Grave error reprimir a zoques para rescatar a“El tigre de Cintalapa” y hablar de suspensión de permisos de explotación forestal a talamontes chiapanecos cuando continúan la desforestación.
¡Secuestradores!.. la palabra cimbró a los zoques de San Miguel Chimalapa al conocer la clasificación en la que el gobierno de Oaxaca ubicó la lucha que una vez más habían emprendido para hacer respetar su territorio de la invasión, la destrucción y el saqueo que en los últimos 40 años han realizado en los bosques y selvas chimalapas ricos madereros, ganaderos y caciques chiapanecos.
A sí los llamó el Secretario General de Gobierno de Oaxaca Jesús Martínez Álvarez, por exigir que el ganadero chiapaneco arraigado en la comunidad Humberto Luna, conocido como “El tigre” de Cintalapa, pagara los 700 mil pesos correspondientes por encabezar la destrucción de más de mil 500 utensilios instalados en árboles de pino en “La Hondonada” para extraer la resina de un aprovechamiento forestal autorizado por la Semarnat apenas en 2010.
Desconocedor del tema, obsesionado con “hacer cumplir la ley” o simplemente para quedar bien con el gobierno federal, el gobierno de Gabino Cué no midió consecuencias y ordenó el “rescate del secuestrado” cumpliendo con el plazo de 24 horas que su homólogo y amigo chiapaneco, Juan Sabines le impuso en la reunión ante el Secretario de Gobernación como condición para abordar el conflicto agrario de los Chimalapas.
Hasta entonces, los comuneros zoques habían enfrentado con dignidad el abandono y olvido oficial, ha bían sorteado el engaño de los gobiernos priistas que les prometieron y no les cumplieron, pero el 9 de noviembre, los chimalapas vivieron lo que nunca antes, la agresión de su gobierno estatal que mandó a su policía contra ellos.
“No dolieron tanto los golpes como la traición, porque nosotros sólo defendíamos nuestro territorio del saqueo, de la destrucción y la invasión” dice Francisco Sánchez presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, lugar hasta donde cientos de policías oaxaqueños arribaron para llevarse al chiapaneco Tito Luna en un operativo que sembró el miedo, que provocó pánico y que despertó en los chimalapas la idea de que habrían de luchar solos por su territorio contra la invasión de Chiapas e incluso contra el propio gobierno de Oaxaca.
La noche anterior al operativo, sentado en la banqueta de la Casa Comunal donde se resguardaba al chiapaneco, rodeado de decenas de pobladores Francisco Sánchez hablaba ante los reporteros sobre la desconfianza en los acuerdos que la mañana de ese 8 de noviembre habían suscrito los gobiernos de Chiapas y Oaxaca ante el Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora.
“Nos dicen que ya se suspendieron los permisos de explotación forestal y no sabemos si es verdad o es mentira. Si tiene voluntad, le pedimos a Gabino Cué que lo hagan por escrito porque parece que más se preocupan por el arraigado que quieren rescatar, que por solucionar el problema de San Miguel, queremos que venga la Reforma Agraria, que vengan a nuestro pueblo a hablar con nosotros”, señaló el comunero zoque.
Permisos vigentes: Semarnat
Y los zoques chimalapas tenían razón en desconfiar del gobierno y exigir los acuerdos por escrito, pues según el Delegado Federal de la Semarnat en Oaxaca, Esteban Ortiz Rodea, los permisos de explotación forestal en la zona de conflicto siguen vigentes, aunque el gobernador Gabino Cué afirme una y otra vez en entrevista con diversos medios nacionales y estatales que dichos permisos están suspendidos.
¿El gobernador está mintiendo? Se le pregunta al delegado federal quien responde puntualmente:
“Los únicos mecanismos para lograr su cancelación o suspensión son tres: la vía del desistimiento voluntario; por orden de Profepa al descubrir algún ilícito ambiental o por la vía judicial y nada de eso ha ocurrido, aunque todos hablan de que sí se cancelaron los permisos, la realidad es que están vigentes”, reiteró Ortiz Rodea.
Agregó que dependía de los gobiernos de ambos estados convocar en una mesa a los titulares de dichos permisos, a la comunidad de San Antonio y Benito Juárez en el caso de Oaxaca y al ejido Díaz Ordaz en el caso de Chiapas para que externaran ante Semarnat su decisión voluntaria de desistir de la explotación de aprovechamiento forestal pero esto no se hizo.
La Secretaría de Gobernación se había comprometido el 8 de noviembre a que tras el desistimiento de la explotación forestal por un año, el gobierno federal compensaría a las tres comunidades el equivalente de lo que hubiesen ganado si explotaban sus permisos, cifra estimada entre los 3.5 y 4 millones de pesos entre las comunidades de San Antonio y Benito Juárez de Chimalapa y Díaz Ordaz de Cintalapa indicó Ortiz Rodea.
Pero dos hechos impiden que dicho acuerdo se pueda concretar: por un lado la irrupción violenta de la policía oaxaqueña en San Miguel con la detención de siete comuneros zoques que aún le duele a los chimalapas y por el otro, la decisión de Chiapas de crear un nuevo municipio en la zona de conflicto invadiendo territorio oaxaqueño.
Los permisos del conflicto
En la zona existen 16 permisos de explotación forestal vigentes según la Semarnat. Chiapas cuenta con 12 y Oaxaca con cuatro.
Dos de los permisos otorgados a Chiapas se encuentran en la zona de conflicto. El del Ejido Gustavo Díaz Ordaz y el del Quebrachal ambos para explotación de pino, este último según el funcionario de la Semarnat, con tierras de pequeña propiedad anterior a la Resolución Presidencial de Chimalapa.
El Ejido Díaz Ordaz, asentado en territorio chimalapa pero perteneciente al municipio de Cintalapa Chiapas, cuenta desde el año 2005 con un permiso de aprovechamiento forestal (SGPA/DGGFS/712/1779) vigente por diez anualidades hasta el año 2014 y es el que ha generado el conflicto más fuerte. El delegado estatal de la Semarnat en Oaxaca Esteban Ortiz Rodea, reconoció que “faltó sensibilidad” en la dependencia al liberar dicho permiso, pero insistió en su legalidad.
Explicó que debido a que los chimalapas interpusieron un amparo (0965/2005) en el Juzgado Sexto de Distrito con cabecera en Salina Cruz, contra el permiso de explotación forestal de Díaz Ordaz, ese ejido no pudo ejercer las tres primeras anualidades por el juicio existente hasta que el juez declaró sobreseído el juicio de amparo en sentencia del 25 de febrero de 2007 y ratificó la legalidad del permiso otorgado por la Semarnat al ejido Díaz Ordaz.
De acuerdo con esta versión, los ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz comienzan a trabajar el permiso hasta el año 2008 e intentan sacar en 2009 su primer cargamento de madera en un camión con unas 10 o 12 toneladas de pino en rollo que los habitantes de San Antonio Chimalapa le retienen a su paso iniciando con ello la actual etapa del conflicto entre ambas localidades.
Por su parte los comuneros chimalapas cuentan con cuatro permisos. Dos de ellos en Benito Juárez y San Antonio del municipio de San Miguel otorgados en 2010 por cinco años para explotación de palma camedor y resina de pino, y los otros dos otorgados al municipio de Santa María Chimalapa ubicados en Arroyo Pato para explotación de selva y en José López Portillo para explotación de pino. Estos dos últimos sin ejercer por problemas internos.
Precisó que en el caso de San Antonio y Benito Juárez, los comuneros zoques realizaron un primer aprovechamiento forestal de resina de pino en 2010 y extrajeron de 10 a 12 toneladas pero cuando intentaron sacar la segunda anualidad en agosto del 2011, los ejidatarios de Díaz Ordaz les decomisaron el cargamento.
Así, en medio del resentimiento y la irritación, tanto comuneros zoques de Chimalapa como ejidatarios de Díaz Ordaz mantienen retenidos los cargamentos de madera y resina sin dar marcha atrás en sus posiciones.
Antecedentes históricos
Muchas versiones han corrido en torno a la propiedad de los zoques sobre el territorio chimalapa y son ellos quienes orgullosos narran la “compra” en oro de sus propias tierras a la corona española de donde obtienen sus títulos primordiales en marzo de 1687.
El gobierno mexicano confirmó dichos títulos en 1850 y 117 años después, dicha propiedad les fue reconocida a los comuneros chimalapas por el gobierno federal mediante dos Resoluciones Presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967 a favor de San Miguel y Santa María Chimalapa en casi 600 mil hectáreas que constituyen su principal elemento de defensa para la controversia constitucional que el gobierno oaxaqueño dice que impulsará.
Sin embargo en mayo de 1967 –dos meses después de que le reconocieron y titularon los bienes comunales a los chimalapas-, el gobierno federal dotó de las mismas tierras a 17 ejidos chiapanecos mediante Resolución Presidencial generando un conflicto agrario con el estado de Oaxaca.
Cabe mencionar que el Convenio 169 de la OIT reconoce la validez de documentos coloniales e incluso prehispánicos y México como país que suscribió dicho Convenio está obligado a reconocer la legalidad de dichos documentos de la cultura zoque, aún cuando no tuvieran Resolución Presidencial que sí la tienen y con mayor antigüedad que el de Chiapas.
Despojo de selva zoque
Durante 30 años desde 1947 cinco empresas madereras instalaron 25 aserraderos en la selva chimalapa -con respaldo del gobierno chiapaneco-, de donde extrajeron miles de metros cúbicos de madera sin control alguno.
Decididos a frenar la deforestación de sus bosques y montañas, los comuneros zoques inician una larga lucha que termina con la expulsión de los madereros de la zona entre los que se encontraban Juan Pérez, Sánchez Monroy, Salvador y Jesús Moguel y Odilón Gutiérrez y permite el establecimiento de comunidades en donde antes había aserraderos y fincas ganaderas.
Desde el inicio de su lucha en 1971 una larga historia de enfrentamientos, algunos con resultados sangrientos, se han registrado entre chimalapas y chiapanecos a lo largo de la franja en conflicto en donde la retención de personas, la migración de familias, el incendio de casas, la invasión policíaca, el robo de ganado, la destrucción de propiedades, el bloqueo a los caminos, la cárcel y hasta la muerte han estado presentes.
A lo largo de esa lucha los zoques vieron nacer y morir comisiones interinstitucionales, mesas agrarias, acuerdos para medición y deslinde y procedimientos de conciliación agraria para que los chiapanecos reconocieran que estaban asentados en tierras chimalapas sin que hasta ahora hayan logrado su cometido.
En un comunicado de prensa emitido en los primeros días de noviembre de este año, cuando el conflicto apenas comenzaba, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Alberto Cruz Gutiérrez pidió al ejido Gustavo Díaz Ordaz, “y a todos los demás ejidos que ilegalmente se asientan en la porción oriente de chimalapas”, reconocer que estaban asentados en tierras comunales, con lo que a su vez serían respetados en sus posesiones pero en caso negativo, debían ser reubicados acogiéndose a la contraprestación del programa Cosomer de la SRA. Chiapas desde luego, rechazó la propuesta.
Los chimalapas exigieron entonces y lo hacen hoy, el respeto y cumplimiento de los acuerdos agrarios firmados por el gobierno federal y los gobiernos de Chiapas y Oaxaca el 20 de diciembre de 1993 y el 25 de julio de 1995 y la minuta de acuerdos ambientales del 11 de mayo de 1999 donde el gobierno federal se compromete a no otorgar permisos de aprovechamiento forestal maderable a núcleos de población chiapanecos ubicados en territorio de Bienes Comunales de Chimalapa. En 2005 como ya vimos Semarnat liberó permisos en la franja de conflicto.
En esa franja de conflicto están asentados unos 19 ejidos chiapanecos en tierras chimalapa que suman unas 41 mil hectáreas, pero en años han invadido más territorio del que les fue asignado.
Gobierno oaxaqueñoomiso
Cuando Gabino Cué toma posesión de su gobierno, el conflicto en la zona oriente ya se había reactivado con la detención del cargamento de madera que los comuneros de San Antonio hicieron a los ejidatarios de Díaz Ordaz desde el 2009 y por el cual mantuvieron bloqueado el camino un mes (hasta el 15 de febrero) para exigir a la Semarnat la suspensión temporal del permiso de explotación forestal. La suspensión sólo duró cuatro meses.
En abril de 2011, después de que un grupo de chiapanecos encabezados por Tito Luna, según los chimalapas, destruyen las labores de acopio de resina en el predio de La Hondonada, los zoques dialogaron con el gobernador oaxaqueño que se comprometió a crear una comisión especial en la zona para atender el conflicto pero no se concretó, dijo el viejo comunero Álvaro Román Ríos.
Pasaron meses para que funcionarios del nuevo gobierno abordaran el conflicto y cuando lo hicieron fue con tal mal tacto que sólo se confrontaron con los chimalapas.
Aunado al conflico agrario, los zoques de San Miguel también viven problemas poselectorales internos por lo que carecen de autoridad municipal legítimamente constituida y sólo cuentan con el respaldo del administrador municipal asignado para la zona Jesús Ruiz Santiago, que no interviene en el conflicto agrario.
Nuevo municipio fondo político: Moreno Derbez
Sólo cinco días bastaron para que el gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero obtuviera la aprobación del cabildo de Cintalapa y luego la aprobación unánime del Congreso chiapaneco el 15 de noviembre para la creación del municipio 119 del Estado de Chiapas, que se extralimita territorialmente al abarcar ejidos asentados en territorio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca.
Desde el año 2000 el gobierno chiapaneco de Pablo Salazar intentó controlar la franja oriental del Istmo oaxaqueño con el envío de policías al poblado de Canaan y Cal y Mayor y la instalación de una oficina de gobierno de esa comunidad pero el gobernador oaxaqueño José Murat lo obligó a retirar a la policía chiapaneca y sus autoridades del territorio oaxaqueño.
“Las autoridades de Chiapas pueden acudir al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia para abordar la ruta jurídica y legal respecto a los límites entre ambas entidades, sin embargo nosotros tenemos el derecho de la historia…el derecho jurídico”, advirtió entonces José Murat.
Pero en esta ocasión ni el gobernador oaxaqueño Gabino Cué, ni el Congreso estatal atinaron a responder unidos y con firmeza ante la extralimitación del gobierno chiapaneco, aunque diversos legisladores y funcionarios reprobaron la creación del municipio chiapaneco en el territorio estatal.
“Chiapas puede crear los municipios que quiera pero en su territorio” indicó el coordinador de la Fracción parlamentaria del PRI en la LXI Legislatura, el Diputado Francisco García quien aseguró que el conflicto en la zona “no es entre hermanos campesinos, ejidatarios ni comuneros, sino contra los ricos traficantes de madera que explotan la selva y confrontan a los pueblos porque así les conviene”, indicó el legislador istmeño.
Mientras tanto, para el presidente de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca Carlos Moreno Derbez, “las acciones que realiza el gobierno chiapaneco y el alcalde de Cintalapa en territorio oaxaqueño son provocaciones que se dan en el marco de la sucesión gubernamental en aquel Estado”.
El experimentado funcionario advierte que el asunto es de carácter político electoral porque “al presidente de Cintalapa le preocupa más tener presencia en la zona ante las elecciones que se avecinan, que encontrar una solución de fondo al problema agrario”.
Dijo que el propio ganadero chiapaneco Tito Luna quien permaneció en arraigo comunitario en San Miguel Chimalapa, declaró que fue presionado por el propio gobierno de Chiapas y que recibió recursos para operar políticamente la confrontación desde el Ejido Rodulfo Figueroa y el Ejido Díaz Ordaz con la gente de Benito Juárez y de San Antonio.
Carlos Moreno Derbez, apuntó que la autorización de un municipio chiapaneco en territorio Chimalapa “es una aberración que hará quedar muy mal al gobernador de Chiapas y ambos, Congreso y gobierno chiapaneco tendrán que dar marcha atrás, porque los límites entre ambos estados son muy claros”.
Chimas rechazan Comisión
El 11 de noviembre, dos días después de que la policía entró a San Miguel a rescatar al chiapaneco y despertó la ira comunal contra su gobierno, Gabino Cué instaló la Comisión Ejecutiva para la atención de los Chimalapas creada por decreto pero sin la participación de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, los principales actores del caso que una semana más tarde desconocieron a dicha comisión y al comisionado Jaime Riva Palacio.
“No reconocemos a la Comisión y tampoco al comisionado y porque el gobierno de Cué, en lugar de respaldarnos, el gobernador de Oaxaca agredió a los chimalapas el nueve de noviembre, cuando metió a la fuerza pública en San Miguel Chimalapas”, declararon en conferencia de prensa en Juchitán los comuneros zoques y ahí mismo exigieron la instalación de la mesa de diálogo interinstitucional entre ambos gobiernos con la SRA.
Jaime Riva Palacio, a su vez, externó en una breve entrevista que la ausencia de los comuneros chimalapas en la comisión se debió a la “rapidez” con que fue integrada y “no hubo tiempo” pero consideró que en breve podrían ser incluidos para comenzar los trabajos.
Por su parte, sin dar marcha atrás y fortalecidos con el respaldo de Santa María Chimalapa, los comuneros de la zona oriente integraron su propio Frente por la Defensa de su territorio integrado por 35 comuneros de la zona y “si el gobierno de Oaxaca quiere dialogar será con la participación de todos”, expuso María García en San Antonio Chimalapa.
En tanto, la LXI Legislatura del Estado de Oaxaca integró el 23 de noviembre una comisión especial de diputados para “atender y dar seguimiento” al conflicto de invasión del territorio oaxaqueño por chiapanecos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Mendoza Reyes, dijo que el caso de los Chimalapas “es un asunto de estado” que requiere la suma de ideologías en la defensa del territorio oaxaqueño. En la comisión participan las diputadas Rosalinda Domínguez Flores del PRD; Marlene Aldeco Reyes del PAN y los legisladores Perfecto Mecinas Quero de Movimiento Ciudadano, Carlos Martínez Villavicencio del PRI y Flavio Sosa Villavicencio del PT.
Controversia constitucional
La controversia constitucional es la mejor vía que el gobierno oaxaqueño tiene para solucionar en definitiva el conflicto agrario que enfrenta con su vecino estado de Chiapas en la franja oriente del Istmo de Tehuantepec y para ratificar su límites territoriales que están perfectamente definidos.
El presidente de la Junta de conciliación Agraria de Oaxaca Carlos Moreno Derbez dijo que los límites interestatales están plenamente definidos, pues “la Constitución indica que el estado de Chiapas tiene como límites con el Estado de Oaxaca los mismos con los que se anexó a México en 1854 y que están definidos por los cerros de La Jineta y Los Martínez”.
Agregó que la controversia constitucional que impulse el gobierno del Estado de Oaxaca va a demostrar que el municipio chiapaneco “no puede ser” porque los límites entre ambos estados son muy claros.
Sin embargo, el propio Secretario de Gobierno Jesús Martínez Álvarez muestra su desconocimiento del tema o por lo menos pone de manifiesto su falta de argumentos sólidos para hablar del conflicto, al asegurar que la controversia constitucional que interponga el gobierno de Oaxaca, “servirá para definir de una vez por todas la situación sobre los asuntos agrarios y de límites entre ambas entidades”, cuando los límites están perfectamente definidos como explicara Moreno Derbez.
Dictamen de la Misión
Mientras tanto, la misión civil de observación que visitó los tres asentamientos en la zona oriente de los chimalapas (del 12 al 14 de noviembre), concluyó que en el conflicto existe una clara responsabilidad de la SRA, la Semarnat y la Segob; la primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente, a la segunda por expedir permisos en zona de conflicto y a la tercera por “administrar el conflicto social” pese a la advertencia inminentes enfrentamientos.
Responsabilizó al gobierno de Chiapas de manipular la información entre la opinión pública nacional y chiapaneca y entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, por enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y crear unilateralmente un nuevo municipio “Belisario Domínguez” en el área y al gobierno de Oaxaca lo responsabilizó por asumir una posición “pasiva y omisa frente al escalamiento del conflicto”.
Así, a la espera de una definición de fondo en el conflicto agrario, los indígenas zoques hicieron un solo frente con sus vecinos de Santa María Chimalapa y como hace más de 20 años, se preparan “para lo que venga” mientras piden al gobierno hablar con la verdad.
“Anunciaron en abril la creación de la Comisión especial para atender los Chimalapas y la hicieron siete meses después y sin tomarnos en cuenta, dijeron desde el 2 de octubre que ya iban a iniciar los trabajos de cableado de electrificación y no se hizo, dijeron que llegaríamos a una solución pacífica del conflicto y nos golpearon y detuvieron…¿Qué otra cosa hará el gobierno de Oaxaca?”, se preguntan.
