Estas conclusiones emanaron de la participación de más de 20 ponentes, un centenar de periodistas de Oaxaca y de otras partes del país, así como cuatro organizaciones de periodistas de Oaxaca: Colegio de la Comunicación, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Club de Periodistas de Antequera y Asociación de Periodistas de Oaxaca. Encuentro realizado los días 26 y 27 de noviembre por la revista En Marcha y 102.3 La Voz del pacífico Sur
1.- Respeto a la libertad de expresión; respeto a los comunicadores, por los distintos niveles de gobierno, sobre todo las autoridades municipales y grupos de poder o de choque.
2. Respeto al derecho a la información de los ciudadanos, privilegiar el interés genuino del derecho de la sociedad a tener información de calidad.
3.- Coordinarnos las organizaciones de comunicadores, respetando el trabajo de cada una, para promover una permanente capacitación y actualización de los comunicadores: reporteros, editorialistas y directivos.
4. Sostener una relación respetuosa con los distintos gobiernos, pero sin dejar de lado la labor crítica que caracteriza a un periodismo comprometido con su sociedad.
5.- El gobierno debe garantizar la libertad de expresión e información, así como la integridad de quienes trabajan en los medios de comunicación.
6. En la difusión de la información gubernamental, debe prevalecer la transparencia en los tratos comerciales. Que no se premie o castigue a los medios en función de su adhesión o crítica al gobierno.
7.- Un proceso de transición democrática requiere una prensa libre, de calidad, crítica, que escriba para la gente y no para el gobierno. Esta actividad debe contemplar un código de ética para periodistas y empresas.
8.- El compromiso del periodista es con los principios de democracia, de justicia, de equidad, de derechos humanos, no con partidos, gobiernos, ni actores políticos.
9.- Atención especial de sus empresas, de las autoridades, de los mismos compañeros periodistas hacia los comunicadores de las regiones acotados y hasta amenazados por los poderes oficiales y fácticos locales.
10.- Las empresas de comunicación deberán brindar salarios decorosos, prestaciones sociales, capacitación y los derechos laborales establecidos en nuestras leyes. Lo cual inhibiría las prácticas viciadas en el medio.
11.- Las autoridades del área deben revisar curricula, planes de estudio y contenidos de las carreras en Comunicación, para profesionalizar efectivamente la actividad en el estado.
12.- Promover la unidad de los comunicadores de todo el estado para afrontar situaciones de riesgo, y buscar la dignificación del gremio.
13.- Exigir la efectiva aplicación de la justicia a quienes, atentando contra los medios y comunicadores, vulneran tanto la libertad de expresión como el derecho a la información de la sociedad.
14.- Impulsar reformas y leyes que garanticen el libre ejercicio periodístico, así como incrementar las penas a los agresores de comunicadores. Establecer las condiciones mínimas para el adecuado ejercicio de esta actividad, en la inteligencia de que la información es un bien público de trascendencia innegable.
Políticas de comunicación gubernamental
Representante del gobierno electo en el Tercer Encuentro de Periodistas de Oaxaca, 27 de noviembre de 2010
Es comentado en diversos ámbitos que el momento que vive Oaxaca constituye, para las nuevas autoridades y la sociedad, una excelente oportunidad para transformar los medios de comunicación existentes en el estado.
Poco a poco se ha ido creando el consenso de que una transición política, para que sea plena, necesariamente atraviesa por los medios de comunicación. El gran reto de la transición de Oaxaca, en materia de medios de comunicación, es construir la nueva institucionalidad en la relación medios-poder que fortalezca la democracia, la justicia y la libertad. Se trata de construir una política de comunicación que considere con una amplia visión la realidad local y regional que, como sabemos, es compleja, diversa y con una multiplicidad de fuerzas actuantes.
Por lo anterior, el nuevo gobierno debe salirse del plan mediático, con el que llega cualquier gobernante en turno, para transitar a un verdadero programa de comunicación social. No se trata solamente de un plan de medios, de relaciones públicas con los dueños de las empresas mediáticas, de una nueva relación con reporteros o columnistas editoriales sino de una política de comunicación social con lineamientos y leyes que incluyan la participación de la sociedad.
La transición democrática en materia de medios de comunicación no está a cargo solamente de las autoridades, también es responsabilidad de los propios medios de comunicación privados. Estos tienen que definir con toda claridad si quieren ser parte del proceso democratizador o solo beneficiarios de las deficiencias y debilidades imperantes. El régimen de discrecionalidad, en donde los recursos destinados a la publicidad constituyen el eje de la relación medios-poder, es totalmente contrario al proceso democratizador.
El nuevo gobierno, en la transición política que vive Oaxaca, tiene que garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad social. De igual manera habrá de garantizar el acceso a la información pública gubernamental.
Reconocer la información como bien público implica transparentar no solo el gasto de comunicación social, sino también a regularlo. Como consecuencia, también se transparentan y regulan las relaciones de los funcionarios, de los servidores públicos, con los medios de comunicación.
La comunicación social del nuevo gobierno no puede ser entendida como la promoción de la imagen personal del gobernante, ni como la apología de los servicios que prestan las dependencias del gobierno estatal.
En este contexto, el nuevo gobierno habrá de evitar la tentación (a veces la aparentemente fatal vocación) de querer controlar, dirigir, orientar, matizar, cubrir u ocultar información para los efectos políticos del momento.
Es necesario construir para Oaxaca un modelo ejemplar de Ley de acceso a la información pública gubernamental y crear un organismo independiente, autónomo, con carácter constitucional local, que la procure.
Además será imperiosa la creación de una Ley de transparencia de la publicidad con relación a los medios de comunicación escritos, digitales, electrónicos.
Los recursos económicos que se destinan a la “comunicación social” no pueden seguir siendo un arma para premiar o castigar.
También habrá de considerarse la ríspida propuesta específica, que empieza a circular en el nivel nacional, y se refiere a la prohibición de que los gobiernos contraten publicidad porque ésta práctica se vincula con criterios de masas, de propaganda, no de comunicación social. Es una idea que conviene explorar con prudencia por sus múltiples consecuencias.
Cuando el manejo de los recursos se transparenta, se regulariza también el trabajo de los reporteros porque ya no se está expensas de los criterios de los dueños de las empresas periodísticas, hay implícito un concepto de liberación en esa relación.
El gobierno tiene que democratizar sus propios medios. Estos medios deben pasar por una reforma que les restituya su vocación de servicio público aliado a la educación, la cultura, la democracia y el debate de los problemas que se viven en Oaxaca como la pobreza insultante o el terrible y denigrante nivel educativo. Los medios deben proporcionar información y significativa a sus auditorios.
Para ello deben ceder espacios reales a la participación ciudadana con base en un diseño en el que la sociedad juegue un papel relevante en su evaluación, conducción, producción y dirección, a través de consejos consultivos de ciudadanos que orienten y garanticen que estos medios cumplan su responsabilidad. Estamos hablando concretamente la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV)
Transparentar a la CORTV no es solamente ciudadanizarla, también se requiere que estos medios públicos otorguen a sus colaboradores las garantías necesarias para el ejercicio periodístico: respeto a la integridad en el trabajo, cláusula de conciencia, salario profesional, secrecía de las fuentes de información y capacitación junto con la elaboración concertada de un código de ética. En este contexto es fundamental el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, si quisiéramos que todos estos derechos estuvieran presentes en el sistema de comunicación privado, quien tiene que poner el ejemplo es el gobierno.
Uno de los grandes retos de la transición oaxaqueña es la reconversión tecnológica de los medios electrónicos de comunicación. Hay que clarificar si vamos a permitir que la digitalización sirva solo para que los mismos tengan más canales o vamos a dar un debate como medios de comunicación y gobierno para que la digitalización sea un proceso que no solamente multiplique servicios sino que promueva nuevos actores en el uso y operación de medios de comunicación.
Parte de esto se puede lograr regularizando en Oaxaca el régimen de radiodifusión y televisión comunitarias. Oaxaca puede dar ejemplo al país en el uso social de los medios.
Una política de comunicación gubernamental debe considerar, con todas sus implicaciones, la diversidad cultural de Oaxaca; se trata de lo que constitucionalmente llamamos la realidad pluriétnica y pluricultural de la nación. Esta realidad no se puede hacer a un lado bajo ningún pretexto: ni por negligencia, ni por ignorancia, ni por perversidad.
No se deben hacer a un lado a las poblaciones indígenas del estado y sí hay que considerar en todo lo que valen y representan sus culturas, sus idiomas, sus conocimientos y sus propuestas.
Hay que tener siempre en la mira que en una democracia el ciudadano es el sujeto esencial, y en un sistema democrático de comunicación, el ciudadano es el destinatario final, no lo es el gobernante ni el periodista.
Aterrizando en lo que debería ser la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, es inconcebible que los medios públicos continúen como canales para la promoción personal de funcionarios y políticos y como herramientas para la propaganda del partido político en el poder.
También es inconcebible que su programación y contenidos sean tan anodinos.
Es necesario replantear la función de servicio público en un renovado modelo de comunicación. Se trata de sustentar medios que obedezcan a una lógica diferente a la del mercado, con estructura y objetivos distintos a los del modelo comercial.
Los medios de servicio público tienen por principio un valor social distinto al valor del mercado. Para la radio y la televisión comerciales las audiencias son el medio con el que buscan atraer anunciantes. Por el contrario, la radiodifusión pública se dirige a sus audiencias como ciudadanos, no como consumidores.
El modelo público de comunicación asume una responsabilidad social y cultural con la ciudadanía.
En Oaxaca, la presencia y desarrollo de un modelo de comunicación pública a partir de la transformación de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, constituirá un elemento importante para la consolidación de nuestra democracia.
Es urgente que la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión se convierta en un sistema de comunicación de carácter público, altamente participativo, con base en la planeación, producción y transmisión de programas de radio y televisión, con la más alta calidad, que promuevan el desarrollo integral del Estado, el debate abierto de los problemas y retos que se enfrentan y la preservación y fortalecimiento de la diversidad y la pluralidad de las manifestaciones culturales de los pueblos de Oaxaca.
De igual manera, debe fomentar una visión crítica de la realidad, con honestidad y eficiencia, en estrecha vinculación con los ciudadanos.
Sería todo un síntoma de buena salud para la política del estado si la CORTV se transforma en un sistema auditable y sujeto a la rendición de cuentas, que esté protegido por una legislación que le garantice estar libre de presiones particulares, políticas o económicas, y desarrollar con responsabilidad una clara independencia editorial.
En este sentido, las tareas básicas de la CORTV serán las de atender las necesidades de comunicación e información de los oaxaqueños. Contribuir a la construcción de una sociedad informada y crítica y, al mismo tiempo, promover la construcción de ciudadanía. Apoyar los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad más justa. Fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales de las regiones del estado y difundir las de México y el mundo. Desarrollar programas educativos para alcanzar una mejor calidad de vida. Y con imaginación y creatividad, desarrollar nuevos lenguajes y formatos tanto radiofónicos como televisivos.
Finalmente deberemos insistir una y otra vez en que las políticas de comunicación que habrán de instrumentarse tienen como beneficiarios esenciales a los ciudadanos. Si los ciudadanos no mejoran su calidad de vida, los medios de comunicación no trabajan para los ciudadanos, y los que ganan nuevamente son el poder y el dinero. Esto ya no es permisible.
Transparencia, participación ciudadana y credibilidad son los temas.
Hay que denunciar, hay que criticar, hay que exigir; también hay que proponer y trabajar para que nuestras propuestas se hagan realidad.
