Paradógicamente lo que fue el primer ayuntamiento de izquierda en México con la Cocei al frente, esperanza de emancipación social, no sólo nunca se concretó sino degeneró en un proceso social decadente, caótico y delictivo; dicha organización se pulverizó, hoy pueden ser hasta 10 sus grupúsculos y continúan saliendo más. Los cabecillas hoy merced a su alianza con Gabino Cué ocupan cargos públicos o dirigen a sus grupos, presionan y negocian recursos públicos, sobre todo han intensificado sus invasiones de tierras, hasta las de propiedad privada donde participan los mismos ayuntamientos juchitecos, coceistas o priistas. Ni emancipación, ni democratización alguna se logró, sólo la inexistencia del Estado de derecho e ingobernabilidad.
Juchitán, Oax.- En Juchitán la ingobernabilidad ganó terreno y se instaló ante la incapacidad de un presidente municipal que ha hecho de todo, incluso invadir a particulares, pero menos gobernar.
En un hecho inédito por la magnitud de los acontecimientos, en lo que va de la administración priista encabezada por el odontólogo Daniel Gurrión Matías, miembro del Grupo Corporativo Gurrión, se han registrado más de 30 invasiones a predios de propiedad comunal, privada, derechos de vía de carretera federal y Ferrocarriles, canales de riego, propiedades municipales, institucionales y del propio gobierno estatal por parte de agrupaciones políticas de la más diversa índole.
Muchos de estos terrenos se han convertido en colonias populares ocupadas por al menos unas tres mil familias que habitan bajo techos y paredes de cartón y plástico, chozas de carrizo, palma o lodo mientras que, en otros casos, los predios ocupados sirven como locales comerciales, espacios para oficinas sindicales o simplemente han sido lotificados en espera de ser asignados a los nuevos habitantes.
Invasiones y despojo desde el poder
Hoy a diferencia de lo que escribiera hace más de 30 años el poeta costarricense Alfredo Cardona Peña, en Juchitán las paredes ya no tienen sueño; hoy gritan el abandono, susurran el abuso, dan fe de la ingobernabilidad que se vive en todas partes.
Hay anarquía en pleno centro, desorden en la vía pública, bloqueos, plantones y cierres carreteros, despojo e injusticia perpetrados por líderes de partidos políticos y agrupaciones sociales, e incluso por funcionarios arropados por el poder municipal. Juchitán está convertido hoy en un pueblo sin ley.
Promovidas desde el propio gobierno municipal primero con el perredista Alberto Reyna Figueroa, quien ordenó a sus seguidores apoderarse de una vieja casa colonial en la Avenida Juárez, comprada con recursos del ayuntamiento, que luego convirtió en oficinas del Sindicato de Recolectores de basura “Ricardo Flores Magón” de su agrupación política, dicha práctica se hizo común en cada ayuntamiento.
Mariano Santana convertido en presidente municipal por el PRD-PT, hizo lo mismo luego que el ayuntamiento que encabezaba, adquirió un predio que sería donado para las instalaciones del COBAO; sin embargo, una vez comprado, ordenó a sus seguidores de la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO), encabezados por Fausto Morgan apoderarse del terreno y fundar una colonia popular.
Gurrión invade propiedad del gobierno estatal
Al edil priista Daniel Gurrión Matías no se le complicó seguir la receta heredada por sus antecesores; y otorgó a sus allegados una fracción de terreno en el paraje “Pepe y Lolita” que sus hermanos del Grupo Corporativo Gurrión, habían vendido años atrás al gobierno de Oaxaca encabezado entonces por José Murat, donde se puso la primera piedra de lo que sería la Universidad del Istmo campus Juchitán.
Sin embargo, pese a que se construyeron nueve aulas y dos baños para dicho centro educativo, ya siendo gobernador Ulises Ruiz, se ordenó la construcción de la Universidad en terrenos de La Ventosa, quedando en el abandono el citado predio.
Hoy, ante la carencia de instalaciones propias, maestros, directivos y alumnos del CBTIS 205 del Sistema Abierto, quienes recurrieron al presidente en busca de apoyo para construir su escuela, fueron aconsejados por el propio edil de invadir dichas instalaciones “antes de que la tomen otros, porque ya ven cómo están las invasiones”, dijo el alcalde según informaron los propios maestros.
Por ello, desde el pasado 23 de febrero los alumnos del CBTIS 205, trabajan en las aulas que se encuentran en obra negra, desmontaron el terreno y realizan tequios y boteos para adecuar el espacio, pero en ese proceso descubrieron algo:
Cerca de la mitad del terreno fue cercado recientemente por “caporales” que trabajan al servicio de la familia Gurrión mismos que argumentan que el alcalde les “ofreció” el terreno para evitar la toma por algún grupo político, según explicaron.
Entrevistado vía telefónica sobre el particular, el exgobernador José Murat señaló:
“El terreno es propiedad del Estado, no es correcto que el presidente esté autorizando una invasión y menos que se esté parcelando, es inadmisible. El gobierno debe intervenir”, indicó.
Pero mucho antes, desde el mismísimo palacio municipal de Juchitán ya se estaban cocinando diversos delitos de despojo, como el que intentaba perpetrar la Regidora de Derechos Humanos Rogelia González Luis (del PRD), con el respaldo del edil priista Daniel Gurrión contra la propiedad de José Manuel Hernández Pineda, modesto vecino juchiteco.
El 13 de octubre de 2012 el propietario vio con desconsuelo cómo maquinaria pesada del ayuntamiento arrancaba las mojoneras de su propiedad y arrasaba con todo por órdenes de la regidora en mención con respaldo del cabildo que había acordado construir en dicho espacio un Centro Recreativo Infantil. La movilización de la familia, la denuncia pública y la defensa del terreno impidió que se concretara el despojo promovido desde el ayuntamiento constitucional.
Invaden vías federales
A principios de este 2013, el alcalde juchiteco Daniel Gurrión Matías le ofreció a un grupo de taqueros y vendedores que expendieron durante años sobre el derecho de vía de la carretera panamericana, justo en la esquina de la Unión Ganadera Regional del Istmo (UGRIT), que se pasaran “a la acera de enfrente” a fin de dejar libre el acceso al terreno que su hermano Edi Gurrión había comprado por 1 millón 700 mil pesos a la unión ganadera, para negocios de la familia, es decir, un hotel y una ferroeléctrica.
A cambio, el alcalde les envió maquinaria de Ayuntamiento y les construyó las bases y cimientos de sus casetas en los derechos de vía de la carretera Panamericana, colindante con la barda perimetral del Instituto Tecnológico del Istmo.
La lucha por las tierras comunales
La lucha por las tierras comunales en Juchitán tuvo un pasado sangriento y derivó en una confrontación que polarizó a los habitantes. De ahí el origen de la fuerte confrontación entre priistas y coceistas juchitecos que hoy ha quedado en el olvido pues los líderes se han convertido en repetidas ocasiones en aliados políticos para alcanzar sus objetivos.
Desde su creación en 1973 primero como Coalición Campesina Estudiantil de Juchitán (CCEJ), luego como COCEJ y finalmente COCEI, uno de los objetivos primordiales de la lucha de dicha organización fue la defensa de las tierras comunales y el Comisariado de Bienes Comunales de Juchitán.
Los priistas juchitecos no quitan el dedo del renglón y después de casi 40 años siguen señalando al dirigente coceista Héctor Sánchez López de haber sido quien disparó y asesinó en 1974, a quien entonces era el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Juchitán Juventino Ramírez Vásquez, campesino y reconocido militante del tricolor.
El 11 de julio de 1978 fue secuestrado y desaparecido el dirigente coceista Víctor Pineda Henestrosa “Víctor Yodo”, quien durante su desempeño como jefe de la Promotoría Agraria de Juchitán recuperó varias hectáreas de tierras para devolvérsela a los campesinos.
En esta lucha por las tierras comunales, los coceistas se posesionan en 1983 de un predio en la parte norte de Cheguigo y el 7 de mayo la policía judicial del estado desaloja a las 300 personas que se habían apoderado del terreno donde el gobierno del estado de Oaxaca pretendía construir una unidad habitacional en la parte norte de Cheguigo.
Tras la agresión 24 coceistas fueron detenidos y pese al hostigamiento ahí se funda la primera Colonia Popular de Juchitán, la “Rodrigo Carrasco López”, en memoria de quien fuera regidor suplente del ayuntamiento popular, secuestrado y asesinado el 9 de octubre de 1981.
El 17 de julio de 1983, en la Agencia Municipal La Ventosa, un grupo de coceistas encabezados por su presidente municipal Leopoldo de Gyves que habían ocupado el Rancho “La Soledad” de 280 hectáreas del cacique español Pedro Gutiérrez Roncaglia, fue desalojado violentamente a pedradas y balazos por priistas juchitecos que defendían el terreno como propiedad privada. El alcalde resultó lesionado de un balazo en el brazo.
El 25 de enero de 1985, cientos de pobladores respaldados por la COCEI se posesionaron de más de 15 hectáreas de tierras ociosas en Juchitán, al norte de la carretera federal Panamericana cuya propiedad también se atribuía a Gutiérrez Roncaglia y en donde la COCEI fundó la Colonia Popular “Gustavo Pineda de la Cruz” habitada actualmente por más de 2 mil personas.
En respuesta seis meses después, los priistas tomaron terrenos colindantes con la Colonia Gustavo Pineda y fundaron la Colonia “Mártires del 31 de julio” y un par de años después otros priistas toman tierras para fundar las colonias “Los Pinos” y “Colosio”. Actualmente en Juchitán existen registradas unas 150 colonias en la periferia, la mayoría sin servicios.
La Planta Impregnadora y las invasiones
En lo que va del presente año 2013, se han registrado alrededor de 20 invasiones de terrenos, entre ellas destaca el del 28 de enero, pues son terrenos que formaron parte de la Planta impregnadora de Maderas de Ferrocarriles Nacionales mismas que fueron ocupadas por coceistas de la fracción de Leopoldo De Gyves de la Cruz en 20 hectáreas y 8 más del fraccionamiento “La Planta” por grupos políticos de la COCEI y del PRI.
De Gyves asegura que lo que hicieron fue “un acto de dignidad” al recuperar las tierras comunales del pueblo juchiteco dado que se trataba de un despojo cometido por Antonio Nazarala (en el supuesto caso de que realmente le hubiera vendido a Ferronales las 28 hectáreas) y ésta a su vez las vendió a la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) ya que Nazarala “solo era representante del patronato y no dueño del predio”, explican.
En un desplegado que pegaron por toda la ciudad, la COCEI dio a conocer que las 28 hectáreas fueron compradas por el pueblo juchiteco para la construcción de la planta impregnadora de maderas y fueron entregadas en comodato a Ferronales por el General Heliodoro Charis Castro en 1951. La planta impregnadora de durmientes de ferrocarriles dejó de funcionar en 1999.
La COCEI advierte que entre 2002 y 2003 “se realizaron operaciones ilegales de compra venta de los terrenos de la Planta a favor de la empresa Cementos Mexicanos”, sin embargo, el abogado Pedro Santiago Rasgado asegura que Ferronales como parte de sus facultades, enajenó sus bienes mediante licitación pública nacional que fue ganada por Cemex, quien pensaba construir ahí un centro de envasado de cemento a granel pero debido a problemas con el sindicato, el proyecto no se concretó.
Entonces Cemex vendió ocho hectáreas a la empresa Fomento del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V., que inició la construcción de viviendas de interés social, mismas que los posesionarios aún siguen pagando a una inmobiliaria, pero luego de la invasión de las viviendas que aún se encontraban en obra negra por parte de priistas y coceistas, ocurrida en enero pasado, los moradores suspendieron los pagos.
Hoy, compradores e invasores conviven en el fraccionamiento “La Planta” que la empresa del constructor juchiteco Mario Bustillo Cacho realizó y quien exige al gobierno encuentre una solución al conflicto generado con la toma que hoy lo tiene al borde de la bancarrota.
Las viviendas fueron ocupadas por coceistas y priistas del grupo de Los Moro, liderados por Margarita Jiménez LopezChente y Osiris Jiménez López con asesoría de Ricardo Dorantes Morteo; sin embargo una vez adentro, los propios invasores coceistas denunciaron que “Los Moro comenzaron a vender las casas a 50 y 100 mil pesos a trabajadores de los eólicos”; al final dicho grupo terminó siendo expulsado por los coceístas de las viviendas, quedando las viviendas solo en manos del grupo de la COCEI.
Mientras tanto Leopoldo de Gyves de la Cruz, convertido ahora líder de los ex trabajadores ferrocarrileros y sus familiares quienes se mantienen en poder de las 20 hectáreas de terrenos comprados por Cemex, advierten que dicho lugar será “su casa o su tumba”, pero nadie los sacará del terreno que pertenece al pueblo de Juchitán.
Ahí los coceistas fundaron la Colonia “Jesús García” (el ferrocarrilero Héroe de Nacozari) y dejaron espacios para la construcción de una escuela de educación preescolar, una escuela primaria y el museo del Ferrocarril. Las negociaciones entre los invasores y el gobierno quedó suspendida desde el 7 de febrero.
Por su parte la Unión de Materialistas y Choferes del Istmo AC adherida a la CNP Sección 5 también se apropió de una extensa franja del derecho de vía de la Carretera Panamericana y construyó sus oficinas además de usar como bodega de grava y arena más de 500 metros de dicho derecho de vía en plena entrada de la ciudad, sin que nadie les amoneste siquiera. La SCT después de las invasiones, solo atinó a colocar un par de avisos de que estaba prohibida la utilización de los derechos de vía de la carretera federal.
Por su parte, la naciente Organización Ciudadana por la Liberación del Istmo (OCLI), un desprendimiento de diversas agrupaciones de la COCEI se apoderó el 9 de marzo de un predio de más de siete hectáreas ubicado al norte de la ciudad del que el Grupo Corporativo Gurrión se ostentaba como propietario.
Los invasores, sin embargo aseguran que el terreno quedó intestado al morir el anciano propietario cuando negociaba la venta del predio al actual alcalde Daniel Gurrión Matías, sin que se llegara a concretar. El predio que fue cercado por el alcalde, no aparece en el registro público de la propiedad. Ahí unas 300 familias fundaron la colonia Gregorio Meléndez, “Ché Gorio Melendre”, juchiteco iniciador de un movimiento regional a mediados del siglo XIX, que duró veinte años, para defender las tierras comunales del Istmo de Tehuantepec que estaban en poder de caciques y terratenientes con la complicidad del gobierno del estado en turno.
En Juchitán todo es terreno comunal
“Hablando en términos estrictamente legales todos los terrenos del municipio de Juchitán tienen un origen comunal” reconoce el abogado Pedro Santiago Rasgado, quien ha fungido como asesor jurídico de empresas como Cemex y otras que han adquirido terrenos en el municipio para el impulso de diversos proyectos.
No obstante, el abogado explica que desde hace más de 40 años no existe un órgano representativo del régimen comunal en el municipio y con el tiempo los poseedores de los predios los fueron trasformando al régimen de pequeña propiedad; luego organismos como la Comisión Reguladora para la Tenencia de la Tierra (CORETT) inició la regularización de los predios invadidos mientras que muchos particulares protocolizaron sus documentos, indicó.
“Existe el derecho político de algunos grupos para recuperar las tierras, pero no tienen la legitimidad jurídica, pues primero habría que revisar el padrón de comuneros del municipio para ver la situación en que se encuentran los herederos de los terrenos –si los hubiera- y hasta ahora sólo se sabe de la existencia de ocho comuneros vivos de todos los que tuvo Juchitán en su momento”, dice Pedro Santiago.
Invasiones de terrenos federales
Entre algunas de las invasiones registradas en lo que va del 2013 están la que coceístas realizan en ambos márgenes de los derechos de vía de la Carretera Panamericana, los derechos de vía del canal de riego 33 hacia “Pepe y Lolita” a lo largo de casi dos kilómetros, los derechos de vía de la carretera estatal que conduce a Santa María Xadani y el predio de una empresa regiomontana ubicada al sur del fraccionamiento Guie Cháchi, donde se fundó la Colonia “Benito Juárez”.
Asimismo se encuentra invadida al oriente de Juchitán, una franja de terreno del camino que conduce a Unión Hidalgo, los derechos de vía del Ferrocarril al norte de la ciudad y los derechos de vía de diferentes canales de riego, así como decenas de terrenos por toda la ciudad donde se están fundando colonias populares. Todas estas invasiones son de agrupaciones de la COCEI de diversas corrientes y se da en el marco del proceso electoral en puerta para renovar la alcaldía y la diputación local.
Las múltiples invasiones registradas en el municipio generaron la irritación de la sociedad que recurrió incluso a marchas y manifestaciones públicas de protesta para exigir la intervención directa del gobierno del estado y el cese de las invasiones pero nadie tuvo respuesta.
Ni la marcha que hicieran estudiantes, maestros y directivos del Instituto Tecnológico del Istmo, o la protesta de los canaleros y ganaderos, tampoco la de colonos del fraccionamiento La Planta ni la conferencia de estudiantes en la capital oaxaqueña.
Valentín Toledo Gómez presidente del Módulo de Riego 12 Juchitán-Xadani, dio una lista puntual de los lugares que han sido invadidos de los derechos de vía de los canales del distrito de riego en su paso por la ciudad. Nada ha cambiado desde entonces.
Hoy nadie sabe a ciencia cierta cuántas colonias existen en Juchitán. El número se incrementa a diario y son más de 150 las colonias populares ya reconocidas desde 2010 por INEGI que han fundado líderes políticos del PRI, PT, PRD, COCEI y la Unión Campesina Oaxaqueña (UCO), así como por agrupaciones y organismos de reciente creación y por líderes de sindicatos y confederaciones.
Algunos predios son adquiridos por los solicitantes –que lo ven como negocio-, para luego venderlos y sacar jugosas ganancias. Otros más que ya está habitados, se han convertido en zonas de votos cautivos que los líderes usan como capital político para ofertarlo al mejor postor en cada periodo electoral según sus intereses.
La misma tierra que muchos reclaman como bienes comunales en Juchitán se convierte rápidamente con ayuda de los propios líderes de los diferentes partidos en miles de lotes urbanos de propiedad privada. El riesgo, dicen algunos, es que cuando se acaben los terrenos de sembradío, ante la falta de ley y autoridad en el municipio, los grupos comiencen a invadir las casas y las propiedades donde hoy viven los juchitecos.
