Renuncia Perla Woolrich
Luis Ignacio Velásquez
La salida de la panista Perla Woolrich de la Contraloría estatal y el arribo del diodorista Manuel de Jesús López, precisamente el ex procurador que no inició procedimiento penal a los 32 ulisistas acusados por la ex contralora en 2011, aseguraría el eventual pacto de impunidad entre URO y Cué, para que ante el posible retorno del PRI al poder, los funcionarios del “gobierno del cambio” tampoco sean encarcelados gozando de igual impunidad que los de Ulises.
El pasado 4 de mayo a través de un comunicado el gobierno del estado dio a conocer la designación del ex procurador de Justicia Manuel de Jesús López López como nuevo titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en sustitución de la abogada panista Perla Marisela Woolrich Fernández, lo que revivió el viejo caso de los ex funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz investigados por el presunto desvío de 3 mil 687 millones de pesos.
En el comunicado oficial se destacó el desempeño profesional del abogado López López, que el 7 de enero del año en curso fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y se le encomendó en su nuevo cargo público dar seguimiento a la iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, “la cual se enmarca en la Segunda Iniciativa de Reforma Constitucional presentada por el Poder Ejecutivo a la LXII Legislatura el pasado 17 de marzo de 2015, cuyo propósito no solo es armonizar la Constitución de Oaxaca con las leyes nacionales, sino mejorar sustancialmente el marco legal vigente”.
Nuevo contralor, ¿cómplice de ulisistas?
Nada se dijo, sin embargo, de las investigaciones que llevó a cabo la ex contralora Woolrich Fernández en contra de 32 funcionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) por un daño al erario de 3 mil 687 millones de pesos y por lo cual en el 2011 se presentó una querella ante la Procuraduría estatal después de haber concluido 16 auditorías, dependencia de la que era titular el nuevo contralor.
Desde ese año, 2011, la falta de actuación de López López en contra de los ex funcionarios ulisistas generó un conflicto soterrado entre la abogada panista y el entonces procurador, del que hoy finalmente resulta ganador el magistrado con licencia.
En múltiples ocasiones la contralora Woolrich Fernández acusó la falta de actuación del procurador López López para proceder en contra de los responsables del saqueo del erario público, con una frase que se volvió cotidiana: “el asunto ya no está en mi chancha, yo cumplí con la realización de auditorías y las sanciones administrativas, inhabilitaciones, que me corresponden, ahora la pelota está en la cancha de la Procuraduría”, donde permanece hasta la fecha.
Dos años después, en noviembre del 2013, la ex diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), en declaración a los medios de comunicación insistía que las querellas por el quebranto al erario público por parte de diversos ex funcionarios no se habían perdido.
“Las denuncias penales están en terreno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dado que es responsabilidad de dicha instancia proceder conforme Derecho”, puntualizó.
En ridículo hasta la interpol
Aunque hasta el 7 de noviembre del 2013 cuando López López presentó su renuncia a la Procuraduría General de Justicia del Estado, ninguno de los ex funcionarios ulisistas habían sido molestados, supuestamente porque había huido al extranjero, aunque el propio ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz se paseaba por toda impunidad por el estado y hoy realiza proselitismo a favor de los candidatos a diputados federales priístas.
Lo ridículo es que el 20 de agosto del 2011 la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) publicó en su página de internet la ficha roja para localizar y detener a cinco ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz, entre ellos Miguel Ángel Ortega Habib, Armando Félix González Berbané, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, Soledad Juana Rojas Walls y hasta la fecha siguen “prófugos”.
En este contexto no pocos oaxaqueños se preguntan cuál es la principal encomienda del ex procurador López López como contralor estatal respecto al millonario desvío de recursos en la administración priísta pasada.
Algunos, los menos, han manifestado que ahora sí el magistrado con licencia López López procederá en contra de los ex servidores públicos y los llevará a la cárcel, lo que evidentemente es ilusorio porque si no lo hizo cuando ejercía de procurador, es decir cuando tenía la responsabilidad de actuar en contra de quienes violan la ley, menos podrá hacerlo ahora que sus facultades solo le permiten imponer sanciones administrativas a los funcionarios o ex funcionarios que incumplen con sus responsabilidades. Ya vimos que presentar querellas contra ex servidores públicos no es garantía de justicia.
Si cuando tenía a su disposición todos los recursos humanos y materiales para investigar, detener y presentar ante a un juez a los ex funcionarios que saquearon el erario o utilizaron recursos públicos para su beneficio personal no quiso o no pudo hacerlo, menos lo hará ahora que ya no es su responsabilidad.
De Jesús, ¿impunidad para todos?
Otros, los más, consideran que dado el contexto político en la entidad a un año del inicio del proceso para elegir al nuevo gobernador del estado, la encomienda de López López al frente de la Contraloría será “limpiar” los expedientes de los ex funcionarios ulisistas ante una eventual negociación entre el gobernador Gabino Cué Monteagudo y su antecesor Ulises Ruiz Ortiz.
Porque si bien la elección del 2010 dejó una abierta confrontación entre los dos políticos, lo que explicaría la realización de las auditorias al inicio del gobierno de la coalición PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, así como su prolija difusión del caso, la actual coyuntura en el estado puede acercar a Ruiz Ortiz y Cué Monteagudo.
Es vox populi que los resultados del gobierno del cambio no fueron los esperados y que existe un sentimiento de decepción respecto al denominado gobierno del cambio, que puede ser un factor determinante en la elección de gobernador en el 2016.
Muchos analistas políticos y ciudadanos consideran que las condiciones están dadas para el regreso del PRI al gobierno de la entidad y en esta circunstancia es claro que la administración de Gabino Cué debe tomar las medidas necesarias para no ver a los integrantes de su gabinete acusados también penalmente por el desvío de recursos públicos y vaya que hay tela de donde cortar. Ahí están Nezahualcoyotl Salvatierra López, Alberto Vargas Varela, Germán Tenorio Vasconcelos, Amador Jara Cruz, entre otros muchos, lo que obligaría a un relevo “pactado” en el gobierno estatal.
La Secretaría de la Contraloría maneja mucha información que puede publicitarse o esconderse de acuerdo a las circunstancias. Información que puede desaparecer, calificarse de reservada o confidencial y archivarla el tiempo suficiente para la prescripción de los posibles delitos.
El asunto no es menor, la información que resguarda la Contraloría es poderosa y puede acercar a quienes se confrontaron en una situación política específica. López López puede sepultar los expedientes de los ex funcionarios ulisistas y con ello, garantizar impunidad a los priístas, la pregunta es: ¿A cambio de qué?
Dependencias con faltantes del sexenio pasado
Caminos y Aeropistas de Oaxaca. (CAO) 736 millones 207 mil 337.82 pesos
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Físico Educativa (IOCIFED) 46 millones 136 mil 669.00 pesos
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 1 mil 297 millones 050 mil 396.20 pesos
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca (CECYTEO) 162 millones 573 mil 589.38
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 721 millones 294 mil 664.89 pesos
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) 3 millones 752 mil 233.40 pesos
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) 53 millones 723 mil 583.19 pesos
Instituto Estatal de Bachillerato del Oaxaca (IEBO) 15 millones 336 mil 457.72 pesos
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) 16 millones 466 mil 018.49 pesos
Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 492 millones173 mil106.00 pesos
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 15 millones 809 mil 086.00 pesos
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 52 millones 995 mil 361.19 pesos
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 62 millones 819 mil 249.52 pesos
Oficina de Pensiones 11 millones 361 mil 537.08 pesos
TOTAL 3 mil 687 millones de pesos
Ex funcionarios a quienes no se inició procedimiento penal
1. Miguel Ángel Ortega Habib Ex Secretario de Finanzas
2. Esdras Eudaldo Cruz y Cruz Ex Subsecretario de Ingresos de la Sefin
3. Fernando González García Ex Subsecretario de Egresos de la Sefin
4. Bernardette Rousse Mayor Ex jefa de la Unidad de Servicios Jurídicos de Sefín
5. Armando Félix González Bernabé Ex Director General de CAO y ex Secretario de Obras Públicas
6. Ambrosio Vásquez Arango Ex Director General de CAO
7. Lorena Pérez Hernández Ex Directora de Administración y Finanzas de CAO
8. Manuel Alejandro Hernández Muñoz Ex director de Administración y Finanzas de CAO
9. Jesús Ángel Díaz Ortega Ex Director General del IOCIFED
10. Rodolfo Antonio Alegría Reyes Ex Director de Construcción de Infraestructura Educativa
11. Aarón Pérez Bautista Ex Director General del Seguro Popular
12. Enrique Cuevas Gómez Ex Subdirector de Administración y Finanzas del Seguro Popular
13. Abel Trejo González Ex Director General del IEEPO
14. Rafael Rosalino Zárate Azpiros Ex Subdirector de Recursos Financieros del IEEPO
15. Cándido Coheto Martínez Ex Director General del COBAO
16. María del Socorro Esperanza Gazga Ex Directora de Administración y Finanzas del COBAO
17. Alejandro Flores Pérez Ex Director de Administración y Finanzas del COBAO
18. Cipriano Flores Cruz Ex Director General del IEEA
19. Leticia Cruz Regino Ex Jefa del Departamento Administrativo del IEEA
20. Jorge Fausto Bustamante García Ex Director General del IEBO
21. César Román Figueroa Hernández Ex Jefe del Departamento Administrativo del IEBO
22. Herón García López Ex Director General del CSEIIO
23 Erasmo Ramírez Osorio Ex Director de Administración del CSEIIO
24. Raúl Gonzalo Castellanos Hernández Ex Coordinador de Comunicación Social
25. Soledad Rojas Walls Ex Coordinadora de Comunicación Social
26. Jorge Efrén Rojas Hernández Ex Jefe de la Unidad Administrativa de la Coordinación de Comunicación Social
27. Claudia Gabriela Ramírez Zamora Ex Jefa de Recursos Financieros de la Coordinación de Comunicación Social
28. Bernardo Barragán Salazar Ex Secretario de la Contraloría
29. Karina Musalem Santiago Ex Directora General del DIF
30. Luz Yanira Morales Castillo Ex Directora de Administración y Finanzas del DIF
31. Jesús Ruiz Martínez Ex Director de Asistencia Alimentaria del DIF
32. Gisela Zárate Figueroa Ex Jefa de Recursos Financieros del DIF