Guadalupe Ríos
¿Qué riqueza esconde San Dionisio del Mar para hacer pelear a tantos por el control político del municipio? Su riqueza, dicen, está en el viento y debajo de la tierra, en el potencial eólico y el potencial minero que ahí se podría explotar.
Aunque este conflicto data de 2011, con la toma del palacio municipal y la creación de la Asamblea Comunitaria de San Dionisio contra el Proyecto Eólico de Mareña Renovables, la existencia de un proyecto minero denominado “Yolanda” de la empresa Gold Corp en etapa de exploración y barrenación para ubicar plata y oro, es otro de los factores de conflicto entre los grupos partidistas que buscan el control del municipio.
TEPJF ordena nueva elección
El 7 de julio del 2013 se realizaron elecciones municipales en un ambiente tenso que derivó en la quema de la papelería de una casilla y resultó triunfador Saúl Santos Sierra, del PSD, por sólo siete votos sobre el priista Mayolo Luis Gallegos.
Ante la mínima diferencia de votos y por la falta de cómputo de la urna incendiada, el PRI presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un Recurso de reconsideración y el Tribunal determinó la anulación y ordenó elecciones extraordinarias.
El Congreso nombró administrador municipal al priista Jorge Bustamante García quien “optó” por despachar en Juchitán y en la capital, con el respaldo de un grupo de comuneros ikoojts quienes no quieren elecciones y sí que Bustamante siga, con la incorporación del PRI al Consejo de Administración.
El dirigente del PRI Anuar Mafud, acusó a Bustamante (su compañero de partido aunque de una línea distinta), de provocar ahí convulsión social y pretender “perpetuarse en el cargo para usar a su antojo los recursos del municipio”, más de 17 millones de pesos de los fondos federales .
San Dionisio, botín
La comunidad indígena de San Dionisio, está asentada en la zona llanera del Istmo de Tehuantepec; tiene una población de apenas 5 mil habitantes; 46 por ciento vive en pobreza extrema; y más de la mitad de su territorio no es apto para la agricultura ni la ganadería, según datos del Censo de INEGI de 2010.
Pero no es esa condición de pobreza la que los políticos desean administrar o revertir, sino su potencial eólico y minero; a casi un año del desistimiento de impulsar el megaproyecto eólico de 396 megavatios, el principal argumento de quienes se oponen a que se realice la elección es que si gana el PRI se favorecerá a las empresas eólicas.
El candidato del PRI a la alcaldía Mayolo Luis Gallegos, es concuño del ex alcalde Miguel López Castillejos, acusado de que en 2012 recibió de Mareña Renovables 21 millones de pesos para autorizar el cambio de uso de suelo de los bienes comunales e instalar 132 aerogeneradores en la Barra Santa Teresa.
El entonces alcalde recibió el dinero y no rindió cuentas, pero la férrea oposición de comuneros ikoojts y zapotecas de Álvaro Obregón, municipio de Juchitán, durante más de un año, obligaron a Mareña Renovables a desistir del proyecto que pasó a la empresa Energía Eólica del Sur que ahora busca ejecutarlo en tierras de Juchitán, previo proceso de consulta indígena.
Elección violentada
Fue manifiesta la incapacidad o desinterés del gobierno estatal para generar condiciones de seguridad en los comicios del pasado 14 de diciembre. No hubo respuesta de las áreas de seguridad pública para garantizar el proceso.
Los nuevos consejeros del Instituto Electoral de Oaxaca (IEEPCO-OPLE) mostraron de nuevo las limitaciones con que iniciaron. La actividad electoral en Oaxaca nunca ha sido simplemente colocar urnas, verificar la votación y emitir el fallo, como podría ser en otras partes. Acá siempre el Instituto Electoral es quien se mueve, negocia, logra acuerdos para que las elecciones puedan realizarse. Ciertamente con el apoyo de la Secretaría General de gobierno, aunque en los últimos años ésta ha brillado por su ausencia en estos procesos.
De manera que el IEEPCO--OPLE junto con el INE de Oaxaca se la pasaron pidiendo que el gobierno del estado y los partidos pacificaran a todos para que ellos llegaran simplemente a poner las urnas. Así se llegó al 13 de diciembre cuando los opositores a la extraordinaria, integrantes de la Asamblea Comunitaria de San Dionisio, con respaldo del magisterio incendiaron una patrulla municipal y tomaron las oficinas del INE en Juchitán.
Hasta entonces el gobierno del estado quiso poner orden enviando medio centenar de patrullas y cientos de elementos policíacos a escasas ocho horas de que se iniciaran los comicios. Quienes no quería elecciones lograron su objetivo: la elección se canceló.
Desarmado, sin operadores el IEEPCO-OPLE sigue con sus “llamadas a misa” a partidos y grupos a apegarse a la ley, y al gobierno del estado a que hagan el trabajo de generar condiciones de seguridad, con miras a la próxima fecha para estas elecciones extraordinarias.