Gobierno federal a disgusto con omisión a su Ley Educativa en Oaxaca
Homero Villaurrutia
Si hubiera un cambio en el poder ejecutivo de Oaxaca, sin hablar de posibles beneficios, no serviría de mucho para detener a Normalistas y Sección 22, que mantienen en la ingobernabilidad a la entidad; asimismo, amenazan con volver a la ciudad de México. Sobre todo no resolvería el grave deterioro educativo de Oaxaca. La 22, está visto, no busca acuerdos sino imponer sus intereses lo que implica someter a cualquier gobernador. Lo que hace falta es una estrategia para desarticular a éste que es el grupo de poder político más fuerte de Oaxaca, integrado por camarillas organizadas llamadas corrientes, lo que en conjunto han llamado cartel por el férreo control con que someten a miles de docentes y a los gobiernos.
Empezó a correr la versión de que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, podría recibir embates del gobierno federal que lo orillarían a dejar el gobierno de la entidad. El motivo principal del disgusto contra el jefe del poder ejecutivo estatal, por parte del ejecutivo federal, sería su resistencia a asumir la nueva Ley federal de Educación cuestionada y rechazada en Oaxaca por el magisterio de la Sección 22, lo que ha sido abiertamente respaldado por Gabino Cué y el Congreso local.
Junto con esta grave omisión a las leyes federales a que todos los estados de la república están obligados a cumplir, la violencia ha hecho presa de Oaxaca, tanto la propiamente delincuencial, como la que realizan los vinculados al magisterio, los miembros de la Sección 22 y, en las últimas semanas, los alumnos de las 11 escuelas Normales de la entidad. Protestas que han llegado a actos ilícitos en agravio de propiedades pública y privada.
Normalistas daños millonarios
Daños de no poca monta, sólo en las instalaciones del IEEPO se calculan 20 millones de pérdidas por los destrozos y saqueos; otros quizá menores pero no menos injustificables han realizado los normalistas en negocios como Plaza del Valle, ADO y vehículos automotores de particulares y de empresas privadas sólo en el mes de marzo.
Ante esta embestida a todas luces fuera de la ley, el gobierno de Oaxaca sólo ha tenido evasivas y pretextos, a veces evidentemente sin sustento como cuando el gobernador afirma que está a la espera de las denuncias de los afectados por los daños de los normalistas, cuando éstos a la luz del día y ante los ojos de los medios de comunicación realizan sus desmanes. Incluso, en la última incursión violenta de los futuros maestros, cuando fueron detenidos en flagrancia 162 de ellos, tampoco hubo delito que perseguir y sobre todo castigar.
La mayoría salió libre al día siguiente, y 13 de ellos lo hicieron bajo fianza que habría sido pagada por la Sección 22, aunque eso nadie lo cree así, por la dinámica ya conocida en estos casos que es el propio gobierno quien desembolsa dinero público para esas fianzas.
Gobierno sometido a la 22
El sometimiento del gobierno de Oaxaca ante la Sección 22 del magisterio es tan evidente como escandaloso. Y no hay manera y parece que ni siquiera desea ese gobierno disimularlo. Al principio se hablaba de una alianza gobierno del estado-sección 22 que habría ayudado a ganar la gubernatura al candidato de la coalición de partidos Gabino Cué, sin embargo pronto quedó claro que más que aliado, la 22 tiene como subordinado al gobernador.
Pruebas hay a pasto. Desde que el gobierno haya asumido como suyo el esperpento redactado improvisadamente por esa sección, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), que se contrapone a la nueva legislación federal en materia educativa, lo que ha puesto al gobernante en rebeldía hacia las leyes nacionales.
Otra prueba de esa subordinación plena es la expulsión del primer director del IEEPO, Bernardo Vásquez Colmenares, hombre muy cercano al gobernador, no obstante éste nunca se opusiera a los designios de la Sección, y la asunción de ese cargo por Iturribarría Bolaños, más identificado con la vieja camarilla que ha medrado de común acuerdo con los sucesivos dirigentes de la 22 a lo largo de casi tres y media décadas. El gobierno de Oaxaca a todo dice que sí, a nada dice que no a la Sección 22.
Versiones de su destitución
El último día de marzo una columna del diario El Financiero de Raymundo Riva Palacio, “Estrictamente personal”, que a menudo ofrece informaciones o filtraciones de sectores del gobierno federal, dio cuerpo a la versión extendida del disgusto del gobierno federal contra el gobernante de Oaxaca, dijo:
“… Gabino Cué, que ha engañado al gobierno federal. Le mintió al secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y se ha burlado del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, responsable de llevar la negociación política con los maestros, al hacerles creer que está implementando la Reforma Educativa en el estado. Pero lo descubrieron.
“El gobernador Cué rompió el pacto federal con ese compromiso con los maestros de la Sección 22 y pretende un acto inconstitucional. Ninguna ley estatal está por encima de la Constitución, que es lo que pretende… en el gobierno federal responsabilizan al gobernador de ello. Ahora tienen evidencia de que no es sólo un tema de incompetencia y debilidad, como habían creído, sino de rebeldía.
“¿Qué sigue? Existen varias posibilidades, como que le recorten el presupuesto para obligarlo a actuar conforme a ley, o dada la cadena de mentiras que lo hace un actor nada confiable, que las fuerzas políticas se activen para buscar su destitución y proceder a un juicio político. El gobierno federal no ha tomado una decisión final, pero la tolerancia se agotó.”
La sola salida de Cué no resuelve
Y no sólo por la mala conducción de los asuntos del sector educativo de Oaxaca puede ser objeto el gobernante de serios cuestionamientos, la entidad entera se encuentra en graves problemas de gobernabilidad cada vez más acentuados. La cifra de muertos aumenta de manera alarmante, así como los delitos y las cada vez más atrevidas incursiones de los grupos de presión, mototaxistas, normalistas, inconformes en los municipios.
Asimismo, la falta de circulante en un estado donde, a falta de industrias, éste se basa en los recursos públicos ofrece un panorama económico evidentemente deprimido. Muchos de los proveedores del gobierno estatal no reciben sus pagos desde octubre del año pasado. Como muestra un caso: la empresa que imprimió la papelería electoral de las elecciones locales del año pasado aún no recibía su pago de más de 3 millones de pesos, a finales de marzo.
Aunque ahora exista la idea que nadie podría hacer peor papel que el gobernante actual, pues nunca tantos problemas se habían agudizado a estos extremos y lo que falta próximamente cuando las nuevas disposiciones federales entre en vigor en materia educativa, como suspender los pagos a docentes que no se hayan censado, el control de los pagos de nuevo centralizado en el gobierno federal, el otorgamiento de plazas sólo bajo concurso de oposición, aunque todo eso agobie a la entidad ahora, es muy probable que la sola salida de Cué no resuelva la principal problemática del estado: la cuestión educativa.
Sin embargo, sólo el planteamiento de las dificultades en que se encuentra el ejecutivo del estado por entregarse de manera tan abierta a las exigencias de la Sección 22, sugiere el tamaño del temor gubernamental a ese sector, más que a los problemas que pudiera tener por su omisión a las leyes federales con el gobierno de la república. Teme más a la furia de la 22 que a represalias de la federación, a una controversia constitucional y hasta un juicio político.
Los miles de “aviadores”
Incluso, ya desatadas estas versiones de su posible remoción del gobierno del estado seguía defendiendo al magisterio “democrático”. Luego de darse a conocer por la SEP que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, había arrojado en Oaxaca 3 mil plazas de maestros que se cobran sin trabajar, el titular del IEEPO, Manuel Antonio Iturribarría Bolaños, personaje subordinado sin disimulo alguno a la Sección 22 declaró que en Oaxaca sólo habían 200 profesores que cobraban sin trabajar, “comisionados”. Y estos 3 mil son apenas con datos parciales pues el censo mencionado sólo pudo aplicarse en 40 por ciento del total que debió abarcar en Oaxaca.
Tomando en cuenta la proporción del censo en Oaxaca y estos resultados se puede confirmar la versión que desde hace años existe en el sentido de que en Oaxaca hay miles de “aviadores” en las nóminas del IEEPO y en la membrecía de la Sección 22 del magisterio de Oaxaca. incluso, de acuerdo a las informaciones del Censo referido hay pagos que realiza el IEEPO a personal que ni se sabe quién es y qué hace, en tanto sí se tienen ubicados a “comisionados” en la Sección sindical.
El año pasado El Registro Nacional de Maestros informó que Oaxaca tenía 98 mil claves únicas de RFC de docentes o vinculados a la docencia. Si eran 76 mil los profesores reconocidos en Oaxaca entonces faltaban 22 mil. Todas estas cifras nos dan la certeza de que existe un gran número, miles y miles de plazas cuyos pagos no se devengan.
Todos los gobernadores sometidos por la 22
Independientemente de que hubiera un cambio en el poder ejecutivo de Oaxaca, sin hablar de sus posibles beneficios, ese cambio no serviría de mucho para detener la cada vez más violenta e impune manifestación de Normalistas y Sección 22, que mantienen en permanente agitación e ingobernabilidad a la entidad; asimismo, amenazan con volver a la ciudad de México. Sobre todo no resolvería el grave deterioro educativo de Oaxaca. La 22, está visto, no busca acuerdos sino imponer sus intereses lo que implica someter a cualquier gobernador, como los han tenido desde Heladio Ramírez con la llamada descentralización de la educación cuando se creó el IEEPO.
Cada vez los gobernadores han estado más sujetos al poder de la 22, hasta llegar al actual a quien de plano han subordinado y exhibido en eso en todo el ámbito nacional. Así las cosas, lo que hace falta es una estrategia para desarticular a éste que es el grupo de poder político más fuerte de Oaxaca, integrado por camarillas organizadas llamadas corrientes, lo que han llamado cartel por el férreo control con que someten a miles de docentes, y al gobierno estatal y en ocasiones hasta el federal, obteniendo prebendas, dinero en efectivo e impunidad.