Colonia Benito Juárez:
Biniza Díaz Romero
En el ataque a la Colonia Juárez está la discriminación que han padecido siempre por sus autoridades. Sus moradores arribaron del Valle, la Sierra y la zona chontal a Tehuantepec hace 50 años, sin ser aceptados por la sociedad tehuana. Son marginados y despectivamente los llaman ‘vallistos’. Han dejado a esa colonia “en el olvido, en el atraso y el abandono”, dice Sergio Díaz.
Santo Domingo Tehuantepec.- “En Tehuantepec los únicos delincuentes organizados que existen son los Rito… Dónovan es prestanombre de su Tío Bulmaro Rito que ha gobernado Tehuantepec desde el penal de Ixcotel y ahora desde su residencia de San Felipe”.
Así responde Sergio Díaz Hernández al alcalde tehuano Dónovan Rito García quien señaló que la delincuencia organizada estaba detrás del zafarrancho registrado el 17 de noviembre en el que 26 personas –en su mayoría habitantes de la Colonia Juárez y moto taxistas- fueron detenidos en distintos momentos tras dos enfrentamientos con los cuerpos policíacos, bloqueos e incendios de patrullas y motocicletas de la policía municipal.
Esa tarde en la Colonia Benito Juárez, una patrulla de la policía municipal de Tehuantepec conducida por José Alexis González impactó al moto taxi número 21 del sitio “Demasiado Tarde” y dejó herido de gravedad a su conductor César Aldair López Jiménez y con lesiones fuertes a la pasajera María de Jesús Ortiz Lorenzana quien fue internada en un hospital. Ese hecho fue el detonante del conflicto social más grande que ha vivido el gobierno de Rito García.
El joven, moto taxista egresado de la preparatoria 4 de la UABJO y vecino de la colonia Benito Juárez, perdió la vida la madrugada del día siguiente, cuando ya decenas de habitantes, vecinos, amigos y compañeros de trabajo se encontraban presos tras haber sido reprimidos en sus protestas por elementos de la Marina, Agentes Federales, policías estatales y municipales convocados por el edil tehuano.
Discriminación y autoritarismo
Sergio Díaz afirma que el ataque violento que sufrieron los habitantes de la Colonia Juárez tiene origen en la discriminación que han padecido desde siempre por parte de sus autoridades, pues sus moradores arribaron del Valle de Oaxaca, de la Sierra y la zona chontal para establecerse en Tehuantepec desde hace casi 50 años sin que hayan logrado ser aceptados por la sociedad tehuana.
“A esa gente se le ha marginado, en tono despectivo se les llama vallistos (oriundos del Valle de Oaxaca) y han dejado que en su colonia crezcan todos los males, permanezcan en el olvido, en el atraso y el abandono”, dice Sergio Díaz Hernández, líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API)
Ernestina Sánchez, avecindada del lugar afirmó que por esa razón, a los demás habitantes de Tehuantepec “no les importa si nos agreden, si violan nuestros derechos, si detienen o matan a uno de nosotros, para ellos nuestra vida no vale igual que la de ellos”.
Y es que entre las colonias Benito Juárez, José López Portillo y la Emiliano Zapata -ubicadas a cinco minutos del casco municipal- concentran la mayor parte de la población de la ciudad pero son zonas marginadas que no se incluyen en el privilegiado sector de los barrios con sus mayordomías y tradiciones festivas de corte español, orgullo de los tehuantepecanos.
Libres por falta de pruebas
A 15 días de registrados los hechos violentos entre policías municipales, estatales y federales en la Colonia Juárez y en el cuartel municipal, nueve de los 26 detenidos siguen presos acusados de delitos de privación ilegal de la libertad, incendio y daño patrimonial.
La exoneración de 17 de los detenidos, entre ellos cuatro menores de edad, obedeció a la falta de pruebas de los hechos que se les acusaba, pero también fue resultado de la presión que ejercieron familiares de las víctimas, vecinos y la defensoría legal que lleva los casos, cuyo salario es cubierto por la cooperación de los colonos y de la Asamblea de Pueblos Indígenas (API).
Mientras tanto, la autoridad municipal pagó la fianza y logró liberar al policía que causó la muerte del moto taxista, ofreció ayuda a los deudos y a la lesionada que viajaba en el moto taxi, pero mantiene la denuncia contra los detenidos por daños que ascienden a 1 millón 400 mil pesos en bienes municipales e insiste en llamar “delincuentes” a los detenidos.
Aunque consideran un triunfo que solo nueve personas sigan presas, los integrantes de la API temen que la autoridad se “ensañe” con los detenidos y señalaron que el abogado defensor Jaime Méndez Zárate apeló la resolución del juez quien rechazó que los jóvenes pudieran llevar su proceso en libertad, argumentando que “carecen de propiedades y de un trabajo estable y podrían huir”.
¿O sea que el juez no confía en ellos porque son pobres?
Pues sí porque no tienen dinero, es gente humilde, ganan 120 o 150 pesos al día como moto taxistas y eso no les permite tener propiedades ni una vivienda. El homicida está libre, protegido por el Ayuntamiento. No cabe duda que la aplicación de la justicia es para favorecer a los poderosos.
¿Todos los detenidos son moto taxistas?
Sí, todos son choferes de moto taxis, hay cerca de 500 jóvenes de 13 a 22 cuya única fuente de empleo es ser chofer de moto taxi, ¿qué oportunidades ha generado para ellos el gobierno municipal, estatal o federal?
¿Crimen organizado?
Para el grupo inconforme que exige justicia y libertad de los detenidos, la muerte del joven moto taxista no se trató de un accidente, sino de una “negligencia oficial” mientras que el alcalde Dónovan Rito sostiene que el movimiento que se gestó, tenía la intención de “desestabilizar a la localidad y desarticular a las corporaciones de seguridad”.
“No permitiré que el crimen organizado infiltre los cuerpos de seguridad de Tehuantepec como ha ocurrido en otros municipios de la región”, sostuvo y restó valor al reclamo social al decir que “solo utilizan de pretexto un accidente de tránsito”, sugiriendo que así encubren sus verdaderas intenciones de desestabilizar al municipio.
Sin embargo la versión de los colonos es otra.
Al registrarse el percance, los habitantes de la colonia, amigos y familiares del moto taxista retuvieron durante cinco horas al conductor y sus acompañantes para exigir la presencia de la autoridad municipal que se haría cargo de los daños.
“Esperábamos diálogo y nos enviaron represión; rescataron a sangre y fuego a los policías y en la confusión y la huida, alguien le prendió fuego a las patrullas, y la policía detuvo después a gente que ni siquiera participó en los hechos, se metieron a las casas, a uno los sacaron del interior de su vivienda en la Colonia Alejandro Cruz, a otros que iban pasando, simplemente los agarraron, fue una cacería de brujas” dicen.
Sergio Díaz Jiménez achaca a “la soberbia característica de los Rito” la excesiva demostración de fuerza contra la población desarmada y la saña con que luego acusaron a los detenidos de responder a los intereses de la delincuencia organizada.
Explican que ni el delegado de Gobierno Venustiano Gutiérrez Reyna ni el presidente Dónovan Rito querían que los niños y jóvenes presos -de entre 13 y 17 años- fueran liberados porque se trataba de “delincuentes, son muchachos echados a perder, son drogadictos”, dijeron.
“Yo les pregunté entonces que si eran delincuentes, qué habían hecho las autoridades para evitar que cayeran en la delincuencia, cuánto empleos han generado, qué oportunidades les han ofrecido y si son drogadictos cuántos centros de rehabilitación han creado para atenderlos porque es responsabilidad también de las autoridades”, dijo Sergio Díaz.
“Tepeyac” toma el caso
Ante lo que consideran una evidente falta de imparcialidad de la fiscalía por el ejercicio arbitrario del poder y ante el silencio cómplice de diversos sectores de la sociedad, los líderes sociales que defienden a los detenidos, optaron por solicitar la intervención del Centro de Derechos Humanos Tepeyac fundado por el Obispo emérito Arturo Lona Reyes, en espera de lograr una salida justa y humanitaria al caso de los jóvenes recluidos en prisión.
“En la audiencia pedimos que testificaran los policías que supuestamente señalaban a los culpables, pero no quisieron presentarlos diciendo que estaban de comisión a una lejana agencia municipal. Ellos acusan pero no dan la cara y ahí lo único que muestran es el uso y el abuso del poder contra la gente pobre y la colusión de la justicia al mejor postor”, concluyó.
