En su gestión como secretario de Obras Públicas Eviel Pérez Magaña utilizó a las empresas Constructora y Arrendadora de la Cuenca, S. A. de C.V. y Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, S. A. de C. V., propiedad de su hermano Rolando Pérez Magaña, para transferir recursos millonarios a su empresa Comercializadora Tres Hermanos S.A de C.V. El monto detectado hasta ahora suma la cantidad de 298 millones 820 mil 865 pesos.
Además las obras que les adjudicaron la Secretaría de Salud, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua y la propia Secretaría de Obras Públicas no fueron concluidas y permanecen inconclusas hasta la fecha.
Y aunque Construcciones Civiles y Asesoría Técnica era socia de Constructora y Arrendadora de la Cuenca, S. A. de C.V. ambas participaban por separado en licitaciones pública, en una abierta violación a la Ley de Obra Pública. Como se demuestra en el fallo de la licitación hecha por la Secretaría de Salud, número 49111004-22-09, para la construcción del centro de salud y servicios ampliados de Santiago Llano Grande.
A pesar de la evidencia o por ella, el 24 de abril del 2009 la empresa Constructora y Arrendadora de la Cuenca, S. A. de C.V. aseveró, por medio de un oficio remitido al subdirector de Finanzas de la Secretaria de Salud, Sergio Roberto Patoni, que la misma no se encontraba en ninguno de los supuestos que establece el artículo 51 de la Ley de Obra Pública.
Mismo que establece: las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las materias a las que se refiere esta ley, con las personas siguientes:
VI.- Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociados comunes.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocido como tal en las actas constitutivas, estatutos o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.
Todo a empresas de Eviel
El director de CAO, Ambrosio Vásquez Arango, otorgó a Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, S. A. de C. V. la reconstrucción de la carretera Ixtlán de Juárez-Zoogocho del kilómetro 55+000 al 52+000, según contrato 10-T-CAO-H-102-W-0-10, pero la obra nunca se realizó.
Un caso singular es la licitación pública que realizó la Secretaría de Salud, número 49111004-22-09, por un monto de 13 millones 984 mil 953 pesos con 42 centavos, donde desechó la propuesta de Construcciones Civiles y Asesoría Técnica, S. A. de C. V. pero adjudicó la obra a Constructora y Arrendadora de la Cuenca, S. A. de C.V.
La Comisión Estatal del Agua otorgó el contrato 12R100-APASZU-U5-03-249/2000 para el diseño, construcción, equipamiento, pruebas, puesta en servicio y operación transitoria de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tuxtepec, por un monto de 63 millones 769 mil 91 pesos con 89 centavos, aunque también quedó inconclusa.
Durante la gestión de Pérez Magaña como secretario de Obras Públicas durante el periodo 2005 -2009, las empresas “Constructora y Arrendadora de la Cuenca S.A. de C.V.” y “Construcciones Civiles y Asesoría Técnica S.A. de C..V.”, contrataron servicios y pagaron cuantiosas cantidades a la empresa Comercializadora Tres Hermanos S.A de C.V., propiedad de Eviel Pérez Magaña y su padre Eviel Pérez Cortar.
Además ambas empresas muestran una clara vinculación administrativa, como lo demuestra el hecho de haber realizado el trámite de inscripción al Padrón de Proveedores, el 5 de enero del 2009, ante la Secretaria de Finanzas el mismo día y con sólo un minuto de diferencia.
Estas empresas se vieron favorecidas con la obtención de recursos del gobierno del estado para el financiamiento de las obras contratadas, sin seguir los procedimientos establecidos en las disposiciones legales reglamentarias y normativas estatales y federales correspondientes.
Todo esto a pesar de múltiples evidencias y pruebas no es atendido por los órganos de fiscalización y administración de justicia del gobierno de Oaxaca, y tampoco por los del gobierno federal pues la mayor parte de esos recursos fueron enviados por la federación.
