Cuauhtémoc Blas
Chimalapas piden al gobernador Gabino Cué “Que su gobierno lleve a fondo el juicio de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia hasta la sentencia final sin caer en la tentación de llegar a ningún acuerdo político amistoso con el gobierno de Chiapas, que pretenda sustituir esta sentencia, porque eso los chimas no lo vamos a permitir.”
Esta extraña tendencia a beneficiar a Chiapas de parte del grupo político de Oaxaca comandado por Diódoro Carrasco Altamirano se hace notar de nuevo con la denuncia que realizaron representantes de Santa María Chimalapas en el mismo sentido.
Denunciaron a tres funcionarios del gobierno de Oaxaca de estar violando la Controversia Constitucional al apoyar que chiapanecos asentados en tierras de Oaxaca en disputa sigan instalando servicios como el de electrificación cuando la Controversia ordenó que toda acción sobre estas tierras se detenga.
Suprema Corte dictaminó
Desde junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció con claridad lo anterior a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, al prohibir a Chiapas nombrar autoridad en el Ejido Rodulfo Figueroa “de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna”.
También prohibió a ambos gobiernos realizar “cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en las comunidades en conflicto”. Señala también que se deberán seguir prestando los servicios a la población asentada en esa zona “en la forma y términos en que los venían prestando hasta antes de la emisión del Decreto 008 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas.” (Decreto que crea el Municipio en cuestión de Belisario Domínguez el 23 de noviembre de 2011).
Todo esto es lo que pretendían denunciar ante el gobernador pero éste no acudió a la cita. Sin embargo, se llegó realizar la reunión acordada con el ejecutivo con alguien que, según los chimas, desconoce las entrañas del conflicto, Juan Arturo López Ramos (ex Secretario de Turismo de Diódoro Carrasco) .
Denunciarion que ese funcionario menor de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca junto con Gerardo Albino de la Secretarí de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh) (ex Coordinador de COPLADE de Diódoro Carrasco) y Víctor Hugo Alejo Torres (también ex funcionario diodorista) de la Consejería Jurídica apoyan en la “Mesa Social” el proyecto de electrificación del núcleo agrario chiapaneco Díaz Ordaz.
Sin embargo los chimas dicen: “Nosotros no rechazamos que se electrifique sino que rechazamos la forma en que lo están haciendo sin considerar a la comunidad y afectando el proceso legal que se lleva actualmente”, aclaró Emmanuel García, Secretario Auxiliar de Benito Juárez municipio de San Miguel Chimalapa.
La comunera y asesora jurídica de Santa María Sheyla Cruz denunció que el gobierno chiapaneco continúa promoviendo las invasiones, lo que ese día sería denunciado ante el gobernador Gabino Cué. Dijo que pretenden imponer como Comisionado Ejecutivo a Juan Arturo López Ramos, cuando ellos ya tienen a dicho Comisionado, un profesional con conocimientos técnicos e históricos de la región, imbuido de esta problemática que afecta a Oaxaca, el ingeniero Miguel Ángel García Aguirre, a quien la comunidad de Santa María ratificó en asamblea comunal.
Con esto queda claro para ellos, dijeron, que 
estos funcionarios del gobierno de Oaxaca están apoyando a los chiapanecos y no a los chimalapas oaxaqueños como era de esperarse. (SINFRA) sacó un mapa anterior en su programa de ordenamiento… ¿y ahora qué: ustedes mismos regalan el territorio? Hay que preguntarles”.
Controversia sí; acuerdos no:
Los tres primeros puntos de los 10 del documento que dejaron ante el incumplimiento de la reunión acordada con el gobernador Gabino Cué Monteagudo y las autoridades comunales de Santa María Chimalapas, abordan precisamente la preocupación de los zoques chimalapas porque la Controversia Constitucional esté siendo menoscabada paradógicamente por funcionarios de Oaxaca. Piden al gobernador en dicho documento:
1. Que su gobierno lleve a fondo el juicio de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia hasta la sentencia final sin caer en la tentación de llegar a ningún acuerdo político “amistoso” con el gobierno de Chiapas, que pretenda sustituir esta sentencia, porque eso los chimas no lo vamos a permitir.
2. Que su gobierno cuide que todo el proceso de dicha Controversia Constitucional se lleve a cabo con seriedad y por verdaderos especialistas en derecho constitucional, indígena y agrario, sin darlo a despachos privados que buscan sólo ganancias y no realmente la defensa del territorio.
3. Que en todo trámite o recurso que se haga en la Controversia Constitucional, se nos informe y consulte como terceros perjudicados a través de nuestra Asamblea General Comunitaria y no a través del presidente municipal y síndico destituidos por corrupción desde julio de 2012.
Las coincidencias
Jorge López Guzmán es funcionario del INEGI desde al menos una décadas en Oaxaca, y de unos años para acá es Coordinador Estatal. En Oaxaca también se ubica la Dirección Regional del INEGI que comprende los estados de Chiapas número 7 según la clasificación nacional del Instituto; Oaxaca, número 20; y Tabasco, número 27.
Llama la atención la coincidencia de funcionarios estatales en estos dos momentos históricos: 1995 cuando hay estos extraños coincidentes cambios de mapas de INEGI y en la Constitución de Chiapas al mismo tiempo; y hoy que se denuncia de nuevo una tendencia favorable hacia Chiapas de servidores públicos, que también lo fueron en el sexenio de Carrasco. Gabuno Cué, por cierto, también fue alto funcionario con Diódoro Carrasco Altamirano.
Recurso de reclamación 71/2012-ca, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2012. (Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 26 de junio de 2013).
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...estima que sin prejuzgar sobre la validez constitucional de los restantes actos cuya invalidez demanda el actor, ni de la pertenencia de la franja territorial en disputa, resulta procedente conceder la suspensión de los restantes actos cuya invalidez demanda el Estado de Oaxaca, con la única finalidad de preservar la materia de la presente controversia constitucional, para los efectos que a continuación se precisan [los subrayados siguientes son del acuerdo reclamado]:
a) Los Estados de Oaxaca y **********, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en las comunidades en conflicto.
b) Los Estados de Oaxaca y **********, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán abstenerse de crear nuevas autoridades dentro de la localidad denominada ‘Rodulfo Figueroa’, ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna.
c) Los Estados de Oaxaca y **********, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, se encontrarán obligados a continuar prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habite en la franja territorial que es materia de la controversia, en la forma y términos en que los venían prestando hasta antes de la emisión del Decreto 008 emitido por el Congreso del Estado de **********, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el veintitrés de noviembre de dos mil once y hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal. Para lo cual, podrán tomarse en cuenta los acuerdos celebrados entre las partes para solucionar de manera pacífica el conflicto limítrofe de que se trata…
