Retrasar, retener o dividir la entrega de las participaciones municipales ha sido práctica de este gobierno del “cambio”. Varios municipios la han sufrido, destacan Atzompa, San Jacinto Amilpas, Santa Lucía del Camino, Juchitán de Zaragoza. En los dos primeros, el gobierno de Gabino Cué dividió arbitrariamente los recursos municipales entre dos grupos de regidores en pugna, pasándose por el arco del triunfo la autonomía del municipio libre consagrado en el 115 constitucional.
Juchitán, igual que esos otros municipios de Oaxaca, ha sido sujetado también con los recursos. Establecer un sólido gobierno municipal en Juchitán es muy difícil, para cualquier ayuntamiento de cualquier partido. Si acaso existiera buena voluntad de trabajo de algún presidente, el cúmulo de tribus coceistas o priistas mantienen de manera permanente en jaque a la autoridad. Lo que junto con la escasa ciudadanía no auguran por ahora algo mejor. Y desde hace unos años apareció lo peor, la delincuencia organizada. Hoy Tuxtepec y ahora Juchitán sufren este flagelo, a ciencia y paciencia del gobierno federal, a quien compete combatirlo.
Federación y estado, omisos
La federación no ha cumplido sus compromisos con Juchitán, ni el gobierno del estado. La primera dejó de entregar recursos para 14 proyectos de obra social aprobados en 2015, por un monto de 600 millones de pesos. Los recursos del SUBSEMUN, para la seguridad municipal, no llegan desde el año pasado. Asimismo, tampoco liberan los recursos para construir un Hospital de Especialidades. La construcción del Parque Eólico Municipal comunitario con dos aerogeneradores, es otro de tantos compromisos incumplidos.
Son muchos los pendientes que enlista la autoridad local, pero hay uno fundamental, la negativa del pago de impuestos y derechos por parte de las Empresas Eólicas. Siendo la principal industria generadora de riqueza, estas empresas, en su mayoría extranjeras, adeudan al municipio desde 2008 la friolera de unos 2 mil millones de pesos.
La marcha a Oaxaca
Por esos largos pendientes el ayuntamiento juchiteco, empleados y ciudadanos iniciaron una marcha hacia la ciudad de Oaxaca. Acción decidida por acuerdo de cabildo. Exigían algo insólito: que el gobernador concediera audiencia al cabildo a lo que se ha negado desde hace tres meses.
En estos mismos días se ha recrudecido la violencia de grupos de la delincuencia organizada en ese municipio istmeño. A diario hay más muertos que de costumbre. Paralelamente, se anunciaba la reapertura de Aurrerá, filial de la transnacional Wal Mart, que cerró sus puertas acosada por la delincuencia organizada. De pronto se anuncian operativos conjuntos, llegan fuerzas federales, la Gendarmería y la Marina.
Gobierno de transnacionales
Desde el año pasado el gobierno municipal exigió el concurso de las fuerzas federales y casualmente éstas llegan hasta que Aurrerá lo necesita para reabrir. Está claro que al gobierno federal no le importan los pueblos y municipios mexicanos, se encuentra a las órdenes de capital internacional, como se ve en el caso de esta tienda, pero también al permitir que las empresas eólicas no cumplan con la mínima obligación de pagar impuestos municipales. Que deberìa ser una condición para su instalación.
Dura paradoja para este ayuntamiento encabezado por Saúl Vicente, haber trabajado en lograr que se diera una consulta entre los pueblos para establecer empresas eólicas. A cambio nada han recibido, ni siquiera los pagos de derechos de la CFE por el establecimiento de su proyecto eólico, ni la construcción de paneles solares para la Agencia Municipal de Santa María del Mar a que se comprometió la misma paraestatal.
Este mal trato puede ser una muy mala táctica que podría despertar al Juchitán bronco contra esas voraces empresas eólicas extranjeras y nacionales. (Viniza Díaz R.)