Escándalos pasionales, despidos injustificados y presunta malversación de recursos, referentes de la actual administración. Disputan panistas y perredistas el control político y de recursos; el presidente municipal, disminuido
SANTA MARÍA TONAMECA.- Líos de faldas, despidos injustificados, presunto desvío de recursos, y dos partidos coaligados que se disputan el poder por encima de un presidente completamente disminuido, es el panorama que prevalece y mantiene al borde del colapso al ayuntamiento de Santa María Tonameca.
Una verdadera telenovela llena de intrigas, ambiciones y venganzas se teje al interior de la administración municipal, donde regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) practican una especie de autogobierno en el que toman decisiones y despiden al personal que le resulta incómodo, sin consultar al edil Salomón Reyes García, ni participar en sesiones de cabildo marcadas por la ley.
Producto de una coalición entre el PAN y el PRD, que derivó en la repartición de los cargos más importantes entre ambas fuerzas, el gobierno municipal se encuentra dividido y en crisis luego de más de dos años de forzada convivencia, en la que la lucha por el manejo de recursos y adjudicación de una mayor cantidad de obras para satisfacer intereses personales, han sido prácticas reiteradas.
Despidos en cadena
En medio del turbio escenario político, durante las últimas semanas se han suscitado varios despidos de personal identificado con el bando panista; inexplicablemente, el edil solo es notificado de los mismos a través de oficios que incluyen argumentos imprecisos para justificar los relevos, y solo son firmados por algunos regidores.
Luego de que hace unas semanas fueran separados de sus cargos Demetrio Pacheco Matías, Gerardo Santiago Ruiz y Leydi Magdalia Hernández Martínez, quienes se desempeñaban como supervisor, director y secretaria de la regiduría de Obras, y el pasado 28 de febrero Alicia Herrera Ramírez, directora del Registro Civil, fue notificada de su destitución; trabajadores del ayuntamiento tronaron contra Salomón Reyes García por lo que consideraron una arbitrariedad, y evidenciaron todo un entramado pasional, que aducen, está detrás de los despidos injustificados.
Motivos pasionales
“Queremos que el presidente restituya a nuestros compañeros en sus cargos, sabemos que en varios de los casos hay razones de índole personal o pasional y eso no podemos permitirlo. Si el presidente no resuelve este problema convocaremos a la ciudadanía para que se entere de lo que está pasando en Tonameca y así tomar otro tipo de medidas”, lanzó Librado Lucas Osorio, encargado del área de Mantenimiento.
A nombre de poco más de 30 trabajadores que iniciaron un paro de actividades desde el pasado sábado, Lucas Osorio reprobó la actitud de algunos funcionarios dentro del ayuntamiento que “por satisfacer sus intereses personales y hasta sexuales, juegan con el trabajo de las personas”.
Explicó que para todos en el ayuntamiento es sabido que Gerardo Santiago, ex director de Obras, fue cesado de su cargo por cambiar de área a su ex secretaria, Leydi Hernández, quien era pareja sentimental del actual tesorero Héctor Omar Cortés Reyes. El cambio molestó sobremanera al tesorero y por eso corrieron a Gerardo; después, la muchacha (Leydi) salió porque era disputada entre el tesorero y el propio presidente, señaló.
Críticas incómodas
Explicó que en el caso de Demetrio Pacheco, su despido se originó por el abierto rechazo que éste mostró ante las deficiencias de la obra de alcantarillado que se realiza en Cozoaltepec, cuyo monto asciende a 30 millones de pesos.
Contó que el ex funcionario reprobó y cuestionó que la obra se realice con material de baja calidad que no cumple con la normatividad ambiental, así como la ausencia de un estudio de impacto ambiental, entre otras irregularidades.
Finalmente, adelantó que los trabajadores inconformes exigirán que el tesorero municipal rinda cuentas sobre el manejo de recursos y presuntas anomalías en su desempeño.
Gran indignación se desató entre la plantilla laboral por el despido de Alicia Herrera Ramírez, quien hasta el 28 de febrero se desempeñaba como directora del Registro Civil en el ayuntamiento, y que fue separada de su cargo en medio de un lío de faldas protagonizado por el Síndico Hacendario, Federico Salinas Martínez.
Infidelidades públicas
Según contó la afectada, que también es cuñada de Salinas Martínez, todo se desencadenó por un zafarrancho ocurrido el pasado 14 de febrero en la playa Agua Blanca, lugar en el que se encontraba Salinas Martínez acompañado por su secretaria, Ana Vaughan Fajardo, con la que presuntamente mantiene una relación amorosa.
Hasta el lugar llegó Leticia Herrera, esposa del funcionario (hermana de Alicia), y armó un escándalo, hecho que molestó a Federico, quien desde entonces culpó a su cuñada de haber informado a su cónyuge.
“Me acusan de forma infundada y como represalia me corren de mi puesto, lo que me parece injusto porque nada tienen que ver los problemas pasionales del señor Federico Salinas con mi trabajo”, manifestó Alicia.
Síndico hacendario, señalado por acoso
Totalmente indignada, la joven contó que desde hace meses, Salinas Martínez la acosa sexualmente e incluso ha llegado a tocarle piernas, pechos y glúteos.
“Me dio ‘raite’ acá al ayuntamiento y durante el trayecto me vino diciendo que con él no me va a faltar nada, que me va a dar todo, y en ocasiones me ha tocado y he tenido que forcejear con él; todo eso se viene acumulando desde hace tiempo y por eso ahora terminaron por correrme”, agregó.
Edil, pasivo ante relevos
Tanto en el caso de Alicia como en el de otros trabajadores despedidos, se han realizado oficios firmados por un promedio de siete regidores y dos síndicos (Hacendario y Procurador) dirigidos al edil Salomón Reyes, en los que se “hace de su conocimiento” la destitución de los empleados, con justificaciones inconsistentes.
Según reza el documento entregado el 20 de febrero al edil, en el que se le avisa sobre el cese de Alicia Herrera como directora del Registro Civil, “se tiene conocimiento que no ejerce bien sus funciones”, lo que es calificado por la afectada como un absurdo argumento en su contra.
Cabe mencionar que según diversos trabajadores consultados, panistas y perredistas ubicados en puestos clave (sindicaturas, regidurías y tesorería) son quienes deciden de manera arbitraria los relevos, hecho que el munícipe acepta sin protestar, aun cuando dichos actos son a todas luces ilegales.
Incluso, señalan, es del conocimiento general que el tesorero Héctor Omar Cortés “convence” a los concejales que no están de acuerdo o no se quieren inmiscuir en los referidos despidos, por medio de distintas cantidades de dinero en efectivo.
Turbio manejo de recursos
La opacidad y dudoso manejo de recursos en Tonameca, ha perseguido a la actual administración desde su inicio.
Sin sesiones de cabildo y con gran reticencia para dar a conocer los detalles técnicos y costos de las obras, el gobierno municipal ha sido señalado por diversas irregularidades y presuntos desvíos de recursos.
Consultado sobre los detalles de la “magna” obra de alcantarillado y planta de tratamiento de la agencia Cozoaltepec, Constantino López Ramírez, regidor de Obras del ayuntamiento, reveló que son 55 millones de pesos los que se destinarán para su edificación.
El servidor público afirmó que los recursos son federales y fueron gestionados por el diputado panista Juan Iván Mendoza Reyes, y mencionó que el total de los recursos se encuentran en poder de la tesorería municipal.
Contradicciones por obra millonaria
Cuestionado sobre las supuestas irregularidades y la pésima calidad de los materiales, López Ramírez aseguró que el proyecto ha sido avalado por el gobierno federal, aunque reconoció que con un avance del 40 por ciento en la obra de alcantarillado, aun no cuentan con un dictamen de impacto ambiental.
En torno al tema del cese de dos de sus colaboradores, señaló que en el caso de Demetrio Pacheco, tuvo que ser removido “porque siendo constructor con una obra asignada por el ayuntamiento, no podía ser al mismo tiempo funcionario”; mientras que de Gerardo Santiago se limitó a declarar que seguía en funciones, a pesar de su evidente despido.
Sobre el manejo y la forma en que se fiscaliza la millonaria suma para la obra, el entrevistado, nervioso apuntó que la comisión de Hacienda es quien tiene que aclarar la forma en que se ha aplicado el dinero.
Resalta el hecho de que por medio de volantes, ha trascendido el presunto desvío de poco más de tres millones, de los 30 destinados para el alcantarillado, que supuestamente habrían sido “tomados” por Federico Salinas Martínez, con la intención de “pagarle a sus constructoras que hicieron las obras en el año 2012”.
