Estaba claro, la diferencia entre alternancia y transición, pasaba necesariamente por desmantelar la anquilosada estructura jurídica autoritaria del viejo régimen y la construcción de un nuevo marco normativo que sentara las bases del cambio democrático y diera identidad a la nueva etapa que vive Oaxaca: equilibrio de poderes; independencia de los órganos autónomos; autonomía municipal; justicia y respeto a los derechos humanos; restaurar la relación con los pueblos indígenas; mecanismos de democracia directa; transparencia y rendición de cuentas.
Justo los temas que el Congreso local dejara a un lado en la publicitada como la gran reforma constitucional, que no tiene parangón y que su referente en cuanto importancia es ¡¡la promulgación de la Carta Magna de 1921!!
Esas exageraciones son precisamente el referente de las críticas que se hacen a la reforma pues es evidente que se sitúa en una dimensión menor a algunos cambios constitucionales que se han realizado en los 90 años de vigencia de la Constitución del 21.
Y es que la reforma en sí tiene avances. Particularmente en la relación y equilibrio entre poderes y en algunas definiciones comunes para los órganos autónomos. Pero no más. Si se hubieran ajustado a resaltar estos cambios sin las pretensiones de haber hecho la reforma del Estado, no hubiese pasado a mayores. Porque no es la reforma política de fondo que se requiere, y se esperaba, para Oaxaca. Bastante lejos del mandato del 4 de julio de 2010, en que el hartazgo ante los excesos del viejo régimen derivó en un voto de castigo y, en sentido contrario, un deseo de cambio democrático.
Por ello se sabía que los primeros meses de actuación del nuevo gobierno y la nueva Legislatura serían fundamentales para avanzar rápidamente en una nueva estructura jurídica e institucional o, para frenar tal posibilidad.
Ciudadanía ausente
Lo rescatable del ejercicio parlamentario que se dio en torno a la propuesta del gobernador Gabino Cué, es la conjunción de todas las fracciones parlamentarias en su aprobación: la unanimidad fue el distintivo que se vendió. Unanimidad costosa pues para alcanzarla se dejaron de lado normas que constituían auténticos avances, candados para evitar regresiones y el relevo de representantes del viejo régimen en instituciones como los órganos autónomos.
En la búsqueda de la unanimidad que legitimara, siendo que no era ésta el mecanismo para ello, se dejó de lado a la ciudadanía. La propuesta del gobernador, debía tomarse no como el ejercicio acabado de una propuesta de reforma constitucional, sino como el principio de un debate serio, profundo, participativo, en torno a las consideraciones ahí planteadas.
Si la iniciativa gubernamental era producto de sus foros de consulta, era obvio que ese fue un ejercicio limitado en que se recogieron propuestas. Faltaba ahora ponerlas a un debate amplio de expertos, intelectuales, académicos y la sociedad civil, que la revisaran a profundidad, discutieran sus implicaciones, modificaran y enriquecieran. No se hizo.
Por separado las fracciones parlamentarias organizaron algunos paneles sobre determinados tópicos que se trataban en la iniciativa de reforma. Pero fueron más actos protocolarios, que posibilidad de un debate serio. No hubo pues esa discusión que se requería.
Todavía más. Algunos organismos civiles, como Servicios para una Educación Alterativa, presentaron a los diputados los puntos mínimos que debía contener la reforma constitucional; puntos que eran producto de la experiencia de la última década y del análisis que realizaron con otros organismos civiles, académicos e intelectuales. Pues bien, si la agenda presentada no fue siquiera considerada para su discusión, menos aún se tocaron en las reformas aprobadas.
Pese al espíritu democrático con que se había anunciado la iniciativa el 1 de diciembre de 2010; pese a intentos de algunos diputados por tomar en serio la discusión y realizar un auténtico debate parlamentario; pese a las intenciones de promover una agenda común legislativa para la transición democrática; al final la reforma terminó pactada en las cúpulas. En mucho, las limitaciones, candados y ausencias en la reforma constitucional, se debe a ese proceso de negociación política en que mezquinamente, para variar, se defendieron intereses sectarios y se pospuso la posibilidad de sentar bases reales para la transición democrática.
Gatopardo, presente
Después del 2006, el ulisismo promovió reformas constitucionales con el cuento de atender las demandas de la sociedad oaxaqueña. Reformas que fueron aprobadas por todas las expresiones parlamentarias en el Congreso local, pues ofertaba cambios importantes: la eliminación de la figura de Colegio electoral en que se convertía la Cámara de Diputados; el establecimiento de medios de impugnación para Usos y Costumbres; la creación de mecanismos de la democracia directa.
Por supuesto, tras esa mascarada democrática, se encontraban candados autoritarios, que hacían nugatorios los supuestos avances. En algunos casos, como el plebiscito y el referéndum, lo enviaban a la legislación secundaria que, obvio, no había como concretarla; en otros, como la Ley de Transparencia o la Ley de Medios de Impugnación dejaban omisiones claves para impedir que fueran operables en clave democrática. Lo que estaba atrás de esta reforma era establecer mecanismos que garantizaran la perpetuidad autoritaria, el control omnímodo del poder.
Lejos está la reforma constitucional del 2011 de esas pretensiones, pero tampoco muestra intención democrática firme. El gran avance que significa instaurar mecanismos de democracia directa, se convirtió en mero espejismo al condicionarlo a requisitos que la hacen inoperable. En el caso de revocación de mandato, por poner el ejemplo más claro, si se trasladara al 2006 en que una fuerte movilización popular puso en jaque al gobierno estatal, ni la masiva presencia en las calles y el estado de ingobernabilidad que prevaleció durante meses, hubieran sido suficientes para derrocar al entonces gobernador Ulises Ruiz.
Y es que, de acuerdo a la reforma constitucional de marzo, para solicitar la revocación de mandato se requiere que la solicitud la firmen el 20 por cientos de los ciudadanos del padrón electoral: esto es, alrededor de 700 mil oaxaqueños. Una tarea que además, se tendría que realizar sin los recursos y la infraestructura que para una campaña política tienen los partidos y gobiernos; por si fuera poco, tal solicitud se tendría que realizar una vez transcurrido tres años de ejercicio. Esto es, si en 2006 hubiese existido ya la figura constitucional que se estableció en abril pasado, Ulises Ruiz no hubiera tenido mayor problema legal para mantenerse en el cargo, como no lo tuvo con la anquilosada normatividad existente entonces; simplemente no habría forma de cómo aplicar tal conquista legislativa.
En ese tenor entonces la reforma en el mismo texto constitucional consignó un esencial avance democrático –los mecanismos de democracia directa—; para inmediatamente retroceder estableciendo candados que lo hacen inviable.
Las omisiones
La respuesta más fuerte y sentida se gestó una vez conocido el dictamen que se aprobaría posteriormente. El Foro Permanente de los Pueblos Indígenas mostró su rechazo a una reforma que no sólo no cumplía con la prometida transversalidad del tema indígena, sino que en algunos aspectos es discriminatoria, en otros representa un retroceso. Temas ineludible se dejaron de lado: en los mecanismos de democracia directa no hubo mención alguna de la asamblea; en los órganos electorales no se aludió siquiera a la representación y tratamiento distintos de los comicios por “Usos y costumbres”, denominación que reapareció en la Constitución pese a que hace rato ya había superado por sus implicaciones peyorativas que trae. La consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que mandatan diversos instrumentos internacionales, tampoco fueron contemplados.
Las cuestiones municipales, indígena, de género, mecanismos de distribución fiscal y un largo etcétera, fueron obviadas de la reforma constitucional. Su ausencia es al tiempo el parámetro para medir los avances logrados. Y si se establecieron disposiciones trascendentes, estas son limitadas al equilibrio entre poderes y algunas avances en las facultades del ejecutivo, legislativo y judicial. Por supuesto, no se desestiman en modo alguno estos avances; pero es claro que la reforma constitucional de abril, está muy lejos de lo que la publicidad oficial maneja. Es una reforma más.
La Reforma del Estado prometida y anhelada (más allá de las confusiones por las que se denomina así) está lejos aún de lograrse. Ello implica realizar no solo cambios constitucionales sino también en la legislación secundaria. Requiere necesariamente abordar los distintos aspectos de la realidad oaxaqueña, considerando precisamente los temas más difíciles y complicados, justo los que se eludieron. Para ello se requiere no sólo de voluntad política, sino de compromiso serio con la transición democrática y la sociedad oaxaqueña; un trabajo arduo y profundo debate de los temas de la agenda estatal.
Por lo pronto, en el primer tramo del gobierno estatal y del Congreso local, esa reforma ya no se dio. La de abril, más que la gran reforma constitucional, fue una oportunidad perdida, para todos, clase política y sociedad, de avanzar en la construcción de un estado más justo y democrático.