Tan sólo entre 2004 a 2008, el gobernador Ulises Ruiz fue demandado en 39 ocasiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversas violaciones a la Constitución. El oaxaqueño se convirtió así en el mandatario más impugnado mediante la vía de la controversia constitucional.
Eso sin contar las impugnaciones que ha recibido entre 2009 y 2010, además de que en 2009 la Corte determinara su responsabilidad lisa y llana en la violación de garantías individuales por su actuación durante el conflicto del 2006; y la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este año, que señala su responsabilidad en la comisión de irregularidades durante el proceso electoral federal del año pasado.
Pues bien, las acciones señaladas no son responsabilidad únicamente del Ejecutivo, en ellas, ya por acción o por omisión, juega un papel preponderante el Congreso del Estado. Los diputados oaxaqueños en la mayoría de los casos fueron quienes materializaron las violaciones al crear o reformar leyes de forma anticonstitucional, destituir concejales, retener recursos a los municipios; o bien, al exonerar sin mayor trámite al gobernador de las resoluciones de las instancias de justicia federales.
Así, lo que pareciera un dato meramente estadístico, es una prueba fehaciente del papel de la Legislatura oaxaqueña: la subordinación al gobernador.
Competencia por ser más sumisos
En una competencia en mostrar mayor servilismo se convirtió la actuación de los diputados de las más recientes legislaturas. Luego de la exhibición impúdica de los excesos y subordinación de Bulmaro Rito, siguió la medianía de Herminio Cuevas.
Pero más allá de sus particulares formas de dirigir al rebaño de congresistas, es clara la sumisión mostrada al gobernador del estado. Como nunca quedó claro que el equilibrio de poderes es una ficción, que los diputados no han sido sino meros empleados del Ejecutivo; prestos a defenderlo antes que a fiscalizarlo, como es su deber. Dispuestos a la ignominia para evitar que el gobernador en turno sea molestado siquiera con una votación dividida.
Antes que una colaboración entre poderes, hay una subordinación en temas fundamentales para Oaxaca: a la demanda de transparencia, se diseñan leyes que garanticen opacidad y se crean organismos que protejan la fiscalización de los recursos públicos, como la Auditoría Superior del Estado; a la exigencia de iniciar procesos legales contra el mandatario por evidentes irregularidades, se hacen burdas escenificaciones para exonerarlo; a su obligación de poner cotos al Ejecutivo, se le otorga manga ancha para el mayor endeudamiento público en la historia de Oaxaca.
Es el tenor que marcó la actuación de la 60 Legislatura, que en este noviembre, para fortuna de los oaxaqueños, concluyó su gris actuación.
Las reformas del retroceso
Si algo caracterizó a la 60 Legislatura, es la acelerada marcha hacia atrás que hizo en tan sólo tres años en el marco jurídico oaxaqueño. Tras el grave conflicto que estalló en 2006, se esperaba que los diputados electos en 2007, atendieran cuando menos algunas de las graves causas que motivaron la crisis oaxaqueña. Sin embargo, el carro completo que obtuvo el PRI, aunado al bajo perfil de la mayoría de los diputados seudo opositores, prestos a cambiar sus votos por canonjías y prebendas, dieron al traste con tal pretensión.
Las formas, antes cuando menos cuidadas, se hicieron a un lado. Apenas transcurrían los primeros meses de su actuación, cuando el Congreso local, abroga la ignominiosa Ley de Transparencia promulgada en el 2006, tan sólo para aprobar en un procedimiento al vapor, una nueva que les fue ordenada por el Ejecutivo. El objetivo era claro, postergar al máximo el inicio de las obligaciones de transparentar la actuación gubernamental, además de poner a unos comisionados subordinados.
Similar situación se presentó con la Auditoría Superior del Estado (ASE). Con un discurso democrático, se impulsan cambios fundamentales a la Constitución estatal para sustituir la anquilosada figura de la Contaduría Mayor de Hacienda por la nueva ASE. El supuesto avance es sólo nominal. En los hechos la ASE se convierte en un apéndice más del Ejecutivo, que lo mismo aprueba sin chistar las cuentas, que es empleada como instrumento político contra los municipios: a los priistas y de oposición que se pliegan al gobernador, se les perdona todo; incluso se les realizan auditorías a modo, de tal forma que salgan “limpios” de cualquier irregularidad. A los que muestran independencia del gobernador y el PRI, se les persigue, fiscaliza y castiga.
Todavía más. Como en el caso del Instituto de Transparencia, aquí también se pone a una incondicional como titular, además de que se le otorga fuero constitucional para que no pueda, durante su gestión, ser procesada por delitos del orden común. Nombramiento que recae en Lizbeth Caña Cadeza, la misma que en 2005, sin cumplir con los requisitos constitucionales fue designada procuradora de justicia del estado, cargo por el que enfrentaba serios señalamientos por su actuación durante el conflicto en 2006. La Legislatura entonces, no hizo sino otorgarle impunidad por los siete años que dura su encargo. Si es que la nueva legislatura sin mayoría del PRI no decide hacer reformas y cambios.
En ese mismo 2008 nuestros diputados realizaron una reforma electoral. Otra vez, con el garlito de adecuar la Constitución a los nuevos tiempos, y bajo el imperativo de la Carta Magna federal de realizar dichas reformas, dieron marcha atrás con algunas conquistas plasmadas en la anterior modificación legislativa del 2006: reinstalaron la antidemocrática “cláusula de gobernabilidad”; y garantizaron el control del PRI y del gobernador sobre el Instituto Estatal Electoral, al posponer hasta el 2011 el inicio, apenas, de la renovación escalonada de los consejeros.
En la jugada participaron activamente, como tantas otras veces, los diputados de la supuesta oposición de todas las fracciones parlamentarias, salvo un par de excepciones. El argumento esgrimido por el coordinador de la fracción perredista, del clan de los López: Jesús Romero López, es que a cambio de su apoyo a los cambios legislativos, se habían incorporado la figura del referéndum y el plebiscito. Sin embargo, esa también era una farsa, pues nominalmente se establecieron en la Constitución, pero no se tocó en la Ley Reglamentaria, esto es, el código electoral, por tanto era una reforma que nacía muerta, y bien lo sabían los seudo opositores.
Retorno al medioevo
En 2009, en contubernio con el PAN, los diputados priistas aprobaron una oscurantista reforma a la Constitución local. El 6 de septiembre, reformaron el artículo 12 constitucional para establecer la protección de la vida “desde el momento de la concepción”. Una añeja postura del panismo que en los últimos años ha impulsado en las entidades federativas, para establecer claramente la prohibición al aborto; aquí tuvieron la connivencia priista para lograrlo.
La reforma tuvo la impronta de la 60 Legislatura: la iniciativa y el dictamen se discutieron en la oscuridad, sólo los diputados y algunos funcionarios, sabían de la existencia de tal pretensión; el día de la sesión ciudadanos llegaron a protestar y exigir que la iniciativa se sometiera a un debate abierto, a lo que los legisladores se negaron. Lejos de ello, decidieron sesionar en la clandestinidad, una salida probada en distintas ocasiones.
Si bien la sesión a puerta cerrada está prevista por la ley, habla de incapacidad para consensuar una iniciativa, de la cerrazón e intolerancia de un cuerpo colegiado que se supone debe privilegiar el debate libre de ideas. Todavía peor, el recinto parlamentario fue rodeado por una desproporcionada movilización de policías, patrullas, camionetas, para reprimir a decenas de manifestantes,
Y, mientras decretos y leyes tardan meses en publicarse, en este caso el Ejecutivo tenía prisa, pues el 17 de septiembre aparece en el Periódico Oficial la reforma constitucional; y para que no queden dudas del actuar irregular, aparece antefechado al 12 de septiembre.
Por si fuera poco, los diputados exhibieron su ignorancia y pobreza argumentativa. Ante las críticas recibidas, la respuesta fue que no se habían quitado las excepciones en la legislación secundaria, para permitir el aborto en determinadas circunstancias: el riesgo a la vida, que el embarazo sea producto de la violación, por ejemplo. Sin embargo, limitados como son ignoraron que ante una reforma como esa, los médicos o el ministerio público, podrán realizar acciones para defender un “bien superior”, consignado en la Constitución. Ya ha sucedido en otras entidades, cuando se ha negado el ejercicio de ese derecho a víctimas de violaciones.
Deuda pública al mil por ciento
Es el gobierno de Ulises Ruiz el que más ha endeudado a Oaxaca en toda su historia. A poco más de mil por ciento creció la deuda pública respecto a su antecesor José Murat, pasando de 600 millones al inicio del sexenio a seis mil 600, ahora que éste termina.
La cosa no para ahí. Además, hay dos mil 800 millones de pesos que están encubiertos bajo la figura de “certificados bursátiles”, y que se garantizaron con la recaudación de los impuestos sobre nómina y de derechos vehiculares por los próximos 28 años. Es decir, todo lo que se recaude por estos impuestos, irán directa e íntegramente al pago de esos certificados.
Pues bien, para lograr tal propósito, el Ejecutivo tuvo que contar con la anuencia de la Cámara de Diputados, pues es facultad de ésta autorizar o no la contratación de empréstitos. En el caso de los certificados bursátiles. el Congreso local aprobó, en diciembre de 2007, los decretos 508, 521, 522 y 539 para autorizar al gobierno de Ulises Ruiz la afectación “en forma irrevocable” de los gravámenes mencionados. Y, previsores, establecieron que en el remoto caso que esos impuestos dejen de cobrarse, los tenedores de los certificados los cobrarán directamente de las participaciones federales que anualmente recibe Oaxaca.
Por supuesto, lejos están de pedir cuentas del destino de esos recursos contratados por el gobierno estatal. Año tras año la cuenta pública ha sido aprobada sin mayores observaciones. Más aún; ante el reciente escándalo en que estuvo involucrado el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, se evidenció que nunca fue citado a comparecer ante era el Legislativo, ni cuando las cuentas no cuadraban o siquiera para explicar los gastos generales del gobierno estatal. Ni siquiera recientemente cuando los familiares del también diputado suplente, Ortega Habib, fueron enviados al penal de Puente Grande acusados de lavado de dinero con mil 200 millones de pesos presumiblemente sacados del erario de Oaxaca. Protección y complicidad a abierta e impúdica.
Serviles procesos de exoneración
Para que no quedaran dudas al servicio de quién están los diputados, la 60 Legislatura protagonizó dos puestas en escena para exonerar al gobernador Ulises Ruiz, de irregularidades y violaciones a la ley, dictaminadas en instancias superiores.
En mayo de 200ç10, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación recomendó iniciar un Juicio Político al gobernador de Oaxaca, al haber comprobado que había hecho uso irregular de recursos y programas públicos en apoyo a su partido, el PRI, durante las elecciones de 2010.
Tras haber perdido un amparo contra tal resolución y con el fin de evitar que el Congreso federal le iniciara el procedimiento, Ruiz Ortiz instruyó a sus personeros en el Congreso local para montar una farsa. La Auditoría Superior del Estado elaboró una predictamen en el que se “demostraba”, que no hubo tal uso irregular de los recursos estatales. En la Legislatura, los diputados “analizaron” tal documento y dictaminaron entonces que “no había lugar” a tal Juicio Político, en virtud de que no existía irregularidad alguna.
Exoneran al responsable del 2006
Meses más tarde, montaron una nueva escenificación. Tocó el turno a Cristóbal Carmona, diputado por el PANAL, hacer por enésima ocasión el papel de patiño. Carmona presentó una demanda de juicio político contra el mandatario oaxaqueño; inusitado para quien se ha caracterizado por su entreguismo emprender tal acción contra el gobernador Ruiz. Sin embargo, sólo era una estratagema.
En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado la “responsabilidad lisa y llana del gobernador Ulises Ruiz Ortiz en la violación de garantías individuales” durante el prolongado conflicto de 2006. Aún cuando tal resolución no es vinculante, esto es, no genera responsabilidad jurídica alguna, es un fuerte antecedente para que el Legislativo pudiese iniciar un Juicio Político.
Y dado que la nueva Legislatura tendría 17 días, los que restarían del sexenio de URO, para realizarlo, o incluso el Congreso federal podría retomarlo, URO buscó ganarles la mano y garantizar la inoculación contra tales posibilidades. Así, los resultados estaban por demás previstos. En un procedimiento fast track, en apenas 10 días, los diputados oaxaqueños determinaron que no se encontró “responsabilidad alguna atribuible al gobernador del estado, ni por acción, ni por omisión, ni directa, ni indirecta”. Otra vez, fue exonerado.
Garantizan impunidad
En la última semana de su gestión, los diputados aprobaron la Cuenta Pública del gobierno estatal hasta el mes de octubre, resultando, ¡faltaba más!, aprobada por unanimidad, sin siquiera hacerle observaciones mínimas.
Pero, no sólo el gobernador Ulises Ruiz resultó exonerado de sus irregularidades por la Legislatura. En sus últimas sesiones, los priistas incluyeron en el orden del día, la aprobación de la cuenta pública de 52 ayuntamientos. Pese a la imposibilidad práctica siquiera de darle una revisadita, pasaron sin mayor problema el trámite legislativo.
No para ahí la cosa. El Consejo General del IFE había dictado una resolución en contra del presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Argeo Aquino, por un delito electoral, por lo cual recomienda a los diputados apliquen la sanción correspondiente. Pues bien el Congreso estatal determinó el 6 de noviembre que “no a lugar a sancionar” al controvertido edil.
Similar protección tuvo Carolina Aparicio, quien fuera presidenta municipal de San Pedro Pochutla en el trienio 2005-2007; al auditar su gestión la Auditoría Superior de la Federación determinó que, por diversas irregularidades cometidas, deberían ser sancionadas las autoridades municipales, acción que compete a la Legislatura local. Pues bien, los diputados decidieron que “no existen elementos para el fincamiento de responsabilidad administrativa” en contra de Aparicio y sus compañeros de cabildo, por lo que se ordenó su archivo. Ahora Carolina ya goza de fuero, pues es diputada en la 61 Legislatura.
Sorprendente esa capacidad de los legisladores oaxaqueños, que en un santiamén refutan lo que a organismos especializados les ha costado tiempo y trabajo determinar, que ha seguido un largo procedimiento, y en que las partes señaladas de cometer irregularidades, han sido llamadas a comparecer y defenderse. Nada sirve, pues los diputados oaxaqueños se convirtieron en una maquinaria para garantizar impunidad.
Corolario gris
La Legislatura asumió un papel realmente activo. Llegaron una veintena de iniciativas de Ley, abrogaron otras, crearon unas más, calificaron cuentas públicas del gobierno estatal y ayuntamientos, nombraron consejeros de organismos autónomos, etc., etc.
Todo ello hubiese sido digno de elogio, de no ser porque todo eso lo hicieron en una semana, justo la última para concluir su encargo. Todavía más, la hicieron lo mismo para proteger autoridades venales, como ya hemos señalado, o para ajustar las leyes que permitan obstaculizar la actuación del próximo gobierno. Tal es el caso de las leyes al vapor en torno a los municipios, que van en retroceso sobre lo hasta ahora obtenido. La inaudita actividad legislativa derivó de dejar lo más protegido posibles a quienes a partir de el 1 de diciembre abandonan sus cargos.
Un ejemplo claro es el nombramiento de la comisionada del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, ante la renuncia de Alicia Aguilar Castro. Para evitar que la próxima Legislatura hiciese la designación, se adelantaron e impusieron a Soledad Rojas Walls, sin ninguna experiencia en el tema, que ha deambulado en cargos en la administración pública referentes a las ¡relaciones públicas! Claro, cumple el requisito esencial del régimen que se va: su cercanía con el gobernador Ulises Ruiz.
Hay más. La Legislatura será recordada por los reveses que tuvo en casos como la revocación del mandato de los ediles de la Villa de Etla y San Pedro Jicayán. En ambos casos la Suprema Corte de Justicia revocó la decisión de los diputados porque estaba o mal integrado el expediente o no se realizó el procedimiento como era debido. Y como esos hay muchos ejemplos más.
Heredan el poder a minoría priista
Un Congreso subordinado, servil hasta la ignominia, no podía concluir mejor su actuación que realizando reformas a su Ley Orgánica y al Reglamento para supuestamente “democratizar la Legislatura y adecuarla al nuevo contexto sociopolítico”, como anunciaron, pero que en el fondo escondía otra regresión autoritaria: garantizar que el PRI, que perdiera la mayoría legislativa en las pasadas elecciones de julio, mantuviera el control del órgano de gobierno del Congreso y con ello la designación de los titulares de las principales áreas ejecutivas: la Oficialía y la Tesorería.
En las reformas los diputados salientes crearon para sus sucesores la Junta de Coordinación Política, como órgano de gobierno del Congreso estatal, cuya presidencia será rotativa anualmente. Hasta ahí corresponde con la forma en que se organiza el Congreso federal. El pero inicia cuando establece que el primer año la presidencia corresponderá a la primera minoría (esto es la fracción priista), y que es facultad del presidente la designación del Oficial Mayor y del Tesorero.
Reformas que como tantas otras realizadas por esta y la anterior Legislatura, tuvieron que enfrentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que determinó que estas modificaciones legislativas eran anticonstitucionales y, por tanto, las invalidó. En su dictamen la SCJN evidenció, de paso, el burdo actuar de los diputados oaxaqueños, que no cumplieron con las mínimas formalidades para realizar siquiera la lectura del dictamen, contar los votos y llevar a cabo la sesión.
Más tardó en conocerse la decisión de la Corte, en que los priistas votaran nuevamente la misma ley, con cambios mínimos en la redacción. Y desesperados al no lograr la mayoría necesaria para la votación, tuvieron que habilitar a diputados con licencia, como José Humberto Cruz Ramos, pues el que estaba en funciones no contestaba el teléfono; sacar de su convalecencia a la diputada Claudia Silva Fernández y conminar a los demás para que estuvieran en la sesión para votar.
Y, como también ha sido norma invariable en el actuar de los opositores, sólo algunos cuantos se presentaron para impugnar la ley. Los demás facilitaron la tropelía priista una vez más, con la connivencia que establecieron durante los tres años que estuvieron en el Congreso local.
De esta forma culmina la LX Legislatura su encargo. Pasará a la historia como ejemplo de la más abierta subordinación al Ejecutivo; como una rémora del siglo pasado. Lejos, muy lejos, de intentar siquiera cumplir con la sociedad oaxaqueña.