“Viernes a las 12 del día sesiono para volver a sacar el acuerdo de tu municipio; tráete gente, para platicar”; fue el mensaje que recibiera en su celular el expresidente municipal de San Mateo Peñasco, municipio que presentara un conflicto postelectoral. Más tarde, en un segundo mensaje, le decían: “Mañana a las 12 del día sesiono para volver a validar y calificar San Juan Lalana, sería bueno traer gente para que exijan la validación, y así no corremos riesgos; después de la sesión platicamos”.
Ante la duda generada sobre el autor de tales comunicaciones, el ex edil investigó a quién pertenecía el número de celular desde el cual se los enviaban; para su sorpresa éste era¡José Luis Echeverría Morales!, presidente del Consejo General del IEE. Y es que Echeverría se equivocó de destinatario, pues los mensajes eran para José Esteban Medina Casanova, ex presidente municipal de San Juan Lalala, quien pretendía imponer como su sucesor a Evic Estrada Aguilar. Echeverría daba información entonces para que se organizaran movilizaciones y tomas del IEE para “presionar” y poder sacar sin complicaciones la aprobación de una elección irregular.
No fue la primera vez que a Echeverría se evidenciara por una comunicación telefónica. En pleno proceso electoral por la gubernatura, fue presentado el audio de una llamada que sostuviera con el entonces gobernador Ulises Ruiz; famosa se hizo la frase en que el encargado de arbitrar las elecciones, le pidiera al mandatario no se le olvidara su “pendientito”. Sabida y probada fue la actuación parcial, irregular y facciosa del IEE durante todo el proceso.
Irregularidades en la contratación de servicios varios; licitaciones amañadas; que nunca sirviera el conteo rápido contratado; designación facciosa y parcial de los consejeros distritales; negativa a realizar la insaculación de quienes integrarían las mesas directivas de las casillas; además de un largo etcétera de irregularidades fue la actuación dolosa que durante el proceso electoral 2010 realizaran Echeverría Morales; su séquito de consejeros electorales y Othoniel Peña Montor, director del órgano electoral (ver En Marcha núm. 126).
Pues bien, las cosas no quedaron ahí. Concluidas las elecciones a gobernador y diputados, faltaban las de los municipios. Si bien aquellos que se rigen por partidos políticos se realizaron también en el mes de julio de 2010, durante su validación y la posterior integración de los ayuntamientos, hubo tiempo y se dieron mañas para continuar con las irregularidades. Y peor les fue a los municipios en que se rigen por los llamados Usos y Costumbres. Múltiples denuncias hay de irregularidades cometidas; de cobro de millonarias cantidades a cambio de reconocer o no, a autoridades municipales; de desacato a resoluciones del Tribunal estatal Electoral: de violaciones flagrantes a la ley.
En mucho, la atípica conflictividad política presentada entre 2010 y lo que va de 2011, tiene que ver con la actuación del IEE. Lejos de cumplir con su labor de arbitrar las elecciones y mediar para la resolución de diferencias, se convirtió en el principal instigador de los conflictos y tomó partido por una de las partes, casualmente, aquella más identificada con el PRI o que tenían como intermediarios a personas identificadas con el ulisismo.
La opacidad como norma
De nada sirvieron las múltiples consultas al portal de “transparencia” del IEE. Ni tampoco que se tuviera su propio reglamento de acceso a la información. La información sobre las licitaciones de los contratos para el monitoreo a medios, la papelería electoral, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), nunca estuvieron disponibles, pese a que por ley es información que debe publicarse de oficio. Ni siquiera los partidos políticos representados en el Consejo General pudieron tener acceso a ellas. Tuvo que ser una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que los obligara a dar los datos y contratos, pero ya cuando estaban signados, habían adelantado los pagos y, por los tiempos electorales, era prácticamente imposible echar para atrás pese a sus evidentes deficiencias.
Pues bien, la opacidad sigue siendo su norma de actuación. Después del 4 de julio de 2010, una y otra ves le fueron requeridos por periodistas y académicos las cifras de la elección desglosadas por casillas; en algunos casos incluso no llegaban a ese detalle y la pedían por municipio. Con los más variados pretextos se negaron sistemáticamente a darlos pese a que la información es pública y, se supone, debe estar disponible a partir de que se concluyan los cómputos distritales.
El 8 de noviembre de 2010, una persona recurrió a solicitar los datos vía la Ley de Acceso a la Información Pública (folio 3693). Tampoco hubo respuesta. Ante esta negativa, la persona que hiciera el trámite presentó el 30 de noviembre un recurso ante el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), el IEE no se dignó siquiera a enviar un informe del porqué de su renuencia, como lo marca la ley. Ante ello el 27 de enero el IEAIP en su recurso de revisión 119/2010, dictaminó que estaban fundados conforme a derecho tanto la solicitud, como el recurso interpuestos; por tanto ordena al IEE que en un plazo de 10 días hábiles entregue la información requerida. Información que debieron entregar el 11 de febrero. Faltaba más, no lo hicieron; el cinismo llega a extremos de desestimar mandatos de otros órganos. Pero, cómo veremos también esa es una actitud recurrente del órgano electoral.
Desacato, otra constante
En San Pedro Ixtlahuaca, municipio de usos y costumbres, el IEE fue más lejos aún. En el caso de la orden del instituto de transparencia, bien saben que muy difícilmente se puede sancionar su conducta, pues el vacío legal en la materia permite esa impunidad. No es así en el caso de no cumplir con una resolución de un organismo jurisdiccional; pues bien, el IEE de todos modos lo hace.
El Tribunal Estatal Electoral anuló los comicios de Ixtlahuaca por distintas irregularidades presentadas y dictaminó: “Se ordena al citado Consejo General (del IEE) que en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días disponga las medidas necesarias, suficientes y que resulten razonables para evitar la generación de violencia o la comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno del municipio de San Pedro Ixtlahuaca y lleve a cabo la elección extraordinaria de concejales en el municipio referido…”
Pues bien, en un abierto desacato a una resolución del TEE, los consejeros resolvieron “ratificar en todos los sentidos” su acuerdo del 22 de noviembre, en el que habían calificado de válida la elección. Esto es, hicieron caso omiso de un dictamen que, de acuerdo con la ley tiene que cumplirse; en su caso, la única vía es solicitar su revisión por el TRIFE. (Isidoro Yescas. El desacato del IEE. Noticias 05/01/11.).
Lejos de que se iniciara un juicio de responsabilidades al IEE, finalmente el 29 de enero, los nuevos magistrados del Tribunal Estatal Electoral anularon de nuevo esa elección.
El Trife descalifica al IEE
Esa serie de irregularidades se presentaron una y otra vez. Como nunca ciudadanos de distintos municipios acudieron al Tribunal Electoral, que lejos estuvo de una buena actuación, pero no llegó a los excesos del IEE. Pero, precisamente por la mala actuación de ambos órganos, los inconformes se dirigieron al Trife. En una veintena de casos conocidos por este órgano federal, se aprecia una constante en las resoluciones, la comprobación fehaciente del actuar doloso, violentando la ley y favoreciendo a facciones, de los consejeros del IEE.
Para muestra un botón en la sentencia del TRIFE para el caso de San Juan Mixtepec se señala: “Durante la preparación del proceso electoral en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, se adoptaron diversas medidas (con acuerdo del IEE) tendientes a su organización que contravienen los principios rectores de las actividades propias del IEE”; “la elección de los concejales del municipio de San Juan Mixtepec, no se llevó a cabo bajo un método democrático, (…) y se generó incertidumbre a la elección, ante la deficiente actuación del Consejo Electoral Municipal”. “Lo anterior es suficiente para que esta Sala Regional tenga por acreditado que ante dichas irregularidades, el Consejo General del IEE de Oaxaca indebidamente validó la elección”.
Regalando regidurías
La síntesis de todo el actuar del IEE bien se puede encontrar en un caso: Tlacolula. Ahí Echeverría Morales y demás consejeros realizaron el mayor atropello legal documentado. La historia inicia cuando, al realizar el cómputo de las elecciones municipales, el 8 de julio de 2010, inexplicablemente las urnas se trasladan a la ciudad de Oaxaca, con el supuesto argumento de que no existían condiciones para hacerlos en Tlacolula.
Los hechos posteriores develaron el motivo de esta acción: obsequiar un par de regidurías más al PRI. Si bien es práctica común que se negocien el número de regidurías entre los partidos, posterior a la elección, lo que no deja de ser irregular pues la ley establece claramente el procedimiento y la repartición de las mismas, en Tlacolula fueron más allá. Dos de los concejales que recibieron su constancia de mayoría ¡¡no compitieron en la elección!!
Sucede que en los registros oficiales aparecen inscritas tres planillas: Coalición por la Transformación de Oaxaca (PRI-PVEM; CTO); Coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN-PRD-PT-PC; CUPP) y Unidad Popular (UP), cada una postulando a cinco propietarios y cinco suplentes. Avoquémonos a la ganadora; tanto en la Constancia de Registro Supletorio, signado por el consejero presidente del IEE, José Luis Echeverría, el 31 de mayo; como en el Extra del Periódico Oficial del 4 de junio se publica el Registro de las Planillas de candidatos a concejales, los inscritos por la CTO para Tlacolula fueron: Concepción Robles Altamirano, Gerardo Cruz Herrera, María de la Luz Irigoyen, Saúl Molina Jiménez y Celia López López; con sus respectivos suplentes.
En el acta de la sesión en que designan a los concejales, aparecen por primera vez en el proceso los nombres de Luz María Cruz Murillo y Abelardo Soriano Reyes, como propietarios; y de José Manuel Antonio Javier y Germán Hilario López Villanueva, suplentes. A los propietarios les entregan entonces su constancia de mayoría, pese a que es obvio que no fueron electos.
Sin embargo, como sucede en estos casos, Echeverría y sus consejeros rehúyen la responsabilidad. Es obvio que intervinieron en razón de dos circunstancias: la primera es que el acta de cómputo se levantó en las oficinas centrales del IEE; la otra es que personal a su cargo asistió y manipuló a los consejeros municipales para que firmaran esas actas.
En respuesta a requerimientos ministeriales, el director del IEE confirmó que sólo son cinco propietarios y cinco suplentes los registrados por la CTO (oficio I.E.E./D.G./1411/2010, del 19 de noviembre); así como a que a Tlacolula les corresponden sólo dos regidurías plurinominales, siendo que en el acta impugnada les concedieron tres (oficio I.E.E./D.G./1497/2010).
IEE: delitos contra la legitimidad de las elecciones
De ello da cuenta la averiguación previa (29/FEPADE-OAX)2010) que iniciara la Fiscalía Especial para Asuntos Electorales (FEPADE-Oax) y que llevó a la detención de la presidenta del consejo municipal electoral tlacolulense, Ángela Irene González; y del consejero Alberto Sánchez.
Este último, en sus declaraciones ante el Ministerio Público en una versión en la que coinciden otros consejeros electorales municipales que se encuentran amparados, señala que los empleados de Echeverría se aprovecharon de su desconocimiento de la temática electoral y fueron ellos los que elaboraron el acta y únicamente se la pasaron a firma. La presidenta al afirmar que sólo acató órdenes superiores, y que fue Jonás González Ayuso, quien labora en el área de organización del IEE, quien les dio la información respecto a la asignación de regidurías y “dado su cargo, recibieron y acataron sus instrucciones”
Así el problema es mas grave y se busca fincar responsabilidades, como siempre sucede, sólo en quienes sólo acataron órdenes y fueron víctimas de su propia ignorancia. Y no es así, de acuerdo al artículo 83 del código electoral, el Consejo Electoral del IEE es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia electoral; y los consejos distritales y municipales les remiten toda la documentación electoral.
Por eso los consejeros electorales encabezados por Echeverría Morales tienen responsabilidad en el caso Tlacolula en donde el Juez Segundo de lo Penal en el expediente penal 182/2010, el pasado 3 de febrero dictaminó que “se ha acreditado el cuerpo del delito contra la legitimidad de las elecciones mediante la alteración de los resultados en agravio de la sociedad”.
Una situación que sigue teniendo consecuencias legales diversas. Con esa apócrifa constancia de mayoría, la Secretaría General de Gobierno las acreditó como concejales del ayuntamiento de Tlacolula y expidió las credenciales con folio 01126 a Luz María Murillo y 01127 a Abelardo Soriano. Y éstos operan ya como tales, firman documentos oficiales y demás, pese a que es claro que son nulos de pleno derecho.
De la venta al mejor postor
Juicio político a Echeverría, piden los ciudadanos inconformes con la elección en San Juan Lalana, en Mixtepec, Tlacolula, Chimalapas, Atzompa, Ixltahuaca y una larga lista. Acusan al director de Usos y Costumbres, Jorge Cruz Alcántara, y al propio Echeverría de exigir millones de pesos a cambio de validar las elecciones a su favor.
Es claro que en un gran número de casos el conflicto estalló debido a la actuación dolosa del IEE. San Miguel Chimalapas lo puede explicar. Ahí una de las partes que encabeza Marco Cruz exigía cambios en la forma de votar, para garantizar el voto secreto; el IEE no sólo desestimó su solicitud, sino que avaló la convocatoria a los comicios con todas las condiciones que impuso el grupo identificado con el PRI y con el entonces presidente municipal, que impulsaba a José Medel. Grupo que organizó una supuesta elección con participaron sus militantes; obvio, ganó en esa simulación sin complicaciones. Lo peor es que, pese a las pruebas presentadas de que no hubo elecciones sino un simulacro de una de las partes, el órgano electoral calificó como válidos esos comicios.
Las movilizaciones no se hicieron esperar, lo mismo que la impugnación legal. Finalmente los tribunales anularon esa elección. Tras el nombramiento de un administrador municipal, éste si interesado en resolver el conflicto, reunió a las partes y en rápidas negociaciones llegaron a acuerdos respecto a la forma de votación, requisitos de elegibilidad y términos de la convocatoria.
En un intento de desestabilizar el acuerdo, el PRI envío a un personaje a inscribirse como candidato, sólo que éste no cumplía con el requisito de una residencia mínima de un año, pues hace muchos años que salió de su comunidad y vive en Matías Romero. Por tanto el Consejo Municipal Electoral decidió no otorgarle el registro. El personaje en cuestión acudió entonces ante el IEE quien sin mayor problema lo registró como candidato. Ello generó movilizaciones y que la elección, programa para 20 de febrero, se suspendiera nuevamente.
Cambios legislativos, urgen
En Tlacolula en su descargo, los consejeros electorales municipales dicen haber sido manipulados y sorprendidos, pues en la solicitud de registro de las planillas aparecen los nombres de los regidores espurios, aunque sólo se aceptó el registro de cinco; que ha sido práctica en Tlacolula que el ayuntamiento se conforme con diez concejales y no siete; y que los partidos políticos no impugnaron el acta en tiempo y forma.
Una situación que, junto con las demás que se abordan a lo largo del texto, obliga a revisar los esquemas de representación política; la actuación de los partidos, que llegan a acuerdos haciendo la ley a un lado; y, por supuesto, la situación de subordinación del IEE a partidos políticos y su falta de autonomía.
Hay en la actuación del órgano electoral una sistemática violación de la ley; y una actuación dolosa para aumentar la conflictividad municipal. No es un asunto menor. El bienestar colectivo, el evitar conflictos postelectorales y disminuir los riesgos de violencia, pasan también por lograr una plena institucionalización del IEE.
Situación que debe tomarse en consideración en dos sentidos. El primero: castigar las irregularidades.
Por otro lado, es necesario abordar con profundidad los cambios legislativos necesarios para dotar de autonomía real y ciudadanizar al IEE; establecer criterios acordes con la realidad de los mecanismos de representación política; establecer verdaderos medios de impugnación para elecciones por usos y costumbres; entre otros temas de relevancia para garantizar elecciones democráticas.
Que el árbitro electoral deje ser el protagonista del juego y de violentar las reglas, es lo menos que se debe exigir.