Crónica de un despido anunciado

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Carlos Altamirano Toledo

Luis Ignacio Velásquez

 

El 14 de octubre del 2016 el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Muñoz, exhibió al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, al solicitar a los medios de comunicación que acudieran a una conferencia de prensa donde negaría supuestos desvíos de recursos de la administración de Gabino Cué Monteagudo.

 

Este hecho puso en evidencia lo que muchos ya sabían, que el famoso órgano autónomo responsable de la fiscalización de los recursos públicos de los tres poderes del Estado y los 570 municipios, era solo un apéndice del titular del Poder Ejecutivo.

 

En su despacho del bulevar Eduardo Vasconcelos, Altamirano Toledo negó que existiera opacidad en el manejo de 9 mil 71 millones de pesos, que ejerció el gobierno estatal para promover el desarrollo social y humano, aunque nunca ofreció alguna prueba.

 

Cándido cual colegial

 

Con un suéter negro de colegial, aseveró que se conocía “perfectamente” en que fueron aplicados esos recursos y de los cuales, alrededor de 6 mil millones de pesos se gastaron en la nómina del sistema educativo estatal, que incluye los niveles básico, media superior y superior. Dinero esfumado.

 

No era este el único caso, estaban ahí los supuestos desvíos de recursos públicos en oficinas gubernamentales que no quiso investigar, como los registrados en la Secretaría de Vialidad y Transportes (Sevitra), la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), la Secretaría de Administración, la Comisión de Cultura Física y Deporte, entre otras muchas, que fueron denunciados públicamente a través de los mismos medios de comunicación.

 

Además de los municipios que constituyeron verdaderas cuevas de Alí Babá y sus más de cuarenta ladrones, como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, la Villa de Zachila, Ánimas Trujano, entre otros más, donde nunca se vio la presencia de la fiscalización.

 

Fue tan grande y grave su inactividad, que el órgano fiscalizador regresó al nivel que tenía cuando su titular era Rosa Lizbeth Caña Cadeza, periodo en el que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz ordenaba a qué presidente municipal auditar y amenazarlo con fincarle responsabilidades, en caso de disentir de su actividad partidista.

 

Resultados ASE: impunidad

 

Los resultados de la ASE están a la vista, ningún ex funcionario o ex presidente municipal está sujeto a proceso por corrupción. Todos lucen su impunidad en donde se presentan, mientras el pueblo sufre la falta de servicios médicos, educativos, deportivos, de urbanización, así como de programas que le ayuden a mitigar la pobreza y miseria.

 

Por eso no es extraño que apenas se acomodaban los actuales diputados en sus curules, los legisladores las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo (PT), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Renovación Nacional (Morena) presentaran sendas iniciativas de reformas para crear un nuevo órgano fiscalizador y, en la práctica, sustituir a Carlos Altamirano Toledo como el titular del órgano auditor.

 

Los representantes de los tres partidos políticos reconocen que la ASE presentó diversos problemas de financiamiento, autonomía y capacidad técnica para cumplir con su responsabilidad, pero también que sucumbió a la corrupción.

 

Auditorías a la venta

 

Mencionan que hay casos de autoridades municipales que compran los resultados favorables de sus auditorías, situación que puso de relieve la misma Auditoría estatal en marzo de 2015, al dar a conocer el cese del director jurídico, Adán Córdova, por brindar impunidad a presidentes municipales que había realizado desvío de recursos públicos; sin embargo, la verdad es que no era el único que había caído en estas prácticas.

 

Aunque no sólo el PT, PAN y Morena están interesados por la remoción de Altamirano Toledo, ya que la misma coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández, fue la encargada de solicitar al auditor estatal su renuncia, a solicitud del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

 

El diputado petista Jesús Romero López asevera que su propuesta busca fortalecer el órgano de fiscalización, dotándolo de autonomía presupuestal, financiera, técnica y de gestión.

 

Además precisa que estaría conformado por un auditor superior y cuatro consejeros o sub auditores, a fin de que no se centralice el combate a la corrupción.

 

Así mismo propone constituir un servicio fiscalizador de carrera, a efecto de profesionalizar las acciones de fiscalización y se incluyan facultades al órgano superior de fiscalización relativas al sistema estatal de combate a la corrupción.

 

Lo que mantiene hasta hoy en su cargo a Carlos Altamirano Toledo es su obstinación a no presentar su dimisión, a mantenerse en el cargo pase lo que pase.

 

El único que se opone a la remoción del auditor es su sobrino y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano, que busca por todos los medios, que su pariente pueda concluir su periodo de siete años.

 

El pretexto para la destitución de Carlos Altamirano Toledo es la armonización del sistema anticorrupción estatal con el federal. A través de su compañera Eva Diego Cruz, el coordinador perredista intenta hacer creer a todos que la ASE es parte fundamental en esta lucha en contra del mal de los políticos mexicanos, la corrupción.

 

Chantaje a PT y MORENA

 

Otro vía que se experimenta, menos dogmática, es la que ha sido denunciada por los propios afectados; el chantaje de que si los diputados de las fracciones parlamentarias del PT y Morena continúan exigiendo el cambio del órgano fiscalizador, entonces se procederá en contra del petista ex presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Mariano Santana López, y el ex candidato a gobernador por Morena, Salomón Jara Cruz.

 

Puede parecer extraño, pero en diversos medios de comunicación ya ha iniciado una campaña para recordar que Santana López y Jara Cruz han sido señalados de actos de corrupción y que la ASE debería investigarlos y proceder como corresponda. Y en política, piensa mal y acertarás.

 

Adiós a la ASE

 

Sin embargo haga que lo que haga Carol Altamirano Toledo y su tío, ya podemos dar por efectiva la sustitución de la ASE por un nuevo órgano fiscalizador, llámese como se llame, toda vez que es una decisión política de la más alta esfera. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias están en el juego para ver que sacan, pero la decisión está ya tomada.

 

¿Y qué significa esto? Bueno, pues evidentemente que lo importante no es que haya un auditor que sí combata a la corrupción, autónomo, independiente y sin control por parte del Poder Ejecutivo, sino todo lo contrario, poner en ese lugar a quien cumpla al pie de la letras las encomienda, proteja a los amigos y castigue a los disidentes.