“EL trienio salvaje” de Galdino Huerta
Santa Lucía vive horas negras. Si es ahí tradición que los presidentes se lleven los recursos públicos, para el actual eso no es suficiente, quiere más: incrementa estratosféricamente los impuestos; se apropia de terrenos particulares; inhibe la creación de empresas y empleos; privatiza los servicios públicos. Dos “políticas públicas” tiene Galdino Huerta: 1) la instalación de centros nocturnos, “giros negros”; y 2) con exagerados impuestos clausurar empresas, incluso lo han acusado penalmente de extorsión. Por eso es el peor ayuntamiento del año 2015.
Informe Especial En Marcha
El taxista de Santa Lucía del Camino dio rienda suelta a su enojo, apenas le preguntamos sobre la gestión de su presidente municipal Galdino Huerta Escudero, explota. Ante la impotencia para defenderse de Huerta —sin duda el edil más cuestionado de Oaxaca, junto con Rosa Nidia Villalobos de Salina Cruz—, al menos se desahoga.
Cuenta que además del taxi tiene un comedor con venta de cerveza que atiende con su familia. “Este año (2015) nos aumentó el impuesto de continuación de operaciones a 40 mil pesos —exclamó molesto—, de un comedor, pues aunque fuera una cantina, es demasiado”, agregó.
El taxista decidió no pagar esa cantidad pues ni siquiera la tiene, ni se recuperaría pronto de ese gasto. Al no pagar esa estratosférica cantidad, dice, Galdino le envió un mensajero para decirle que se presentara a negociar el monto del impuesto.
El señor asegura que ese es el estilo de Huerta, enviar mensajeros para negociar como si se tratara de un rescate o una extorsión. Quienes no tienen otro modo de ganarse la vida, caen. “Seguramente me dirá que me rebaja a 20 mil pesos, pero ni 10 mil le daré. Trabajaré con mi taxi y esperaré a que termine este trienio salvaje”, sentenció.
Huerta, acusado de extorsión
Precisamente, desde mayo de 2014 Huerta y su pandilla municipal fueron acusados por el delito de extorsión ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca por 17 empresarios que tienen sus establecimientos en ese municipio conurbado a Oaxaca de Juárez. Denunciaban los afectados que el director de comercio e industria, Fernando Raúl Díaz Mancera, le exigía entre 130 mil y 200 mil pesos por la continuación de operaciones para ese año.
Asimismo, solicitaron un amparo contra la clausura de sus negocios que ya se venían ejerciendo como medida coercitiva para que pagaran esa abultada cantidad. Distraídos de sus actividades productivas, los empresarios litigaban ese amparo y su acusación al ayuntamiento por los delitos de extorsión y abuso de autoridad.
Las amenazas de clausura se fueron cumpliendo contra esas empresas, y nada detenía y ni siquiera menguaba la voracidad de ese ayuntamiento de extracción priista encabezado por Galdino Huerta. Los empresarios denunciaron que el dinero se los exigía Oscar Segura Fuentes, quien también les dijo que no les entregarían recibo alguno por ese pago. Segura Fuentes se presentó como Coordinador de administración, fiscalización y obligaciones municipales, cargo inexistente en ese municipio pero habilitado directamente por Galdino.
Medio millón, ¿impuesto o extorsión?
En septiembre de ese mismo 2015 ese ayuntamiento arremetió abiertamente contra otra empresa oaxaqueña, una de cuyas sucursales se encuentra en esa municipalidad. En Marcha consignó el hecho:
Un exagerado contingente de policías municipales de Santa Lucía del Camino arribó violentamente a la empresa oaxaqueña “La Asunción” para clausurarla con el argumento de que no pagaba impuestos municipales, en este caso también la famosa continuación de operaciones. Sin un acta, ni documento legal para realizar esa clausura, colocaron grandes sellos.
Los empleados que justamente pedían la orden de clausura no sólo no se las mostraron sino que fueron prácticamente levantados y conducidos en las patrullas a la cárcel municipal. http://revistaenmarcha.com.mx/columnas/cronicas-de-la-insula/1736-santa-lucia-contra-la-asuncion-.html
De nuevo asomaba la extorsión oficial municipal, pues el presidente de Santa Lucía del Camino Galdino Huerta Escudero estableció a “ojo de buen cubero” el monto de 500 mil pesos por continuación de operaciones de ese establecimiento de La Asunción.
Naturalmente, empresas establecidas y de esa magnitud no se niegan a pagar impuestos municipales, pero lo que les cobraban no era uno común sino era prácticamente una extorsión, nos declaró entonces el gerente de la negociación. En ningún otro municipio el pago de esta contribución presenta problemas, nadie se niega a pagar este viejo impuesto de continuación de operaciones.
El destructivo “trienio salvaje”
Pero en Santa Lucía en este “trienio salvaje” ese y otros impuestos pasaron a ser francamente pretextos para extorsionar. En el municipio de Oaxaca de Juárez ese impuesto por continuación de operaciones anda en los 23 mil pesos a empresas del tamaño de La Asunción, y más o menos es lo que cobran otros municipios conurbados a la capital. En Santa Lucía por la simple decisión de un personaje ese impuesto rebasa el mil por ciento de lo que se cobra racionalmente en otros municipios.
Aunque no sólo se le acusa de extorsionador, también de cobrar prácticamente rescate por los detenidos arbitrariamente. En el caso de los empleados de La Asunción pedían 6 mil 500 pesos por cada uno. No se trataba, evidentemente, de una multa normal, pues ésta se tasa en salarios mínimos.
Galdino Huerta goza de impunidad, ni la Procuraduría de Justicia del Estado, ni la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y ni el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo han detenido la carrera delictiva de ese personaje, investido como autoridad municipal. Nadie lo para. Hace lo que quiere, no hay ley, norma ni autoridad que lo detenga. Aunque los jueces han emitido Suspensión Provisional de las clausuras, esa autoridad municipal desobedece todo.
El tamaño de la prepotencia de estos pequeños tiranos pueblerinos es proporcional a sus limitaciones, pues los empresarios declararon que el tal Segura les dijo que necesitaban recuperar lo que había gastado el presidente municipal Galdino para llegar a ser presidente de Santa Lucía. (Ver: www.e-oaxaca.com/nota/2014-05-16/sociedad/denuncian-ante-la-pgr-edil-de-santa-lucia-del-camino-por-extorsion
Compró la presidencia
Galdino Huerta gastó mucho dinero en su campaña para la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, y cuando una presidencia se compra, se tiene que recuperar lo invertido, además de sacar una rentabilidad, como cualquier otro negocio.
Dos veces al menos cambió de estrategia de campaña, con el consecuente gasto de recursos. Inició muy abajo en las encuestas, como no levantaba realizó el primer cambio y no se movió mucho, en la segunda encuesta ya estaba en 30 por ciento de desventaja, lo cual era insuficiente, así que realizó el último cambio que en la tercera encuesta ya logró ponerlo casi empatado con su adversario. Todo eso es lo que se quiere no sólo recuperar sino obtener ganancia, como si fuera una simple inversión comercial.
Hacia finales del trienio pasado, diciembre de 2014, Santa Lucía tenía 475 giros negros, de acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hoy se calcula que son alrededor de mil los giros negros existentes, un aumento en sintonía con todos los emprendidos por el edil Huerta en contra de los ciudadanos, como los impuestos y derechos a comerciantes y empresarios. Más del 100 por ciento de los llamados giros negros que son principalmente centros nocturnos, cantinas y “depósitos”.
Entre las nuevas licencias de cantinas y burdeles figuran las de los regidores de ese ayuntamiento, que no se podían quedar atrás. Las usan o las rentan, pero cada uno de ellos ya tiene su licencia de giro negro.
Franco ataque a la ciudadanía
La andanada de arbitrariedades de Huerta Escudero contra sus gobernados es intensa y profusa. Los mismo intenta apropiarse de terrenos de uso común y familiar en la agencia municipal de Ixcotel, que a desaparecer el servicio público de recolección de basura, para habilitar a un “sindicato” de recolectores de basura, eufemismo con el que, denunciaron los vecinos, lo que realmente pretende es privatizar ese servicio. Claro, quien se haría cargo sería el edil y su gente.
Los inconformes en junio del año pasado llevaron bolsas de basura para arrojarlas en los corredores del palacio municipal en protesta. Señalaban que ese año pagaron 300 pesos como cuota anual por el servicio, pero con la pretendida privatización pagarían 500 pesos al mes, denunciaron.
Extorsión a transportistas
En esos mismos días, choferes de camiones de transporte bloquearon la avenida Ferrocarril y la de Hornos para protestar y llamar la atención sobre lo que ellos llamaron extorsión que sufren de parte de los policías viales de ese municipio. De ello también vecinos de ese y otros municipios aledaños se han quejado de ser detenidos y amenazados con que recogerán el auto con una grúa, ello con cualquier pretexto, no obstante la documentación esté en regla.
El líder de los transportistas, José Julio Martínez, declaró sobre esos actos de extorsión contra su gremio, al no ceder a sus exigencias se llevan el vehículo al corralón, a pesar de tener sus papeles en regla. Después exigen más dinero, de mil a dos mil 500 pesos de multa.
La política pública más importante de este cabildo y su presidente es la extorsión municipal. No puede llamarse de otra forma, pues de impuestos que pudieran ser justificados en su monto, de acuerdo a la zona y desarrollo local, son tasados de manera por demás arbitraria, exagerada y sin justificación alguna.
Encarcela a quien se queje
Es largo el rosario de quejas, inconformidades, acusaciones contra lo que los pobladores han dado en llamar el “cartel municipal de Santa Lucía”, falta de servicios públicos, de alumbrado hasta en las vialidades más importantes como la avenida Lázaro Cárdenas, mejor conocida como Camino Nacional.
Hace unos días, ya en este inicio de 2016, vecinos de las colonias El Nacional, Gómez Sandoval, Carrillo Puerto, El Bajío y otras pararon de nuevo las obras de drenaje pluvial que realiza el ayuntamiento sobre Camino Nacional, frente a la entrada al Estadio Benito Juárez. En noviembre del año pasado, cuando iniciaban estas obras también lo hicieron.
El motivo de esta protesta es no sólo razonable sino alarmante: ese drenaje conduciría las aguas a los arroyos que de por sí son insuficientes cuando hay grandes lluvias para dar salida a las corrientes de agua, de tal manera que esas y otras colonias como El Chamizal han sufrido inundaciones en los años de mayor precipitación pluvial, como en 2005, 2006 y 2010, comentan los vecinos a En Marcha —pidiendo omitir sus nombres por temor a represalias—.
Si es permanente la zozobra de las inundaciones en tiempo de lluvias, con este drenaje mal planeado y mal ejecutado esas inundaciones serían inminentes, sostiene un ingeniero vecino de una de las colonias en peligro. Además, agrega, nunca se realizó la priorización de esta obra, ni se consultó a los vecinos. Lo que deducen es que esta obra se realiza previamente a las de la construcción del Centro de Convenciones que requerirá de esa infraestructura, sin importar que se haga sobre la desgracia de centenares de vecinos de varias colonias de la zona.
Ayuntamiento sin Estado de derecho
Pero cual si fuera un delito inconformarse y reclamar a la autoridad sus errores, ésta envió a la policía municipal y estatal a reprimir a los vecinos, y ésta última se llevó a cuatro detenidos. Salieron libres al día siguiente pero con una fianza de 6 mil pesos. Para ellos la intervención extrañamente oportuna de la policía estatal indica el interés del gobierno del estado por defender las obras que necesita su proyecto de Centro de Convenciones.
En Santa Lucía del Camino el costo de hacer frente a esas arbitrariedades es recibir una represión irracional proveniente de una autoridad que no se inscribe dentro del marco del estado de derecho, sino se maneja a su antojo, fuera de la ley, a ciencia y paciencia del gobierno del estado de Gabino Cué. Pero una autoridad fuera de ese marco, que usa a su policía violentamente, en poco o nada se diferencia de los grupos delincuenciales.
Estamos ante un contrasentido que daña la vida social de la entidad: un ayuntamiento que clausura empresas productivas, pero abre un vasto corredor del vicio de todo tipo, cantinas y burdeles cuyas puertas están abiertas día y noche sobre Camino Nacional y muchas otras calles. Prohíbe lo legal y productivo, y estimula lo ilícito y pernicioso.