Las fuertes lluvias que en las últimas semanas han arrasado con kilómetros de cinta asfáltica, derrumbado algunos puentes y puesto en peligro de colapso a otros, deslavado cerros sobre las vías de comunicación y que han sepultado viviendas, dejado incomunicados a centenas de comunidades, inundado y derrumbado casas y damnificado a miles de oaxaqueños, develaron también que, en mucho, esa situación de emergencia deriva de uno de los más graves males que aquejan a Oaxaca: la corrupción.
El terremoto de 1995 que derrumbó miles de edificios en la ciudad de México, mostró que en su mayoría éstos no contaban con las normas de construcción, se habían edificado con materiales de baja calidad y violaban toda normatividad en materia de seguridad. A pesar de eso contaban con las licencias y la documentación en regla. ¿Cómo era esto posible?, lo era por el grado de corrupción imperante. Supervisores y autoridades expedían los permisos mediante el pago de “mordidas”. Fue la corrupción la principal causante de la tragedia que costó la vida a miles.
Similar situación se presenta ahora en Oaxaca. Vías de comunicación recién inauguradas han sido arrasadas por las aguas; en la capital y varios centros urbanos, las calles tienen cráteres y las autoridades no las reparan porque “se acabó el presupuesto”; como tampoco atienden los daños causados por deslaves; la reapertura de medios de comunicación es muy lenta. Muchos asentamientos en los perímetros de los ríos, o en zonas de alto riesgo en los cerros, pese a la prohibición de edificar en esas zonas, se regularizan por una larga cadena de corrupción que atraviesa partidos políticos, organizaciones sociales y, por supuesto, los gobiernos.
En el Fortín el cerro se deslavó sobre la carretera ampliada en 2007; aquella en la que, por cierto, cuando se construía se alertó sobre las fallas técnicas que tenía, que existía un alto riesgo de derrumbes; y que incumplía con la normatividad en la materia. Denunciarlo costó amenazas y hostigamiento a la periodista Nadia Altamirano, quien publicara reportajes sobre el tema en El Imparcial, pero la obra fue concluida pese a sus fallas. Hoy los riesgos denunciados se han materializado.
La corrupción campea y afecta por todas partes. Y nos referimos no sólo a aquella que se ha popularizado, como otorgar pagos a cambio de agilizar trámites o evitar sanciones. Lo es también aquella que autoridades gubernamentales establecen con constructoras para asignarles obra pública a cambios de un porcentaje que va del 10 al 40 por ciento. Para reponerse las constructoras emplean materiales de pésima calidad, incumplen con las normas técnicas. Los resultados están a la vista. Millones de pesos van a las bolsas de funcionarios venales y empresarios; a cambio, los oaxaqueños padecen obras mal construidas, inservibles, que pueden hasta ocasionar la pérdida de vidas, del patrimonio familiar, de lo poco que en mucho tiempo las familias lograron adquirir.
Será por eso que durante la campaña a la gubernatura, los candidatos escucharon una queja reiterada: la corrupción de las autoridades. Desde las municipales, hasta de los oficiales del registro civil, los recaudadores de rentas. Y las autoridades municipales se quejan de los delegados de gobierno, los funcionarios de Coplade y de otras dependencias, por exigir cuotas de las participaciones municipales, de la mezcla de recursos. Los “servidores públicos” están más ocupados en el reparto del botín, que en el cumplimiento de sus funciones.
Contratistas, empresarios y tiendas de materiales saben de antemano que deben dar un “porcentaje” a los funcionarios para que les asignen obra pública o adquieran en sus negocios. Sin soslayar que la corrupción corre en ambos lados.
“Aquí no es necesario robarse nada, lo único que hay que hacer son negocios”, señalaba indulgente un titular de un organismo ejecutor de obra pública. Y cierto, al amparo del poder, se hacen múltiples negocios. Eso simple y llanamente es corrupción, pues se juega con información privilegiada, con la facultad de asignar obras y montos; con recursos del erario. Sin dejar de pasar que en la ley hay prohibición expresa de realizar tales acciones. Esta insensibilidad es la que lleva a que, mientras en colonias y comunidades oaxaqueñas no hay agua potable, mientras miles de damnificados no tienen acceso a alimentos y bebidas, en los frigobar de estos funcionarios no pueden faltar botellas de Evián, el agua francesa embotellada que es bebida de moda del sexenio que fenece.
Embates contra la rendición de cuentas
Contra estos excesos del poder votó la ciudadanía el 4 de julio. Por eso también, en los foros ciudadanos convocados por el gobernador electo para definir su plan de desarrollo, las demandas más recurrentes son: acabar con la corrupción, transparentar las acciones de los tres niveles de gobierno y exigir que los servidores públicos rindan cuentas.
Y es que el actuar ciudadano, con mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, son parte de la fórmula para acabar con la corrupción. Pero no es tarea fácil implementarlos. Oaxaca es la muestra fehaciente de ello.
La corrupción y la resistencia de los gobiernos a transparentar su actuación son un mal nacional. Lo prueba la negativa del gobierno federal de brindar información de las empresas que evaden el fisco, lo que de paso exhibe que la opacidad también pasa por la iniciativa privada e incluso permea a una buena parte de la sociedad. Pero en este caso, hay un fallo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Secretaría de Hacienda ha perdido todos los recursos interpuestos para evitar dar la información. Y al final, con una marrullería, evitan dar a conocer los datos.
En fechas recientes los comisionados del IFAI, que es un organismo que se ha ganado la confianza social al demostrar real autonomía, han denunciado maniobras del gobierno federal para acotar la actuación del instituto. Además, el Legislativo se niega a otorgar a este órgano autónomo mayor presupuesto, cuando se ha demostrado que es necesario para eficientar su actuación.
Distintas instituciones académicas y de la sociedad civil, como el Centro de Investigación y docencia Económicas (CIDE) y FUNDAR, han alertado contra este embate de los gobiernos para revertir los embates de la transparencia. Se han edificado verdaderas murallas para evitar la entrega de datos e información, coinciden los especialistas.
Aunque han proliferado estudios sobre la transparencia, en su mayoría analizan que los portales de Internet cumplan con las formalidades. Son éstos los que publicitan los institutos de transparencia estatales, pues salen bien librados. La situación cambia cuando se realiza un análisis más profundo del asunto. De la calidad de la información, la autonomía de los órganos garantes y la eficiencia en las respuestas, hay dos estudios realizados en los últimos dos años: el Monitoreo al derecho al acceso a la información y la actuación de los institutos de transparencia, coordinado por Alianza Cívica en 2009 (http://www.alianzacivica.org.mx); y la Métrica de Transparencia 2010, realizado por el CIDE (www.metricadetransparencia.cide.edu). Ambos revelan esos embates que desde el gobierno federal y los gobiernos estatales se realizan en contra de la rendición de cuentas
El IEAIP, obstáculo a la transparencia
Si en el plano nacional se presentan esos problemas, en Oaxaca las cosas están peor. El organismo encargado de salvaguardar el derecho al acceso a la información, el Instituto Estatal de Acceso a la información Pública (IEAIP), se ha convertido en el principal obstáculo para su ejercicio. Una situación que deriva de un problema de origen: la evidente subordinación al Ejecutivo de los comisionados y un marco legislativo con candados para garantizar la opacidad.
Por eso, mientras destacan los resultados de estudios sobre portales de transparencia, que los ubican en buen sitio, omiten referirse siquiera a aquellos que evidencian sus limitaciones. En una publicación presentada el 24 de septiembre, se presentan los datos arrojados por diversas evaluaciones sobre la transparencia en las entidades federativas. En todas Oaxaca sale mal librado; el argumento básico esgrimido es que esos estudios se realizaron entre 2008 y 2009, cuando el IEAIP estaba por iniciar o empezaba apenas sus funciones.
De 2010, sólo mencionan los estudios de Política Digital que únicamente evalúa los portales de Internet y que ubica a Oaxaca en el ¡¡tercer lugar!! Quienes han consultado la información de oficio publicada en ese medio electrónico, se preguntan ¿qué evaluaría esa consultora? Algo más serio es el estudio de a-regional, que ubica a la entidad como transparencia alta respecto a la legislación y la información presupuestal; media, en cuanto a la información en los portales y el desglose del uso de recursos públicos por partidas y proyectos; y baja, en lo que se refiere a que no se cuenta con un sistema de indicadores de gestión del quehacer gubernamental.
Estos son los resultados que se destacan en Transparencia en Oaxaca 2008-2010 (IEAIP, 2010). Sin embargo, los indicadores si bien importantes, no dejan de ser producto de formas de medición, en muchos casos de aspectos formales o técnicos (velocidad de acceso a la página, diseño, formatos de las solicitudes, etcétera). Con todo, salvo por Política digital (cuya evaluación es refutada por los otros estudios), en los demás ejercicios Oaxaca queda en muy mal lugar.
Ahora si consideramos los ejercicios que hacen una evaluación más rigurosa y profunda para verificar la calidad de la transparencia, a la entidad le va peor.
En Métrica de la Transparencia realizado por el CIDE (es de señalar que en la publicación del IEAIP se refiere al estudio del mismo nombre realizado en 2007), en este 2010, Oaxaca aparece en el lugar 29 en cuanto a portales se refiere; en el 24 ante el ejercicio de un usuario simulado; en el 25 en lo que se refiere a la normatividad. Sólo en capacidades institucionales queda en el 11. En un promedio general estaría en el lugar 22; muy lejos siquiera de la media que garantice una regular protección del derecho a la información.
Al estudio coordinado por Alianza Cívica y la Unión Europea y realizado entre 2008 y 2009 por investigadores del Instituto de Investigaciones Sociológicas, que escudriña a fondo los problemas de la transparencia en Oaxaca y evalúa la actuación del IEAIP, no lo consideran. Las razones son obvias al ver que en éste, se devela que ese organismo se ha convertido en el principal obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información.
Los problemas son graves y complejos. En primer término es de resaltar que la actual Ley de Transparencia si bien tiene importantes avances, al tiempo establece omisiones o candados para garantizar la opacidad. Uno de ellos es que la autonomía del IEAIP de la que habla y que es esencial para el ejercicio de este derecho, es mera ficción legislativa, dado que el procedimiento y los requisitos para nombrar a los comisionados están diseñados para garantizar la subordinación al ejecutivo.
Comisionados sin prestigio
Instancias internacionales y estudios sobre el tema, recomiendan que los titulares y funcionarios del órgano garante no deberían haber sido titulares de los sujetos obligados, directivos de partidos políticos, candidatos a puestos de representación popular u ocupado estos cargos, en por lo menos tres años anteriores a su designación. Y tampoco podrían serlo sino hasta tres años después de concluido su ejercicio.
En el ámbito federal es claro que Alonso Lujambio, titular de la Secretaría de Educación Pública, violenta esta disposición, dado que pasó de ser el comisionado presidente del IFAI a dicha secretaría de Estado.
En el caso de Oaxaca, qué independencia puede tener el presidente del IEAIP, Genaro Vásquez Colmerares, si cuatro meses antes de su nombramiento era diputado local, cargo al que llegó como candidato del partido Convergencia, para después pasarse al PRI. Su historia servil hacia el Ejecutivo y el PRI es conocida. Además, en noviembre de 2008 (lo designaron en el IEAIP, en marzo de 2009), le otorgaron un fiat notarial; justo en uno de los procedimientos más oscuros de la administración pública.
Raúl Ávila Ortiz, era candidato del PRI a presidente municipal por Tehuantepec, en octubre de 2008; después de una lista de cargos que ocupó al servicio del gobernador Ulises Ruiz (coordinador de asesores, director de Comunicación Social). Su subordinación no tiene duda. Alicia Aguilar, era titular de la Casa de la Cultura (uno de los sujetos obligados) hasta ¡un día antes de su nombramiento como comisionada!; además de sus lazos familiares con uno de los más cercanos miembros del equipo ulisista, Raúl Castellanos, jefe de prensa (el mismo que protagonizara las llamadas telefónicas que se filtraron durante la campaña a la gubernatura).
Visto está que la autonomía de IEIP es demagogia. Y de ahí deriva el tortuguismo en atender las solicitudes de información; en la tramitación de los medios de impugnación en que se hacen a un lado los tiempos legales y dilatan de más. Al final la calidad de información es bajísima y las más de las veces, se entregan datos que no cumplen con lo que se solicitó. Entre 2009 y 2010 se hicieron una serie de solicitudes de información a distintas dependencias del Ejecutivo y Legislativo. En las más, ante la mínima sospecha de que podían develar alguna irregularidad, se obstaculizaba su acceso. Recursos interpuestos tardaron meses más que lo establecido en la ley y el reglamento.
De ahí pues el maquillaje de las cifras, en cuanto a consultas realizadas; el condicionamiento a las solicitudes de información; las evasivas para cumplir con los periodos y plazos legales; la complicidad con las Unidades de Enlace de los sujetos obligados. Estas anomalías derivan de ese problema original, la parcialidad del IEAIP. Una relación pormenorizada de estos artilugios se pueden ver en El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información en el estado de Oaxaca y la actuación del instituto de transparencia; en Federalismo y Transparencia en México: seis estudios de caso. (Alianza Cívica-Unión Europea, México, 2009; y que se puede consultar en el portal de Alianza Cívica).
La información reservada, aún cuando aparentemente es clara en la ley, es clasificada como tal a criterio del titular de la dependencia u organismo que se trate. Las sanciones no son claras, pues remiten a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y ahí es tan general, que es más fácil evadirla que siquiera iniciar un procedimiento contra quien violente el derecho a la información pública.
Por eso, el IEAIP no hace sino lanzar campañas publicitarias, como ocurrió con la solicitud al Congreso estatal de iniciar un juicio político contra el edil de Zaachila, por denegar una solicitud de información. No había elemento alguno para iniciar tal proceso, ni el IEAIP tiene facultad para sancionar.
La disposición expresa de que sólo los municipios con más de 70 mil habitantes son sujetos obligados; la falta de servicio civil de carrera y exámenes de oposición para los directivos; el maquillaje que se hace en los portales de transparencia con la información pública de oficio, son otros obstáculos.
Y hay un amplio margen para los órganos autónomos; los partidos políticos; las organizaciones sociales y civiles; las universidades públicas; sindicatos. Esto es, todos aquellos a los que se asignan recursos públicos deben rendir cuentas. Independientemente de que, sindicatos y organizaciones, deben transparentar sus acciones, al menos ante a sus agremiados.
Son éstos los problemas más visibles, pero no los únicos que hay que cambiar para que la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en Oaxaca sea una realidad. El IEAIP ha anunciado ya haber elaborado una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia. Habría que tener cuidado con ella; en los últimos años se han modificado la legislación con un discurso democrático, pero en el fondo conlleva un fortalecimiento autoritario. Y después de julio, el Congreso local no hace sino aprobar cambios legislativos a la medida para proteger los intereses y la opacidad del grupo que en diciembre dejará el poder.
Opacidad o transparencia, reto del nuevo gobierno
El que exista o no transparencia en el quehacer gubernamental, obliga a gobiernos y organismos con recursos públicos, pero es una responsabilidad de todos cuidar que se rindan cuentas. Finalmente los cambios legislativos se tienen que realizar en el Congreso; la iniciativa puede partir del ejecutivo y éste puede aplicar la racionalidad administrativa necesaria para hacer eficientes los procedimientos para atender las solicitudes de información.
Pero no basta. Es necesaria también una movilización ciudadana que exija información; periodistas que empleen las solicitudes como herramienta para su trabajo; instituciones académicas la usen para sus tareas. Y más. Es necesario impulsar una cultura de la transparencia; porque aquella que se exige al gobierno, muchas veces se evita en el ámbito personal, pero que tiene repercusiones públicas: el pago de impuestos es un ejemplo, tal vez el mejor, pues la circularidad de sus vicios afecta a todos: los ciudadanos no pagan porque no saben ni están convencidos del destino de sus recursos; los gobiernos no transparentan en qué y cómo gastan.
El 4 de julio los oaxaqueños votaron también por acabar con la opacidad y corrupción gubernamental. El reto es no quedarse en ese sufragio emitido. Es preciso construir una cultura democrática, una madurez institucional y un entramado legislativo que atienda esta problemática. Hacia ellos debemos encauzar nuestros esfuerzos y esa es responsabilidad de todos.
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