Tambien en usos y costumbres
Cuauhtémoc Blas
Según investigaciones sociológicas de gran trascendencia, verdaderas aportaciones no tan valoradas debido a la sublimación de los grupos indígenas por las ONG’s del ramo apoyadas en el auge propiciado por el levantamiento neozapatista de 1994, en la zona triqui no puede ser líder ni dirigente de los grupos y pueblos aquél que no haya demostrado ser el más violento, aquél que no haya salido airoso de algún problema o ataque.
León Javier Parra en su ensayo sobre la comunidad triqui de Copala, publicado en 1993, sostiene que el monopolio de la violencia constituye la base del régimen de Usos y Costumbres en esa zona de la Mixteca, que se puede hacer extensivo a la mayoría de estos pueblos. En Copala, dice Parra, el líder debe ser el más aventajado en el uso de las armas (ver libro “Etnicidad, nacionalismo y poder”).
Lo anterior no es extraño, toda vez que dicho monopolio es propio de cualquier poder establecido. Sin embargo, en estos pueblos el llamado “derecho consuetudinario”, además de evadir el régimen constitucional de derecho, que varía de un lugar a otro y hasta de un momento a otro en el mismo lugar al no estar escrito y sí al arbitrio de la “sabiduría” de los detentadores del poder local.
Sin embargo, esta “sabiduría milenaria” no encuentra correspondencia con el grado de educación que en estas zonas es de los más bajos. Tampoco se sabe de alguna capacitación especial o tradicional que los prepare, pues escalar simplemente los cargos famosos, topil, alcalde, “mayor de vara”, mayordomo, es repetir casi mecánicamente una vieja e inamovible práctica. Un sistema inventado en la época de la Colonia por los curas católicos.
¿Regiduría de derechos humanos en U y C?
Por ello no es extraño que los municipios de usos y costumbres sean contra quienes se realizan el mayor número de quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más de la tercera parte (2 mil 150 denuncias) del total (6 mil 46) entre los años 2002- 2004, además de donde se dan los mayores conflictos postelectorales municipales (casi el 70 por ciento) con abultados saldos de muertos y heridos (ver libro “Oaxaca, ínsula de rezagos. Crítica a sus gobiernos de razón y de costumbre” http://revistaenmarcha.com.mx/component/flippingbook/?book_id=3)
De ahí que fue una gran noticia lo que hace un par de años se informó sobre una propuesta verdaderamente innovadora y hasta temeraria, diríamos, de crear regidurías de derechos humanos en municipios de usos y costumbres. Lo cual indica que es necesario y hasta urgente ocuparse en criticar los “sacrosantos” usos y costumbres, pues la violencia extrema en esos lugares no se debe tolerar más.
Pero estas propuestas corren a cargo de ciudadanos pues las decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) parecen no percatarse de dicha violencia al no consignarlas entre sus declaraciones y publicaciones, en las que sólo denuncian las arbitrariedades del gobierno del estado, lo cual es, por supuesto, relevante y necesario, pero no asumen la defensa de los afectados en esas poblaciones, donde dichas organizaciones se encuentran involucradas combinando esa supuesta labor de defensa de derechos humanos con el ministerio religioso, pues la mayoría son de ese carácter.
Iglesia, ONG´s, indigenistas y gobierno, sostén de UyC
Junto a las ONG’s religiosas, conservadoras y retardatarias, otros grupos de similar calidad y familiares que controlan el poder en muchas de esas poblaciones, nuestros “pequeños tiranos”, no vieron con buenos ojos esa propuesta, pues son los más interesados y beneficiados de conservar intactas perpetuamente sus sagradas tradiciones. También instituciones, investigadores, antropólogos y todos los indigenistas que basan su modus vivendi en la perduración de la defensa de lo que sea indígena, sirven de sostén a esta condición colonial en los pueblos de Oaxaca.
La alianza tácita entre los religiosos y los poderosos locales encuentra, sin duda, su amarre en que la católica es la “religión de Estado” en los pueblos de usos y costumbres. De ahí los castigos y hasta destierro de familias enteras que profesan en alguna secta religiosa. Alianza que abarca hasta el gobierno estatal, que en muy pocas ocasiones interviene en estos casos, bajo el también tácito acuerdo de que aquellos hagan lo que quieran siempre y cuando se le subordinen en lo principal.
Sólo hay que asomarse a la población de San Sebastián Tutla, municipio conurbado a la capital, para ver cómo un par de familias (Cruz Navarro y Vásquez García) se alternan el control del poder municipal; o en Asunción Ocotlán, donde el grupo dominante al ser cuestionado reaccionó violenta y represivamente. No obstante que los medios han informado de ambos ejemplos, las ONG’s del ramo no se ocupan de quienes son vejados por esas autoridades municipales. Ya no se supo más de la propuesta de regiduría de derechos humanos.