En los tiempos de José López Portillo, tiempos oscuros, éste hizo popular otras de sus dañinas ocurrencias: “No pago para que me peguen”. Y de un manotazo dejó sin recursos de la publicidad oficial federal al semanario Proceso para quien había enderezado su frase totalitaria.
En esos tiempos del autoritarismo del ejecutivo federal, el “señor presidente” ordenó a los gobiernos estatales que dieran trato similar a dicha publicación periodística que desde su gestación se distinguió por su trabajo crítico y objetivo. Imposible que Proceso no resintiera esta omisión, entre otros motivos por la falta de un gran público con cultura política o mínimamente cultura general que sostuviera a los medios, como ha expresado el fundador de Proceso, Julio Scherer García.
Casi de inmediato la empresa que fundó Scherer, después del golpe de Luis Echeverría al diario Excélsior que echó con violencia a éste y a sus periodistas ante la postura crítica del diario, cerró su agencia de información CISA-Proceso, lo que hoy es APRO, y se redujo notoriamente. Por fortuna, algunos grandes empresarios, que se atrevieron a desafiar al gran tlatoani de entonces, decidieron sostener su publicidad en la revista para sostener a su vez, al único medio que criticaba sin concesiones al poder federal, casi omnípotente entonces.
Pero ni con esa publicidad de la iniciativa privada pudo el semanario retomar su dinámica de inmediato. De ahí la importancia en este país de la publicidad oficial en los medios, diferente a otros países; en Brasil, por ejemplo, el O´ Globo tira al menos un millón de ejemplares diarios (lo que ni todos los de México juntos) con lo cual sus ingresos son suficientes para sostenerse.
De ahí que como se dice de los gobiernos y el pueblo, en materia de medios de comunicación los pueblos tienen también los medios que se merecen. De ahí la importancia de desmantelar el cacicazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y todas sus Secciones y su control sobre la SEP, para encaminarse hacia una sociedad más y mejor educada (Todos los políticos le sacan la vuelta al tema, sólo la panista Josefina Vásquez Mota ha dicho con todas sus letras que una de sus acciones anheladas es descabezar el nefasto cacicazgo de Elba Esther Gordillo).
Si en el ámbito nacional la relación prensa-gobierno adquiere gran relevancia por esa dependencia económica, en ámbitos de economías más deprimidas como Oaxaca eso se agudiza. En sexenios anteriores el manejo discrecional y hasta caprichoso de los recursos para publicidad oficial en la entidad fue hasta agraviante. Un oscuro personaje, dueño de un periódico de poca circulación metido a jefe de la comunicación oficial se autofacturaba casi 800 mil pesos mensuales sin justificación alguna.
El periódico del hoy diputado federal del PRI, Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva no respondía a ese pago excesivo, ni en materia de circulación ni en calidad. Lo cual fue un fraude que debería ser castigado si hubiera mayor congruencia y firmeza.
Hemos sostenido que para no dejar sin opciones de educación política a la población, es necesario que los gobiernos privilegien en primera instancia a los medios de calidad, luego la circulación, aunque la combinación de ambos sería lo deseable. Eso es lo que falta hacer en Oaxaca. Ahora que el gobernador Gabino Cué tuvo su reencuentro con los editores y periodistas de Oaxaca —reunión que no se daba desde su toma de posesión—, donde de nuevo reiteró su convicción de la necesidad de mejores a los medios para avanzar en las intenciones de transición democrática, sería debería avanzar en la definición y ejecución de esa urgente política de comunicación social.
Largo es este tema, y con tantos pendientes de la mayor urgencia. Asuntos de gravedad afectan la libertad de expresión en Oaxaca que urge atender. Por mencionar sólo algunos: En Santa María Colotepec el administrador municipal logró una orden de aprehensión para un periodista que se atreve a criticar a su gobierno municipal más que criticable. El periodista Rubén Osorio pasa los días en zozobra aunque con un amparo federal en ristre.
En Puerto Escondido, el periodista Genaro Aragón ha sido agredido y amenazado por una funcionaria de la delegación de Tránsito, Norma Alicia Moreno Cruz, protegida, por supuesto, del delegado de dicha dependencia del gobierno estatal allá. El periodista sólo dio voz a quienes denuncian las actuaciones fuera de la ley de la servidora pública.
Y en la capital de Oaxaca el periodista Jaime Méndez Pérez afronta un absurdo juicio por haber difundido una nota, en la que dos ex presidentes municipales de Santa Cruz Xoxocotlán, que aparecen como fuente informativa, señalan al ex Director Jurídico del Gobierno estatal, el perredista Mario Emilio Zárate Vásquez de haber sido él quien llevó al ayuntamiento al ex Director de la Policía Municipal, Flavio Méndez Santiago, vinculado al crimen organizado y detenido por la PGR en enero de este año. El ex funcionario aduce que se le causó daño moral y pide a cambio 20 millones de pesos por esos supuestos daños.
En la movilización reciente de periodistas de Oaxaca este 7 de junio, con una marcha y mitin donde se denunciaron estos ataques a la más delicada e importante de las libertades, la libertad de expresión, se acordó constituir una red estatal de periodistas en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, entre tantas tareas apremiantes.
Al atender estos casos de abuso de autoridad y represión a informadores, el ejecutivo del estado estaría dando muestras verdaderas de su preocupación por la defensa de quienes realizan el cada vez más riesgoso trabajo de informar a la población. Además de estar definiendo así su política de comunicación social.