay muchos ejemplos m谩s.
Heredan el poder a minor铆a priista
Un Congreso subordinado, servil hasta la ignominia, no pod铆a concluir mejor su actuaci贸n que realizando reformas a su Ley Org谩nica y al Reglamento para supuestamente 鈥渄emocratizar la Legislatura y adecuarla al nuevo contexto sociopol铆tico鈥, como anunciaron, pero que en el fondo escond铆a otra regresi贸n autoritaria: garantizar que el PRI, que perdiera la mayor铆a legislativa en las pasadas elecciones de julio, mantuviera el control del 贸rgano de gobierno del Congreso y con ello la designaci贸n de los titulares de las principales 谩reas ejecutivas: la Oficial铆a y la Tesorer铆a.
En las reformas los diputados salientes crearon para sus sucesores la Junta de Coordinaci贸n Pol铆tica, como 贸rgano de gobierno del Congreso estatal, cuya presidencia ser谩 rotativa anualmente. Hasta ah铆 corresponde con la forma en que se organiza el Congreso federal. El pero inicia cuando establece que el primer a帽o la presidencia corresponder谩 a la primera minor铆a (esto es la fracci贸n priista), y que es facultad del presidente la designaci贸n del Oficial Mayor y del Tesorero.
Reformas que como tantas otras realizadas por esta y la anterior Legislatura, tuvieron que enfrentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, misma que determin贸 que estas modificaciones legislativas eran anticonstitucionales y, por tanto, las invalid贸. En su dictamen la SCJN evidenci贸, de paso, el burdo actuar de los diputados oaxaque帽os, que no cumplieron con las m铆nimas formalidades para realizar siquiera la lectura del dictamen, contar los votos y llevar a cabo la sesi贸n.
M谩s tard贸 en conocerse la decisi贸n de la Corte, en que los priistas votaran nuevamente la misma ley, con cambios m铆nimos en la redacci贸n. Y desesperados al no lograr la mayor铆a necesaria para la votaci贸n, tuvieron que habilitar a diputados con licencia, como Jos茅 Humberto Cruz Ramos, pues el que estaba en funciones no contestaba el tel茅fono; sacar de su convalecencia a la diputada Claudia Silva Fern谩ndez y conminar a los dem谩s para que estuvieran en la sesi贸n para votar.
Y, como tambi茅n ha sido norma invariable en el actuar de los opositores, s贸lo algunos cuantos se presentaron para impugnar la ley. Los dem谩s facilitaron la tropel铆a priista una vez m谩s, con la connivencia que establecieron durante los tres a帽os que estuvieron en el Congreso local.
De esta forma culmina la LX Legislatura su encargo. Pasar谩 a la historia como ejemplo de la m谩s abierta subordinaci贸n al Ejecutivo; como una r茅mora del siglo pasado. Lejos, muy lejos, de intentar siquiera cumplir con la sociedad oaxaque帽a.