Cuauhtémoc Blas

Vamos para atrás en cuanto a democracia, buen gobierno, seguridad, administración pública, federalismo, salud, educación, entre tantos otros aspectos. Décadas de avance legislativo que dieron paso, por ejemplo, a la reforma política que en los tiempos de Ernesto Zedillo permitió la transición en el poder se están perdiendo.

Los intentos de descentralización en la administración de la educación pública también llegan a su fin. El próximo 1 de enero lo más sensible de este servicio, el pago de los maestros volverá a manos de la federación, luego de tres décadas perdidas, cuando en las entidades como Oaxaca en vez de que los actores locales de este servicio pugnaran por adecuar los métodos, pedagogía, calendarios, etcétera a la realidad estatal se conformaron alegremente con repartirse el multimillonario presupuesto del IEEPO cual botín de conquista.

Esos recursos públicos enviados por el centro federal, ojo, no creados en la entidad, desde el principio fue alegremente recibido por la clase política local y su burocracia educativa con una visión patrimonialista, como si fuera patrimonio propio y familiar y no como lo que es, recurso público para uso social.

Esa postura propició que en Oaxaca la descentralización administrativa de los servicios públicos en materia de educación y salud, por mencionar los más sensibles, fueran los más sonados fracasos. Ambos están hoy en pleno colapso.

En materia educativa las cifras y estadísticas son más que preocupantes. Estamos en los más bajos índices de calidad educativa, reprobados en matemáticas y lectura. Nuestro estado apenas figura con seis años de escolaridad como promedio estatal junto con Chiapas, cuando el promedio nacional es de 8 grados.

Cuauhtémoc Blas

El Estado Mexicano se encuentra duramente cuestionado por la violencia contra 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos —más conocida como de Ayotzinapa— en Iguala Guerrero. México se ve como es, un país sin Estado de derecho. Las condenas también se dan en el extranjero. Sobre todo por tratarse de estudiantes, que más tarde fungirían como maestros. Una profesión muy admirada en la mayoría de países.

Ahora el fantasma de las protestas juveniles se cierne sobre los gobiernos de Guerrero y el federal, acompañados por mucha otra gente indignada por esa acción que agota todo calificativo. Se esperaba la renuncia del gobernador de ese estado, el ex priista y converso perredista Ángel Aguirre Rivero. Se esperaba pero el PRD lo sostiene en el cargo.

Los daños son irreparables por todos lados, los humanos, sociales, políticos y hasta los colaterales, como diría otro violento personaje, el panista Felipe Calderón quien gustaba de echar balazos sin ton ni son. Por si no fuera suficiente, las 19 fosas clandestinas encontradas con restos humanos, en lo que buscan a los normalistas, arrojan mayor desprestigio al país y al gobierno de Peña Nieto.

La mayoría condena la muerte de los dos normalistas y otras cuatro personas, 25 heridos y 43 desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, más aun cuando fueron realizados por un grupo integrado de policías municipales y sicarios del crimen organizado, muestra de la avanzada conformación de narco-gobiernos. Desde hace mucho se había denunciado al edil perredista prófugo, José Luis Abarca, por sus vínculos con el grupo Guerreros Unidos, extensión del cartel de los Beltrán Leyva que tiene el control de esa zona.