Una entidad con una aguda crisis sociopolítica y económica; con su infraestructura vial destrozada; con una altísima deuda pública; las finanzas en bancarrota pues en los últimos meses ni siquiera han podido cubrirse servicios básicos, como el pago del alumbrado público en la capital estatal; con una nueva oleada de violencia en que, como a lo largo del sexenio, prevalece la impunidad; con la obra pública en pésimo estado, construida sin calidad; será lo que reciba el nuevo gobernante: Gabino Cué Monteagudo.
Contra esos excesos e irregularidades votó la ciudadanía el pasado 4 de julio. Así, el nuevo gobernante tiene el compromiso de impulsar una transición democrática, que reconcilie a la sociedad oaxaqueña, al tiempo de que ponga coto a la impunidad y se aplique la justicia. Una tarea nada fácil.
Legitimidad y expectativas de cambio
Cué tiene a su favor la legitimidad, no sólo por una participación ciudadana que rebasó el promedio de elecciones estatales; también porque abanderó a una coalición de partidos de oposición al PRI, y tuvo el apoyo de organizaciones sociales y civiles; logró situarse en un hipotético centro ideológico que le permitió capitalizar el voto de castigo contra Ulises Ruiz, el clasemediero urbano y el identificado con el panismo, lo mismo que el de las colonias populares, de las zonas rurales y de el amplio espectro de la izquierda.
Factores y actores que lo condujeron a un triunfo contundente, con un gran respaldo ciudadano. Legitimidad que también le da elementos para acotar los intereses facciosos de los partidos políticos y los grupos de poder que ahora pretenden pasar la factura por su apoyo en el proceso electoral.
Los retos, obstáculos y riesgos son múltiples. Y es que, las condiciones y actores que se conjugaron para el triunfo de Gabino Cué, que fueron su mayor fortaleza, son su más serio reto y pueden convertirse en su mayor debilidad.
Las exigencias a que será sometido su mandato pasan por cumplir las expectativas de cambio democrático. Habrá entonces no sólo que desmantelar el marco jurídico-institucional autoritario, que en el caso oaxaqueño tiene base constitucional, sino modificar también las obsoletas reglas del juego político. Esto es, sustituir la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, por un auténtico equilibrio de poderes; dotar de autonomía real a los organismos “autónomos” (IEE, IEAIP, CEEDHO, ASE, etcétera) y permitir su ciudadanización plena; respetar la autonomía municipal. Ello no constriñe la natural y necesaria coordinación y colaboración que debe existir entre estas instancias y el gobierno estatal.
Para lograrlo habrá de remar a contracorriente de una cultura política antidemocrática, que ha tomado carta de naturalización entre la clase política. Partidos políticos, dirigentes y representantes populares; organizaciones sociales y ciudadanas, parecen actuar como aquel dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola, quien decía abiertamente “la democracia es un buen discurso… cuando se está en la oposición”. Ahora, sin rubor practican las prácticas que tanto han criticado en los priistas. Desde la “cargada”, el autoritarismo, los albazos, todo está a la orden del día en la búsqueda de un acomodo en el “gobierno del cambio”.
En peor papel están los grupos de poder, listos para pasar las facturas, aduciendo que su apoyo fue vital para el triunfo. Exgobernadores, caciques regionales, empresarios, partidos políticos y sus dirigentes, se aprestan a cobrar el apoyo, real o ficticio, que dieron a la candidatura de Cué. Muchos de ellos sin rubor jugaron en dos bandas, incluso algunos antes evielistas a morir, hoy se aprestan a cruzar el río Jordan opositor: la negación de sus antiguos aliados y en ensalzamiento del nuevo gobernante.
Y, reciclar o no a cuestionados personajes, privilegiar los intereses de los grupos de poder o ponerles coto, es un serio reto del nuevo gobernante; para el imaginario colectivo la integración del gabinete será el primer mensaje de la seriedad del cambio prometido, o la continuidad de lo ya vivido, sólo que con otras siglas partidarias.
Afortunadamente, también hay un sector ciudadano y político serio, que contribuye con la generación de propuestas para las acciones del nuevo gobierno, con la crítica constructiva, con el debate abierto y pleno de las diferencias. Aquellos que están convencidos que el programa y las instituciones, son las que dan garantías de alcanzar los objetivos propuestos. Distinguir a unos de otros no es sencillo, pero de ello dependerá que en el futuro gabinete estén “los mejores hombres y mujeres de Oaxaca”, como se comprometió el gobernador electo.
Economía, problemas sociales y transición
Instituciones y personas, sin embargo, no bastan para atender las demandas de la sociedad oaxaqueña. Como tampoco es suficiente realizar una reforma del Estado para responder a las expectativas creadas. Los cambios normativos e institucionales, centrales en la transición, serán seguidos sin duda por el llamado “círculo rojo”: medios de comunicación, clase política, intelectuales, líderes de opinión, etcétera.
En contraparte, para amplios sectores estos cambios tendrán un valor menor ante la inmediatez y cercanía de problemas cotidianos: la infraestructura estatal en mal estado; la inoperancia de los servicios públicos; las acciones de presión de actores sociales y políticos; la situación económica reflejada en los bolsillos. Esto es, los añejos y permanentes rezagos de la entidad. Además, se exigirán soluciones prontas, cuando son problemas que requieren resolverse en procesos de mediano y largo alcance. Pero, si no ven mejorías en estos rubros, empezará a diluirse la confianza depositada en el nuevo gobierno.
Aún cuando se da en otros contextos, el ejemplo del presidente estadounidense, Barack Obama, nos ilustra. Pese a sus cambios en la política exterior guerrera de su antecesor, las importantes reformas en materia de Salud, la atención de la crisis financiera, no le fueron suficientes a un electorado que no sintió en sus bolsillos mejorías sustanciales y que en protesta votó contra su partido en las elecciones intermedias. Por ello, Cué habrá de buscar programas y acciones encaminadas a la atención de los problemas sociales de los sectores populares y rurales, sin caer en el paternalismo y populismo.
Las expectativas son muy altas, para muchos el 1 de diciembre significará un cambio radical en su economía, servicios públicos, etcétera. Y la nueva administración habrá de atenderlas con un presupuesto alto en comparación a lo que ha recibido Oaxaca, pero insuficiente para la problemática social, con una altísima deuda pública, con las finanzas estatales destrozadas y el aparato burocrático desmantelado.
El Congreso, ¿aliado u obstáculo?
El nuevo gobierno tendrá enfrente al PRI. No a un PRI renovado, que aprendiera la lección de las urnas para ser una oposición constructiva. Al contrario, al priismo autoritario, que ve a la administración pública con sentido patrimonialista, dispuesto a defender no las causas populares sino a quienes desde el gobierno están señalados de irregularidades. Por eso presionaron para quedarse con la Junta de Coordinación Política en la 61 Legislatura. Por eso también presionaron para mantener otras, como la Oficialía Mayor del Congreso y la Auditoría Superior del Estado.
En el Congreso federal, el PRI tiene mayoría. Sus votos son vitales para la asignación del presupuesto a las entidades federativas, entre otras facultades que tiene. Desde ahí intentan acotar al nuevo gobierno. Papel que será una constante a enfrentar.
Además, las posturas ideológicas y los intereses de los partidos que formaron la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, son distintos. Ya por coyunturas como las próximas elecciones presidenciales o porque aflorarán las diferencias, habrán de tomar rumbos distintos.
El papel del Congreso local será fundamental. Para crear un marco jurídico democrático, la legislación habrá de cambiar radicalmente. Los encargados de hacerlo serán los nuevos diputados. Y hay problemas en su composición. No el hecho de ser la más plural y equilibrada, característica que abonaría a favor. Más bien la impronta autoritaria que llevan varios de los legisladores: provienen lo mismo de la cultura de la línea y la complicidad, como los priistas; la connivencia con el régimen autoritario al que se acostumbraron los opositores; las cuotas familiares y tribales de otros tantos. Afortunadamente hay también liderazgos serios, construidos en trabajo permanente, en todas las fracciones parlamentarias, pero que sucumben ante las anquilosadas estructuras partidarias.
Consolidar la transición requiere de amplias capacidades negociadoras del nuevo equipo gobernante; no ceder a las presiones ni sucumbir a las tentaciones que el poder y la transacción con los poderes fácticos ofrecen. En la 61 Legislatura habrá de fortalecerse a ese grupo de diputados, que los hay, dispuestos a responder a la confianza y la encomienda que le ha dado la ciudadanía. La voluntad y capacidad política de unos y otros serán determinantes del rumbo a seguir.
Status quo vs cambio democrático
En 2006, el pueblo de Oaxaca se movilizó contra un régimen autoritario. La amplia movilización social no fue suficiente para el cambio deseado. En 2010, con la fuerza de los votos y mediante las instituciones lo logró por fin. Lejos de ser contradictorias, una y otra vía se complementan. Si se articulan el sufragio y los canales institucionales, con el elemento activo y transformador en que se constituyen los movimientos sociales, podremos participar, en lo individual y en lo colectivo, en el debate y la toma de decisiones sobre nuestro devenir y en la apropiación del espacio público.
En la transición oaxaqueña la ciudadanía debe seguir jugando ese papel crítico, constructivo y de empuje al cambio democrático. Y el gobierno deberá buscar que ese respaldo sea a favor de sus políticas y acciones. En breve sabremos de la real disposición y capacidad del nuevo equipo gobernante para, ya en el ejercicio de gobierno, responder a los retos y riesgos que implica un proceso de transición.
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