Finalmente, el SUTCOBAO en manos de los líderes charros que la controlan desde hace 22 años, hicieron lo esperado: se reeligieron por otros 4 años, con la venia y apoyo de la parte patronal, de la dirección que ostenta el priista González Illescas. ¿Llegarán a los 26 años y a los más de 30 como el dictador Porfirio Díaz? ¿Necesitarán también una insurrección para ser echados de esa gremial, como aquél del país?
Las interrogantes vienen al caso por los aires de cambio que soplan en el sector del sindicalismo nacional. Las reformas laborales impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador ha reforzado la inconformidad de los trabajadores sometidos a caciques sindicales vitalicios, amafiados con la parte patronal y las corruptas Juntas de Conciliación y Arbitraje. Éstas últimas ya fueron desparecidas en la reciente reforma laboral, así como la obligación de hacer votaciones directas, libres y secretas y no por delegados, generalmente comprados, como en el SUTCOBAO y la Sección 22.
La voluntad de democratizar los sindicatos por parte del gobierno federal, apunta a ir desmontando el régimen que durante décadas se apoyó en el sindicalismo charro, entregado a los patrones, en contra de los intereses de los trabajadores. Eso se puede ver con claridad en lo que sucede hoy en el sindicato de PEMEX, ejemplo de una auténtica mafia sindical, con la salida de Carlos Romero Deschamps.
Sin embargo, ni la voluntad del ejecutivo federal, ni las nuevas leyes democratizadoras podrán por sí solas liberar a esos sindicatos, se necesita la participación y esfuerzo decididos de los trabajadores para empujar hacia esos cambios que tiene como beneficiario inmediato a los trabajadores sometidos por esos líderes vitalicios y venales, pero, sobre todo, a los ciudadanos que verían mejorar la educación media superior de sus hijos al combatirse la corrupción que sustrae recursos y calidad en la administración de esos Colegios, otrora de calidad.
Aunque tuviera el ejecutivo federal la mejor intención de sanear las instituciones y gremios nacionales, imposible lograrlo por decreto ni que se inmiscuya al interior de éstos para componerlos. Tienen que ser quienes trabajan en esos centros quienes pugnen porque las nuevas leyes se apliquen. Exijan a sus diputados locales que legislen reformas laborales similares para prescindir de la Junta de Conciliación y Arbitraje estatal, subordinada al gobierno del estado.
