Corrupción en municipios de usos y costumbres

Todos esos municipios tienen despachos de asesoría

 

Cuauhtémoc Blas


En un “Conversatorio Pueblos indígenas y rendición de cuentas” nadie sabía (¿) que no hay municipio que no esté en manos de expertos en manejo (bueno y malo) del erario, donde tienen asesoría contable, técnica, tecnológica y hasta les consiguen recursos “moches”.

 

Uno de los comisionados del IAIPO, instituto de transparencia de Oaxaca, Juan Gómez Pérez, disertó sobre las dificultades de los pueblos indígenas para su rendición de cuentas en el marco de las exigencias de la fiscalización nacional. Escucharlo fue todo un acontecimiento, con su sobriedad y seriedad de burócrata encumbrado. De momento nos remitió al personaje de la novela Auto de fe de Elías Canetti, Kien, aquél cuyas relaciones sólo era con los libros, no con las personas ni la realidad.

 

Habló el comisionado con voz suave y pausada de los problemas de esos pueblos sin capacidades para cumplir con la rendición de cuentas ante formatos complejos y sin pericia en las comunicaciones modernas por internet. Incluso, para acceder a los programas oficiales se encuentran en desventaja, fantaseaba quien en su currículum posee también un bagaje indigenista.

 

¿Será posible que ignore el noble funcionario que no hay un solo municipio que no esté en manos de alguno de los muchos despachos de asesoría municipal? Despachos fuertes, generalmente vinculados a partidos o grupos políticos que no sólo les llevan su contabilidad, manejan sus facturas, atienden sus necesidades de todo tipo, ya sea por internet o para responder cuestionarios o formular programas, expedientes técnicos, etc.

 

Pero no sólo eso, consiguen recursos adicionales, ya sea de programas federales como los de CFE, PEMEX u otros. Por otro lado, con sus relaciones políticas acceden a los recursos del Congreso, Programa RG23, los llamados recursos “moches” que los legisladores federales entregan a los municipios que quieren. Casi siempre estos despachos cuentan con su compañía constructora o están ligados a algunas que en tiempos políticos o problemáticos, financian movilizaciones o gestiones. Ya se repondrán cuando lleguen los recursos del Ramo 33 u otros para las obras.

 

Un acto oficialista acrítico

 

¿Realmente funcionarios y amigos desconocen esa dinámica que reseñamos? Así pareciera, pues no sólo el Comisionado sino todos los demás que lo acompañaban en el pódium estaban en la misma tesitura, así como el público consumidor de estas reuniones. Un acto oficialista evidentemente, con ese comisionado presidiendo la reunión, el nuevo director de Cortv Alejandro Leyva (quién nunca antes trabajó en radio o tv), un magistrado del Poder Judicial, entre otros que ocupaban las primeras filas.

 

En ese Conversatorio participaron además dos protagonistas de la administración municipal de UyC, una ex presidenta municipal de Tlalixtac y un ex tesorero de otro pueblo, así como un académico especialista en defender los “sistemas normativos internos”. En términos epistemológicos sus argumentos son limitados, parciales, acríticos pues “No se puede juzgar a nadie por lo que diga de sí mismo”, como dice el clásico.

 

Todo fue anecdótico, discursivo, no hubo ahí, entre los expositores, un técnico en materia de fiscalización o alguien que hiciera una necesaria crítica de lo que acontece en la rendición de cuentas de esos pueblos donde el poder político, es disputado con la misma ambición que en cualquier otra parte.

 

El “conversatorio” inició y concluyó con que a esos pueblos y a sus servidores públicos antes que fiscalizarlos hay que acercarles todo, ayudarles a que tengan y comprendan el internet y los procesos de fiscalización occidentales que no se ajustan a sus honestidades milenarias. Cierto es que la capacitación en manejo de tecnologías es importante, pero también fiscalizarlos al mismo tiempo, como a cualquier otro municipio.

 

La convocatoria dirigida a los periodistas por el IAIPO para su conversatorio no fue atendida; en lo dicho, estos eventos casi a nadie interesan más que a los indigenistas. Los periodistas analíticos y en general no acuden. Y después de asistir a este acto apologista y acrítico uno se pone al punto de darles la razón.

 

Sin embargo, los comunicadores se equivocan cuando desdeñan estos actos diciendo: “Son visiones de gente romántica”, que es decir de gente que crea inocuas visiones románticas. Pero no son inocuas, al contrario, alimentan y refuerzan los grandes abusos que se dan en esos pueblos. Además, si bien hay lo que podríamos llamar chairos indigenistas, entre ellos hay quienes deliberadamente apoyan el estado de cosas anómalo de los UyC.

 

Corrupción en municipios de UyC: 37 millones

 

Veamos un par de casos documentados por la prensa. La corresponsal del diario Noticias en Huajuapan de León, Lesli Aguilar, reportó este 4 de enero una nota titulada “Tres municipios con presuntos desvíos millonarios”. (http://www.nvinoticias.com/nota/46760/opacidad-y-desvio-de-recursos-en-tres-municipios-de-la-mixteca). Dos de estos casos son de UyC. San Juan Tamazola, Nochixtlán y San Jorge Nuchita. El otro, de partidos políticos en Tamazulápam Villa del Progreso.

 

En Tamazola no hubo acto de entrega—recepción, pues el ayuntamiento saliente no se presentó. El ex presidente Enrique López García no acudió a informar de su administración, ni de las obras y ejecución de las mismas. Se habla de un desvío millonario. Es importante apuntar que la inconformidad, protestas y denuncias son de los habitantes de ese municipio usocostumbrista, la periodistas sólo recogió la información. Es decir, los defensores a ultranza no podrán culpar a los demonios partidos políticos o agentes externos desestabilizadores de la comuna.

 

“Los pobladores de esta comunidad acusaron al ex edil y al ex síndico municipal Javier Bautista Morales, de desviar 25 millones de pesos que se reciben anualmente para la ejecución de obras; pero al carecer de éstas, existió inconformidad de la población y durante varios días estuvo tomado el palacio municipal”.

 

En el segundo municipio mixteco de UyC, San Jorge Nuchita, se informa que el ex edil Vicente Alejo, por acuerdo de la asamblea de la comunidad, “será procesado por no comprobar 12 millones de pesos que fueron asignados al municipio en el ejercicio fiscal 2016”.

 

Interviene en estos conflictos la Secretaría General de Gobierno, y se pedía también que la ASE revisara a posteriori al primer ayuntamiento. En su programa anual 2016 la ASE no incluyó a ninguno de estos dos municipios. De los 19 que la ASE informa que les realizó revisión, sólo dos son municipios de UyC, San Jerónimo Sosola y Santa María Camotlán. http://www.aseoaxaca.gob.mx/pdf/resultadoAuditoria/2015/cuentaPublica2015/#p=10

 

Se deduce, de la actuación de la ASE, que al contar con pocos recursos de operación se concentre en la vigilancia de los municipios grandes, pero no es poco el recurso que en estos dos municipios de UyC está en cuestión, 37 millones de pesos. Como sucede en municipios más cercanos y a la vista, puede ser que esos despachos de asesoría municipal hayan justificado en el papel los recursos de los ejercicios fiscales, pero el pueblo no ve las obras, no ve dónde se habrían ejercido esos recursos.

 

Recursos propios en UyC

 

Contrario a lo que pudiera pensarse, no obstante la pobreza de muchos de estos municipios, llegan a recaudar cuantiosos recursos propios. Los que recaudan ahí mediante, digamos, sui generis métodos de gravamen, muy diferentes a los obtenidos en municipios urbanos, predial, derechos, continuación de operaciones, etc. Un par de testimonios tenemos al respecto sobre dos agencias municipales de Putla Villa de Guerrero.

 

En Concepción del Progreso cobran onerosas infracciones de vialidad, 500 pesos por exceder cierto límite de kilometraje que ellos deciden. En San Juan Lagunas cobran 5 mil pesos a quienes no acudan a los actos políticos en la cabecera o en la ciudad de Oaxaca, además de un día de cárcel. Nadie puede dejar de pagar estas multas, para lo cual no extienden comprobante alguno, sólo lo apuntan en una bitácora.

 

Por supuesto, esos ingresos propios no figuran en sus presupuestos de ingresos que están obligados a presentar cada año ante el Congreso local. Que no entreguen ni recibos sencillos, ya no digamos con validez ante Hacienda, es un mal augurio.