Empresa de EU, Verseas Private Investment en la Cuenca
Santos Vera
Hidroeléctrica con millones de dólares y apoyo de EU que inició cómo una obra que beneficiaría a la región, le daría prosperidad y fuentes de empleo, ocultaba un gran desastre, como se dio en la Presa Cerro de Oro en los años 80´s, tanto para flora y fauna local como para los humanos, asegura la gente de comunidades chinantecas y mazatecas.
Arroyo Sal corre entre varias comunidades cuyo ecosistema nutre y sostiene podría ser destruido mismo que la construcción de una Hidroeléctrica. Lo que pone en peligro a la tortuga de tres lomos, tortuga pinta, nutrias, aves silvestres, que perderían su hábitat, además del daño mortal al arroyo.
Se trata de un manto acuífero sin contaminación, donde las personas se bañan e incluso beben el agua sin temor a enfermarse. El centro de investigación Fundart se encargó de recopilar toda la información existente para demostrar lo graves daños en caso de llevarse a cabo la obra.
Todo inició desde el 2010, con un proyecto ambicioso a tres años de 30 millones de dólares, que contemplaba la construcción de una planta hidroeléctrica de 15 megavatios adyacente a la represa del Cerro de Oro, con apoyo de Overseas Private Investment Corp. (OPIC), dependencia del gobierno estadunidense de alcance global, la cual aportó 8.5 millones de dólares, que formaba parte de una partida de 60 millones a usarse en proyectos energéticos en América Latina.
Vecinos de comunidades cómo Santa Úrsula, San Rafael, Los Reyes, Camelia Roja, entre otras tantas hicieron manifestaciones, colgaron mantas y llegaron al palacio municipal para exponer su problema al entonces presidente municipal, José Manuel Barrera Mojica; de igual forma se hicieron escuchar en el Congreso local con la entonces diputada Ángela Hernández y con el gobernador Gabino Cué Monteagudo. Contrario a otros casos donde el gobierno ha sido el principal promotor de estas obras, esta vez fue diferente, la oposición de los pequeños poblados fue atendida.
Cuando lo pueblos se unen
Gabino Vicente, ahora agente municipal de Santa Úrsula, recuerda cuando en su comunidad, la más cercana a Arroyo Sal, empezó la tala alrededor del afluente. Explicó que fue doloroso para los lugareños, cuando La maquinaria levantaba la tierra, lo que eran áreas verdes se volvían terrenos apisonados para colocar las estructuras de la factoría.
Así se anunciaba la obra: “El proyecto de la planta Hidroeléctrica que será construida en esta zona -por una empresa mexicana- sigue en pie y se prevé una inversión sobre los 60 millones de dólares, para ofrecer alternativa a unos 300 empleos, al menos en un lapso de tres años”.
El gobierno municipal y estatal accedieron a detener la obra hasta tener el estudio de impacto ambiental, entre otros requsitos no cumplidos.
Gabino Vicente expresó “estamos convencidos que no frenamos ningún desarrollo, y no podemos permitir una obra que no genere beneficios claros y tangibles en el municipio, y sobre todo que atente contra nuestro medio ambiente”.
“En estos tiempos donde el cambio climático es el principal problema en el mundo, debemos defender nuestros recursos naturales, y contamos con el apoyo de ONG´s como son, FUNDART, ACOUNTABILITY COUNSEL, NEW MEDIA ADVOCACY PROJECT y otras, regionales y nacionales, y lo más importante, hoy los pueblos estamos bien informados”.
La defensa
A través de su página de internet, Fundart informó sus resultados de investigaciones: “La articulación de la decisión libre e informada de cientos de hombres y mujeres de las comunidades de Cerro de Oro (San Lucas Ojitlán), Santa Úrsula, Paso Canoa y Los Reyes (Tuxtepec), así como el respeto y respaldo que a dicha decisión hicieran las autoridades locales, tanto ejidales como municipales y la agencia financiadora del proyecto, se constituye como un caso emblemático de respeto a los derechos humanos.
En medio de este clima meteorológico y político desolador, y en el marco del seguimiento, acompañamiento y trabajo que realizamos durante el año 2011, llegamos aquí para documentar uno de los casos más exitosos en el campo de los derechos humanos”.
“En un contexto donde las empresas Comexhidro y Electricidad de Oriente habían cometido diversas violaciones a los derechos humanos, observamos un desenlace positivo. Las violaciones antes mencionadas fueron las siguientes: 1) no dieron a conocer de forma adecuada la información sobre el proyecto, ni sus impactos ambientales, sociales y en la salud; 2) no consultaron de manera adecuada, ni obtuvieron el consentimiento libre, previo e informado de las personas y comunidades afectadas por el Proyecto y sus impactos; 3) no identificaron certeramente las consecuencias sociales y ambientales adversas; 4) no presentaron medidas de mitigación; 5) no compensaron adecuadamente a las comunidades por la pérdidas de sus tierras, ni por los impactos causados a sus modos de subsistencia; 6) exageraron los beneficios del proyecto, minimizado sus impactos, así como incumpliendo con sus promesas de llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario; 7) incumplieron con las leyes mexicanas nacionales y locales relacionadas con la adquisición de tierras y los impactos ambientales; 8) no cumplieron los requisitos de la institución financiadora relacionados a los pueblos indígenas, en particular su derecho a la consulta libre, previa, e informada ni establecieron un mecanismo de quejas adecuado y efectivo”.
El fantasma de las Hidroeléctricas
No obstante varios poblados a orillas del camino por Cerro de Oro tienen cuarteaduras en las paredes de las casas, producto de los inicios de trabajo para construir la hidroeléctrica. El pasto volvió a crecer, así como algunos árboles. Sin embargo, Arroyo Sal continua en su lucha por volverse reserva ecoturística. Aunque el fantasma de la Hidroeléctrica persiste.
En San Felipe Usila, otro intento por construir una factoría similar a la de Arroyo Sal empezó a alertar a la cabecera municipal y a otros municipios cómo Valle Nacional y Tlacoatzintepec.
Cuando los pobladores se enteraron del proyecto de la compañía Enersi, en asamblea las comunidades involucradas, alrededor de 2 mil 300 comuneros acordaron no aprobaron la construcción de la hidroeléctrica a pesar de que la empresa Enersi prometió a los habitantes la construcción de hospitales, caminos y puentes, sin embargo, para la población es más importante preservar el medio ambiente y no afectar a las familias como sucedió cuando se construyó la presa Cerro de Oro.
Se echaba abajo el proyecto
El presidente de San Felipe Usila, Ángel Domínguez Escobar, acompañado de los agentes municipales de este municipio, informó que el proyecto de una presa hidroeléctrica se logró cancelar “Con la ayuda de varias autoridades e instancias gubernamentales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), e impartiendo talleres en las diversas comunidades que comprende el municipio, se logró que todos los representantes y los líderes de organizaciones sociales, firmaran un acta en donde no se permitiría el atropello a comunidades indígenas chinantecas, pero sobre todo dejar en el rezago nuestras comunidades como fue el caso del obra presa Miguel de la Madrid “Cerro de Oro” en 1989 que tiene nueve comunidades incomunicadas y en la pobreza, aseguró Ángel Domínguez.
Miguel Ángel Vázquez Ortiz, asesor jurídico de la Comisión Regional de los Derechos Humanos Mahatma Gandhi enfatizó que la obra en mención afectaría al Río Perfume y el Río Grande de aquella demarcación y abarcaría tierras de Valle Nacional y Tlacoatzintepec.
“Desde la Comisión Regional de Derechos Humanos vemos que constituye un serio riesgo y violación a los derechos humanos de los hermanos indígenas de esa región” refirió Vázquez Ortiz.
El defensor expuso que se está violando el derecho a la consulta, “a partir de la modificación que se hizo a la Constitución, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados, cuando en su territorio se realice una obra de infraestructura que pueda afectar su entorno”.
Resaltó que la construcción de una hidroeléctrica afectaría a los pobladores: les despojarían de una cantidad de tierras y violaría el derecho de acceso al agua. “Implica que una empresa particular se apodere de una buena cantidad de agua para la generación de energía eléctrica, que traería consecuencia al medio ambiente”.
Los campesinos no tendrían donde sembrar sus productos del campo y de consumo humano. También dejarían de tener acceso al alimento silvestre que varios pobladores indígenas consumen, en consecuencia sería una violación al derecho a la alimentación y el derecho a la salud, ya que los habitantes recurren a remedios naturistas de hierbas, plantas y raíces.
Aunque se ha logrado frenar la construcción en Usila, la empresa Enersi presentó de nuevo este año a la Semarnat su solicitud del estudio de impacto ambiental, para que se les autorice una presa en inmediaciones de Usila, que además afectaría a los municipios de Valle Nacional y Tlacoatzintepec.