Cuauhtémoc Blas
El Estado Mexicano se encuentra duramente cuestionado por la violencia contra 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos —más conocida como de Ayotzinapa— en Iguala Guerrero. México se ve como es, un país sin Estado de derecho. Las condenas también se dan en el extranjero. Sobre todo por tratarse de estudiantes, que más tarde fungirían como maestros. Una profesión muy admirada en la mayoría de países.
Ahora el fantasma de las protestas juveniles se cierne sobre los gobiernos de Guerrero y el federal, acompañados por mucha otra gente indignada por esa acción que agota todo calificativo. Se esperaba la renuncia del gobernador de ese estado, el ex priista y converso perredista Ángel Aguirre Rivero. Se esperaba pero el PRD lo sostiene en el cargo.
Los daños son irreparables por todos lados, los humanos, sociales, políticos y hasta los colaterales, como diría otro violento personaje, el panista Felipe Calderón quien gustaba de echar balazos sin ton ni son. Por si no fuera suficiente, las 19 fosas clandestinas encontradas con restos humanos, en lo que buscan a los normalistas, arrojan mayor desprestigio al país y al gobierno de Peña Nieto.
La mayoría condena la muerte de los dos normalistas y otras cuatro personas, 25 heridos y 43 desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, más aun cuando fueron realizados por un grupo integrado de policías municipales y sicarios del crimen organizado, muestra de la avanzada conformación de narco-gobiernos. Desde hace mucho se había denunciado al edil perredista prófugo, José Luis Abarca, por sus vínculos con el grupo Guerreros Unidos, extensión del cartel de los Beltrán Leyva que tiene el control de esa zona.
