El pasado 15 de agosto del 2011, ante una solicitud de información a través del Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el tesorero del Congreso estatal Anselmo Ortiz García afirmó que “el Presupuesto de Egresos no contempla la partida de comunicación social (para el Poder Legislativo), por lo tanto, no se asignan recursos específicos para ella”.
Esto a pesar de que en la misma respuesta el funcionario público reconoció que “el director de Comunicación Social percibe un salario de entre 13 mil 148 pesos con 70 centavos y 18 mil 760 pesos con 62 centavos”. Lo que evidentemente es una contradicción y una ilegalidad.
Poco tiempo después, en el contexto de la elección del presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 21 de octubre del año en curso, el director de comunicación social, Jaime de Jesús Velásquez Escobar, ordenó la publicación de un desplegado en el que anuncia la elección de Rey Morales Sánchez como nuevo dirigente del PRD, desde la cuenta de correo y, lógicamente, a cargo de los recursos del Poder Legislativo.
Las órdenes de inserción a medios impresos y sitios de Internet se remitió desde el correo del Congreso, la cuenta congreso61.prensa@gmail.com.
La precisión de que el boletín era publicidad y era ordenada su difusión por el Poder Legislativo, en uno de los medios que lo difundió (Noticias), evidenció el desvío de recursos del Congreso para favorecer a uno de los contendientes por la dirigencia estatal del PRD y, sobre todo, la discrecionalidad con que se dispone de los mismos.
LA REACCIÓN
La evidencia del desvío de recursos del Poder Legislativo generó entonces una de las más inexplicables reacciones entre los diputados perredistas fieles al ex presidente estatal perredista Amador Jara Cruz, a fin de justificar lo injustificable.
De entrada, por medio de un boletín pagado por el Congreso, el grupo parlamentario del PRD se deslindó de la publicación, a través de su coordinador Carol Antonio Altamirano, quien coincidentemente colocó a Velázquez Escobar en la Dirección de Comunicación Social. En otras palabras chinto tapa a chinto.
Dos días después el diputado perredista Pavel Renato López Gómez denunció los hechos desde la tribuna del Congreso del estado y lejos de recibir el respaldo de sus “compañeros”, fue presionado por Antonio Altamirano para no evidenciar la corrupción al interior del grupo parlamentario del PRD.
Al día siguiente Velázquez Escobar es un hecho inédito envió un boletín, pagado también con recursos públicos, para intentar desmentir los hechos. Incluso en un lapsus acusó de la difusión de los actos de corrupción a “algunos reporteros los cuales no se han podido ver beneficiados con recursos del Congreso”, o sea que además de todo sí hay reporteros beneficiados con recursos del Poder Legislativo.
LA CAMARILLA
Desesperados por la cloaca abierta, el 29 de octubre del 2011 Comunicación Social del Congreso ordenó publicar un boletín, otra vez con recursos del erario público, en el que la Junta de Coordinación Política asegura que no dieron autorización ni instrucción para publicar el boletín que anunciaba el triunfo de Rey Morales en la elección interna perredista. Incluso lejos de solicitar una investigación exhaustiva del caso, aceptó como válida la explicación del comité estatal del PRD que en la víspera había exhibido copia simple del cheque con el que se pagó la inserción, aunque está se haya hecha pública 15 días después del escándalo.
Ese mismo día, por medio de un boletín pagado por el Congreso del estado el diputado perredista Alejandro Jarquín sostuvo que no hubo desvío de recursos del Congreso en apoyo de su correligionario Rey Morales.
Aún más, el 30 de octubre a través de otro boletín, nuevamente pagado con recursos públicos, el diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, señaló que no hay corrupción en el Congreso y pidió a sus compañeros Pavel Renato López Gómez y Aleida Serrano Rosado dirimir sus diferencias al interior de la fracción parlamentaria del PRD.
El problema es que Velázquez Escobar aceptó en privado lo que tanto negó en público y con recursos del estado. El 25 de octubre, en las oficinas de la fracción parlamentaria del PRD, ante los diputados Francisco Martínez Neri, Leticia Álvarez, Alejandro Jarquín, Carol Antonio Altamirano, Aleida Serrano y Pavel López Gómez, el director de comunicación aceptó que sí envió el comunicado para anunciar la supuesta elección de Rey Morales como dirigente estatal del PRD. Sin embargo, para ocultar su acto ilegal, juró que por la tarde llamó a los directores de los medios de comunicación para la cancelación de la difusión del boletín. Lo que evidencia su mentira es que en siete portales de Internet y tres medios de comunicación impresos el boletín se publicó, sin mayor modificación. En la misma reunión, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Antonio Altamirano, justificó la violación a la leyes, con el argumento de que los medios de comunicación “habían actuado con mala leche” en contra del partido del sol azteca.
LO BURDO
El 29 de octubre, en otro intento más por deslindarse de la publicación, Velázquez Escobar difundió que se había detectado que la ex empleada Diana Luz Vásquez Ruiz realizó llamadas al personal que labora en la dirección de Comunicación Social, “para preguntarles la clave de acceso al correo electrónico, instantes después nos percatamos que la cuenta no nos permitía el acceso”, aseveró en un comunicado pagado por el Congreso.
Además, envió comunicaciones vía correo electrónico para deslindarse de cualquier información difundida desde el correo electrónico congreso61.prensa@gmail.com. Porque supuestamente había sido hackeada.
Aunque no tuvo que esperar mucho para recibir una contundente respuesta de Vásquez Ruiz, quien precisó que en efecto laboró en el área de Comunicación Social del Congreso del Estado a partir del mes de febrero hasta la primera mitad del mes de julio del presente año, por tanto, “me parece bastante extraño y aventurado se me involucre en un tema del cual desconozco completamente y tampoco es de mi interés”.
“Es a partir de esa fecha que no tengo acceso al área descrita, computadoras o a la información que ahí se maneja ni mucho menos a la clave de la cuenta por la que recientemente se suscitaron hechos escandalosos que ponen en evidencia la falta de control y orden dentro de la mencionada dirección”.
La inquina no logró su cometido y era ya evidente que el asunto se había salido de control de la fracción parlamentaria del PRD, para involucrar a todo el Congreso estatal.
Días después los diputados López Gómez y Serrano Rosado anunciaron su separación de la fracción parlamentaria del PRD, entre otras cosas, porque en lugar de deslindarse de los hechos y exigir una investigación exhaustiva de los mismos, así como castigo a los responsables, Carol Antonio Altamirano asumió la defensa a ultranza de Velázquez Escobar.
Lo que no resulta extraño si se toma en cuenta que el dirigente de la UCD y ex presidente estatal del PRD, Amador Jara Cruz, impuso a Antonio Altamirano como coordinador del grupo parlamentario perrista y ambos a Anselmo Ortiz García, como tesorero del Congreso, y a Velázquez Escobar, como director de Comunicación Social.