Culmina así una historia de corrupción, engaño y anarquía de un proyecto sindical que quiso ser ejemplo de movimiento social, pero cuyos dirigentes se dejaron seducir por el poder hasta terminar igual que lo que decían combatir. Aunque esto no significa necesariamente que los niños y las niñas de Oaxaca tengan ya una mejor educación, ni mucho menos que la corrupción haya sido desterrada del sistema educativo estatal.
Un poco más de 35 años fueron más que suficientes para demostrar la incapacidad de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para democratizar e impulsar un nuevo modelo sindical, que enterrara la corrupción y autoritarismo del sindicalismo corporativo, afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En 1980 el Comité Ejecutivo del SNTE de Carlos Jonguitud Barrios, que por cierto tuvo el mismo final que los actuales dirigentes de la sección 22 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, reconoció el comité ejecutivo estatal de la corriente disidente y dos años más tarde aceptó a su primer secretario general, el profesor Pedro Martínez Noriega.
Este hecho titánico si se toma en cuenta el control absoluto que tenía el ex diputado, ex senador y ex gobernador de San Luis Potosí, Jonguitud Barrios, generó la esperanza de los profesores y el pueblo oaxaqueño; sin embargo, pronto la ilusión se convirtió en tragedia.
Hombre inteligente, Martínez Noriega promovió un sindicalismo cercano a las necesidades del pueblo, no sólo en el ejercicio de la profesión sino también en el apoyo a sus demandas y necesidades. Pero fue el único intento serio de cambio, después todo fue negocio, poder, canonjías. Los mismos vicios que decían combatir. Aunque no todo fue culpa de los dirigentes.
La entrega del IEEPO
El populismo de los gobernadores y su temor a sufrir protestas o movilizaciones de la sección 22 del SNTE los hizo entregar a los “democráticos” diversas prebendas. Primero apoyos económicos para el movimiento, permisibilidad para faltar a sus labores, desinterés por el cumplimiento de planes y programas educativos, incumplimiento del derecho de los niños y niñas a una buena educación.
El punto álgido de este modelo corruptor se dio el 28 de octubre de 1992 cuando el entonces gobernador Heladio Ramírez López y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Lino Celaya Luría, firmaron una minuta con la dirigencia magisterial para entregarles el control administrativo del instituto, cuya responsabilidad era dirigir la educación en la entidad, cuando la representación gremial recaía en el profesor Erangelio Mendoza González.
Esto a pesar de que era evidente que la sección sindical no tenía la capacidad de asumir la dirección de la política y administración del sistema educativo estatal.
Para lo único que sirvió el decreto de entrega del IEEPO fue para profundizar los actos de corrupción en el sindicato de profesores, porque ahora eran los dirigentes magisteriales los que imponían a los mandos superiores y medios del IEEPO, los que asignaban plazas, promovían ascensos y controlaban todo el sistema escalafonario del sistema. En un hecho inédito en el sindicalismo mexicanos, la sección 22 pasó de representar a los trabajadores a convertirse en el verdadero patrón de los profesores oaxaqueños.
La corrupción
En esta situación de patrones, los dirigentes magisteriales no se detuvieron para aprovechar la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales y económicas. La represión contra sus propios representados se convirtió en el medio para controlar a los trabajadores, por lo que el pase de lista en cada protesta o movilización se transformó en el sistema meritorio para hacer respetar sus derechos.
La base entonces tenía que ofrecer favores sexuales, económicos, materiales para obtener una plaza, un permiso con goce de sueldo, un cargo en el IEEPO, un cambio de adscripción y hasta la asignación de horas de trabajo, etcétera, ante la abierta complicidad de las autoridades gubernamentales.
Aunque no satisfechos con tan inmenso poder, también demandaron al gobernador en turno recursos económicos fuera de toda normatividad y control. Así los dirigentes obtuvieron vehículos, dinero, impunidad, mientras a sus compañeros les dejaban las migajas del pastel: lavadoras, medallas, el incremento del pago por concepto de aguinaldo, mayores vacaciones, la posibilidad de heredar las plazas, todo ellos pagado con recursos del erario.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) en sus distintos informes de auditoría da cuenta de los millones de pesos de los programas destinados a la educación, que las autoridades gubernamentales desviaron para satisfacer la voracidad de unos dirigentes magisteriales convertidos en magnates, como Enrique Rueda Pacheco, Azael Santiago Chepi y Rubén Núñez Ginez, pero no son los únicos, una verdadera pléyade de pseudo dirigentes magisterial se convirtieron en nuevos ricos, a partir de la supuesta defensa de los intereses de sus compañeros.
El golpe
Esta podredumbre sindical y su decisión de enfrentar al gobierno de Enrique Peña Nieto para seguir manteniendo sus privilegios, a pesar de la reforma educativa publicada el 26 de febrero de 2013, determinó la decisión de elaborar un plan de extinción del monstruo creado en Oaxaca.
Decidido a terminar con los chantajes de los dirigentes magisterial de la sección 22 del SNTE, que además nutría económica y con la base trabajadora a la denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno implemento una estrategia completa para desaparecer el sindicalismo magisterial oaxaqueño, como lo hizo en su tiempo Carlos Salinas de Gortari con el SNTE de Carlos Jonguitud Barrios.
La estrategia llevó poco más de dos años, y rindió el fruto esperado. Primero, se desarrolló todo un proceso legal para no dejar margen al discurso de ilegalidad. Se esperó que los dirigentes sindicales recurrieran a los juzgados para interponer amparos en contra de la reforma educativa, mismos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el 2 de julio al considerar constitucional la reforma.
Después presionó a través de diversos personajes a las autoridades estatales para obligar al sindicato a aceptar la reforma educativa, porque después de dos años y seis meses el gobernador de la entidad, Gabino Cué Monteagudo, mantenía una actitud de apoyo al magisterio y de abierto rechazó a la implementación de la nueva normatividad.
El amago más importante al mandatario estatal se dio el 29 de junio del año en curso cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión anunció que convocaría a los gobernadores de Chiapas, Michoacán y Oaxaca para discutir sobre la falta de cumplimiento a la reforma educativa en sus entidades.
La estrategia de presión también consideró una amplia campaña de difusión en los medios de comunicación más importantes de la capital del país donde se hacía énfasis en la falta de interés del gobernador estatal para defender los derechos de los niños oaxaqueños a la educación, con calificativos de complicidad, incompetencia y pusilanimidad; así como los graves resultados educativos de la entidad. Mexicanos Primero fue una de las organizaciones más insistentes en evidenciar la mala situación educativa de Oaxaca.
Otro elemento definitorio del plan fue el arribo de elementos del Ejército Mexicano y la Gendarmería, el 5 de junio del 2015, con el pretexto de vigilar el desarrollo de los comicios electorales en la entidad. La realidad es que el proceso electoral concluyó y lejos de reducirse la presencia de las fuerzas armadas y policías, éstas se aumentan y desarrollan labores de disuasión a cualquier movilización magisterial.
La reforma del IEEPO
En este contexto el 25 de julio el gobernador Gabino Cué anunció, acompañado del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, la desaparición legal del IEEPO y, lo más importante, la aplicación de la reforma educativa en Oaxaca.
En edificio 7 de Ciudad Administrativa, con el rostro desencajado, el gobernador Gabino Cué dio lectura a un discurso evidentemente no redactado en sus oficinas, en una muestra evidente de que había sido derrotado por el gobierno de la República.
En esa ocasión correspondió a Emilio Chuayffet hacer el anuncio más trascendente. Dijo que los puestos en el nuevo órgano educativo ya no serían ocupados por ningún maestro en servicio, ni representantes de los maestros.
“No habrá maestros en el nuevo instituto”
Mientras tanto soldados y policías federales resguardaban todas las oficinas del extinto IEEPO. El objetivo se había cumplido, pero lo mejor es que los presagios más negros no se habían cumplido. La base magisterial cayó en un estado de zozobra, que lo único que le interesó fue conservar su empleo y sus salarios.
Al tiempo que la dirigencia sindical encabezada por Núñez Ginez exhortaba a la base trabajadora a rebelarse, con magros resultados. Sin duda, la mayoría de los profesores oaxaqueños vio con simpatía el fin de un caciquismo sindical que solo en el discurso velaba por sus intereses.
Pero el plan del gobierno federal no culmina, por el contrario ahora pesa sobre la dirigencia de la sección 22 del SNTE la posibilidad de ser detenidos por la comisión de diversos delitos, como le sucedió a su antigua enemiga, la dirigente de facto del SNTE, Elba Esther Gordillo. La autoridad solo aguarda el momento justo para asestar el golpe final.
Culmina así una historia de corrupción, engaño y anarquía de un proyecto sindical que quiso ser ejemplo de movimiento social, pero cuyos dirigentes se dejaron seducir por el poder hasta terminar igual que lo que decían combatir.
Aunque esto no significa necesariamente que los niños y las niñas de Oaxaca tengan a partir de ello una mejor educación, ni mucho menos que la corrupción haya sido desterrada del sistema educativo estatal. Eso solo el tiempo lo dirá.
Por lo pronto, podemos escuchar un réquiem por la sección 22 del SNTE.