Las fuertes lluvias que en las 煤ltimas semanas han arrasado con kil贸metros de cinta asf谩ltica, derrumbado algunos puentes y puesto en peligro de colapso a otros, deslavado cerros sobre las v铆as de comunicaci贸n y que han sepultado viviendas, dejado incomunicados a centenas de comunidades, inundado y derrumbado casas y damnificado a miles de oaxaque帽os, develaron tambi茅n que, en mucho, esa situaci贸n de emergencia deriva de uno de los m谩s graves males que aquejan a Oaxaca: la corrupci贸n.
El terremoto de 1995 que derrumb贸 miles de edificios en la ciudad de M茅xico, mostr贸 que en su mayor铆a 茅stos no contaban con las normas de construcci贸n, se hab铆an edificado con materiales de baja calidad y violaban toda normatividad en materia de seguridad. A pesar de eso contaban con las licencias y la documentaci贸n en regla. 驴C贸mo era esto posible?, lo era por el grado de corrupci贸n imperante. Supervisores y autoridades exped铆an los permisos mediante el pago de 鈥渕ordidas鈥. Fue la corrupci贸n la principal causante de la tragedia que cost贸 la vida a miles.
Similar situaci贸n se presenta ahora en Oaxaca. V铆as de comunicaci贸n reci茅n inauguradas han sido arrasadas por las aguas; en la capital y varios centros urbanos, las calles tienen cr谩teres y las autoridades no las reparan porque 鈥渟e acab贸 el presupuesto鈥; como tampoco atienden los da帽os causados por deslaves; la reapertura de medios de comunicaci贸n es muy lenta. Muchos asentamientos en los per铆metros de los r铆os, o en zonas de alto riesgo en los cerros, pese a la prohibici贸n de edificar en esas zonas, se regularizan por una larga cadena de corrupci贸n que atraviesa partidos pol铆ticos, organizaciones sociales y, por supuesto, los gobiernos.
En el Fort铆n el cerro se deslav贸 sobre la carretera ampliada en 2007; aquella en la que, por cierto, cuando se constru铆a se alert贸 sobre las fallas t茅cnicas que ten铆a, que exist铆a un alto riesgo de derrumbes; y que incumpl铆a con la normatividad en la materia. Denunciarlo cost贸 amenazas y hostigamiento a la periodista Nadia Altamirano, quien publicara reportajes sobre el tema en El Imparcial, pero la obra fue concluida pese a sus fallas. Hoy los riesgos denunciados se han materializado.
La corrupci贸n campea y afecta por todas partes. Y nos referimos no s贸lo a aquella que se ha popularizado, como otorgar pagos a cambio de agilizar tr谩mites o evitar sanciones. Lo es tambi茅n aquella que autoridades gubernamentales establecen con constructoras para asignarles obra p煤blica a cambios de un porcentaje que va del 10 al 40 por ciento. Para reponerse las constructoras emplean materiales de p茅sima calidad, incumplen con las normas t茅cnicas. Los resultados est谩n a la vista. Millones de pesos van a las bolsas de funcionarios venales y empresarios; a cambio, los oaxaque帽os padecen obras mal construidas, inservibles, que pueden hasta ocasionar la p茅rdida de vidas, del patrimonio familiar, de lo poco que en mucho tiempo las familias lograron adquirir.
Ser谩 por eso que durante la campa帽a a la gubernatura, los candidatos escucharon una queja reiterada: la corrupci贸n de las autoridades. Desde las municipales, hasta de los oficiales del registro civil, los recaudadores de rentas. Y las autoridades municipales se quejan de los delegados de gobierno, los funcionarios de Coplade y de otras dependencias, por exigir cuotas de las participaciones municipales, de la mezcla de recursos. Los 鈥渟ervidores p煤blicos鈥 est谩n m谩s ocupados en el reparto del bot铆n, que en el cumplimiento de sus funciones.
Contratistas, empresarios y tiendas de materiales saben de antemano que deben dar un 鈥減orcentaje鈥 a los funcionarios para que les asignen obra p煤blica o adquieran en sus negocios. Sin soslayar que la corrupci贸n corre en ambos lados.
鈥淎qu铆 no es necesario robarse nada, lo 煤nico que hay que hacer son negocios鈥, se帽alaba indulgente un titular de un organismo ejecutor de obra p煤blica. Y cierto, al amparo del poder, se hacen m煤ltiples negocios. Eso simple y llanamente es corrupci贸n, pues se juega con informaci贸n privilegiada, con la facultad de asignar obras y montos; con recursos del erario. Sin dejar de pasar que en la ley hay prohibici贸n expresa de realizar tales acciones. Esta insensibilidad es la que lleva a que, mientras en colonias y comunidades oaxaque帽as no hay agua potable, mientras miles de damnificados no tienen acceso a alimentos y bebidas, en los frigobar de estos funcionarios no pueden faltar botellas de Evi谩n, el agua francesa embotellada que es bebida de moda del sexenio que fenece.
Embates contra la rendici贸n de cuentas
Contra estos excesos del poder vot贸 la ciudadan铆a el 4 de julio. Por eso tambi茅n, en los foros ciudadanos convocados por el gobernador electo para definir su plan de desarrollo, las demandas m谩s recurrentes son: acabar con la corrupci贸n, transparentar las acciones de los tres niveles de gobierno y exigir que los servidores p煤blicos rindan cuentas.
Y es que el actuar ciudadano, con mecanismos claros de transparencia y rendici贸n de cuentas, son parte de la f贸rmula para acabar con la corrupci贸n. Pero no es tarea f谩cil implementarlos. Oaxaca es la muestra fehaciente de ello.
La corrupci贸n y la resistencia de los gobiernos a transparentar su actuaci贸n son un mal nacional. Lo prueba la negativa del gobierno federal de brindar informaci贸n de las empresas que evaden el fisco, lo que de paso exhibe que la opacidad tambi茅n pasa por la iniciativa privada e incluso permea a una buena parte de la sociedad. Pero en este caso, hay un fallo del Instituto Federal de Acceso a la Informaci贸n P煤blica (IFAI), la Secretar铆a de Hacienda ha perdido todos los recursos interpuestos para evitar dar la informaci贸n. Y al final, con una marruller铆a, evitan dar a conocer los datos.
En fechas recientes los comisionados del IFAI, que es un organismo que se ha ganado la confianza social al demostrar real autonom铆a, han denunciado maniobras del gobierno federal para acotar la actuaci贸n del instituto. Adem谩s, el Legislativo se niega a otorgar a este 贸rgano aut贸nomo mayor presupuesto, cuando se ha demostrado que es necesario para eficientar su actuaci贸n.
Distintas instituciones acad茅micas y de la sociedad civil, como el Centro de Investigaci贸n y docencia Econ贸micas (CIDE) y FUNDAR, han alertado contra este embate de los gobiernos para revertir los embates de la transparencia. Se han edificado verdaderas murallas para evitar la entrega de datos e informaci贸n, coinciden los especialistas.
Aunque han proliferado estudios sobre la transparencia, en su mayor铆a analizan que los portales de Internet cumplan con las formalidades. Son 茅stos los que publicitan los institutos de transparencia estatales, pues salen bien librados. La situaci贸n cambia cuando se realiza un an谩lisis m谩s profundo del asunto. De la calidad de la informaci贸n, la autonom铆a de los 贸rganos garantes y la eficiencia en las respuestas, hay dos estudios realizados en los 煤ltimos dos a帽os: el Monitoreo al derecho al acceso a la informaci贸n y la actuaci贸n de los institutos de transparencia, coordinado por Alianza C铆vica en 2009 (http://www.alianzacivica.org.mx); y la M茅trica de Transparencia 2010, realizado por el CIDE (www.metricadetransparencia.cide.edu). Ambos revelan esos embates que desde el gobierno federal y los gobiernos estatales se realizan en contra de la rendici贸n de cuentas
El IEAIP, obst谩culo a la transparencia
Si en el plano nacional se presentan esos problemas, en Oaxaca las cosas est谩n peor. El organismo encargado de salvaguardar el derecho al acceso a la informaci贸n, el Instituto Estatal de Acceso a la informaci贸n P煤blica (IEAIP), se ha convertido en el principal obst谩culo para su ejercicio. Una situaci贸n que deriva de un problema de origen: la evidente subordinaci贸n al Ejecutivo de los comisionados y un marco legislativo con candados para garantizar la opacidad.
Por eso, mientras destacan los resultados de estudios sobre portales de transparencia, que los ubican en buen sitio, omiten referirse siquiera a aquellos que evidencian sus limitaciones. En una publicaci贸n presentada el 24 de septiembre, se presentan los datos arrojados por diversas evaluaciones sobre la transparencia en las entidades federativas. En todas Oaxaca sale mal librado; el argumento b谩sico esgrimido es que esos estudios se realizaron entre 2008 y 2009, cuando el IEAIP estaba por iniciar o empezaba apenas sus funciones.
De 2010, s贸lo mencionan los estudios de Pol铆tica Digital que 煤nicamente eval煤a los portales de Internet y que ubica a Oaxaca en el 隆隆tercer lugar!! Quienes han consultado la informaci贸n de oficio publicada en ese medio electr贸nico, se preguntan 驴qu茅 evaluar铆a esa consultora? Algo m谩s serio es el estudio de a-regional, que ubica a la entidad como transparencia alta respecto a la legislaci贸n y la informaci贸n presupuestal; media, en cuanto a la informaci贸n en los portales y el desglose del uso de recursos p煤blicos por partidas y proyectos; y baja, en lo que se refiere a que no se cuenta con un sistema de indicadores de gesti贸n del quehacer gubernamental.
Estos son los resultados que se destacan en Transparencia en Oaxaca 2008-2010 (IEAIP, 2010). Sin embargo, los indicadores si bien importantes, no dejan de ser producto de formas de medici贸n, en muchos casos de aspectos formales o t茅cnicos (velocidad de acceso a la p谩gina, dise帽o, formatos de las solicitudes, etc茅tera). Con todo, salvo por Pol铆tica digital (cuya evaluaci贸n es refutada por los otros estudios), en los dem谩s ejercicios Oaxaca queda en muy mal lugar.
IEAIP, reprobado en estudios serios
Ahora si consideramos los ejercicios que hacen una evaluaci贸n m谩s rigurosa y profunda para verificar la calidad de la transparencia, a la entidad le va peor.
En M茅trica de la Transparencia realizado por el CIDE (es de se帽alar que en la publicaci贸n del IEAIP se refiere al estudio del mismo nombre realizado en 2007), en este 2010, Oaxaca aparece en el lugar 29 en cuanto a portales se refiere; en el 24 ante el ejercicio de un usuario simulado; en el 25 en lo que se refiere a la normatividad. S贸lo en capacidades institucionales queda en el 11. En un promedio general estar铆a en el lugar 22; muy lejos siquiera de la media que garantice una regular protecci贸n del derecho a la informaci贸n.
Al estudio coordinado por Alianza C铆vica y la Uni贸n Europea y realizado entre 2008 y 2009 por investigadores del Instituto de Investigaciones Sociol贸gicas, que escudri帽a a fondo los problemas de la transparencia en Oaxaca y eval煤a la actuaci贸n del IEAIP, no lo consideran. Las razones son obvias al ver que en 茅ste, se devela que ese organismo se ha convertido en el principal obst谩culo para el ejercicio del derecho al acceso a la informaci贸n.
Los problemas son graves y complejos. En primer t茅rmino es de resaltar que la actual Ley de Transparencia si bien tiene importantes avances, al tiempo establece omisiones o candados para garantizar la opacidad. Uno de ellos es que la autonom铆a del IEAIP de la que habla y que es esencial para el ejercicio de este derecho, es mera ficci贸n legislativa, dado que el procedimiento y los requisitos para nombrar a los comisionados est谩n dise帽ados para garantizar la subordinaci贸n al ejecutivo.
Comisionados sin prestigio
Instancias internacionales y estudios sobre el tema, recomiendan que los titulares y funcionarios del 贸rgano garante no deber铆an haber sido titulares de los sujetos obligados, directivos de partidos pol铆ticos, candidatos a puestos de representaci贸n popular u ocupado estos cargos, en por lo menos tres a帽os anteriores a su designaci贸n. Y tampoco podr铆an serlo sino hasta tres a帽os despu茅s de concluido su ejercicio.
En el 谩mbito federal es claro que Alonso Lujambio, titular de la Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica, violenta esta disposici贸n, dado que pas贸 de ser el comisionado presidente del IFAI a dicha secretar铆a de Estado.
En el caso de Oaxaca, qu茅 independencia puede tener el presidente del IEAIP, Genaro V谩squez Colmerares, si cuatro meses antes de su nombramiento era diputado local, cargo al que lleg贸 como candidato del partido Convergencia, para despu茅s pasarse al PRI. Su historia servil hacia el Ejecutivo y el PRI es conocida. Adem谩s, en noviembre de 2008 (lo designaron en el IEAIP, en marzo de 2009), le otorgaron un fiat notarial; justo en uno de los procedimientos m谩s oscuros de la administraci贸n p煤blica.
Ra煤l 脕vila Ortiz, era candidato del PRI a presidente municipal por Tehuantepec, en octubre de 2008; despu茅s de una lista de cargos que ocup贸 al servicio del gobernador Ulises Ruiz (coordinador de asesores, director de Comunicaci贸n Social). Su subordinaci贸n no tiene duda. Alicia Aguilar, era titular de la Casa de la Cultura (uno de los sujetos obligados) hasta 隆un d铆a antes de su nombramiento como comisionada!; adem谩s de sus lazos familiares con uno de los m谩s cercanos miembros del equipo ulisista, Ra煤l Castellanos, jefe de prensa (el mismo que protagonizara las llamadas telef贸nicas que se filtraron durante la campa帽a a la gubernatura).
Visto est谩 que la autonom铆a de IEIP es demagogia. Y de ah铆 deriva el tortuguismo en atender las solicitudes de informaci贸n; en la tramitaci贸n de los medios de impugnaci贸n en que se hacen a un lado los tiempos legales y dilatan de m谩s. Al final la calidad de informaci贸n es baj铆sima y las m谩s de las veces, se entregan datos que no cumplen con lo que se solicit贸. Entre 2009 y 2010 se hicieron una serie de solicitudes de informaci贸n a distintas dependencias del Ejecutivo y Legislativo. En las m谩s, ante la m铆nima sospecha de que pod铆an develar alguna irregularidad, se obstaculizaba su acceso. Recursos interpuestos tardaron meses m谩s que lo establecido en la ley y el reglamento.
De ah铆 pues el maquillaje de las cifras, en cuanto a consultas realizadas; el condicionamiento a las solicitudes de informaci贸n; las evasivas para cumplir con los periodos y plazos legales; la complicidad con las Unidades de Enlace de los sujetos obligados. Estas anomal铆as derivan de ese problema original, la parcialidad del IEAIP. Una relaci贸n pormenorizada de estos artilugios se pueden ver en El ejercicio del Derecho de Acceso a la Informaci贸n en el estado de Oaxaca y la actuaci贸n del instituto de transparencia; en Federalismo y Transparencia en M茅xico: seis estudios de caso. (Alianza C铆vica-Uni贸n Europea, M茅xico, 2009; y que se puede consultar en el portal de Alianza C铆vica).
La informaci贸n reservada, a煤n cuando aparentemente es clara en la ley, es clasificada como tal a criterio del titular de la dependencia u organismo que se trate. Las sanciones no son claras, pues remiten a la Ley de Responsabilidades de los Servidores P煤blicos; y ah铆 es tan general, que es m谩s f谩cil evadirla que siquiera iniciar un procedimiento contra quien violente el derecho a la informaci贸n p煤blica.
Por eso, el IEAIP no hace sino lanzar campa帽as publicitarias, como ocurri贸 con la solicitud al Congreso estatal de iniciar un juicio pol铆tico contra el edil de Zaachila, por denegar una solicitud de informaci贸n. No hab铆a elemento alguno para iniciar tal proceso, ni el IEAIP tiene facultad para sancionar.
La disposici贸n expresa de que s贸lo los municipios con m谩s de 70 mil habitantes son sujetos obligados; la falta de servicio civil de carrera y ex谩menes de oposici贸n para los directivos; el maquillaje que se hace en los portales de transparencia con la informaci贸n p煤blica de oficio, son otros obst谩culos.
Y hay un amplio margen para los 贸rganos aut贸nomos; los partidos pol铆ticos; las organizaciones sociales y civiles; las universidades p煤blicas; sindicatos. Esto es, todos aquellos a los que se asignan recursos p煤blicos deben rendir cuentas. Independientemente de que, sindicatos y organizaciones, deben transparentar sus acciones, al menos ante a sus agremiados.
Son 茅stos los problemas m谩s visibles, pero no los 煤nicos que hay que cambiar para que la exigencia de transparencia y rendici贸n de cuentas en Oaxaca sea una realidad. El IEAIP ha anunciado ya haber elaborado una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia. Habr铆a que tener cuidado con ella; en los 煤ltimos a帽os se han modificado la legislaci贸n con un discurso democr谩tico, pero en el fondo conlleva un fortalecimiento autoritario. Y despu茅s de julio, el Congreso local no hace sino aprobar cambios legislativos a la medida para proteger los intereses y la opacidad del grupo que en diciembre dejar谩 el poder.
Opacidad o transparencia, reto del nuevo gobierno
El que exista o no transparencia en el quehacer gubernamental, obliga a gobiernos y organismos con recursos p煤blicos, pero es una responsabilidad de todos cuidar que se rindan cuentas. Finalmente los cambios legislativos se tienen que realizar en el Congreso; la iniciativa puede partir del ejecutivo y 茅ste puede aplicar la racionalidad administrativa necesaria para hacer eficientes los procedimientos para atender las solicitudes de informaci贸n.
Pero no basta. Es necesaria tambi茅n una movilizaci贸n ciudadana que exija informaci贸n; periodistas que empleen las solicitudes como herramienta para su trabajo; instituciones acad茅micas la usen para sus tareas. Y m谩s. Es necesario impulsar una cultura de la transparencia; porque aquella que se exige al gobierno, muchas veces se evita en el 谩mbito personal, pero que tiene repercusiones p煤blicas: el pago de impuestos es un ejemplo, tal vez el mejor, pues la circularidad de sus vicios afecta a todos: los ciudadanos no pagan porque no saben ni est谩n convencidos del destino de sus recursos; los gobiernos no transparentan en qu茅 y c贸mo gastan.
El 4 de julio los oaxaque帽os votaron tambi茅n por acabar con la opacidad y corrupci贸n gubernamental. El reto es no quedarse en ese sufragio emitido. Es preciso construir una cultura democr谩tica, una madurez institucional y un entramado legislativo que atienda esta problem谩tica. Hacia ellos debemos encauzar nuestros esfuerzos y esa es responsabilidad de todos.
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