Gerardo Nieto
Resumen Ejecutivo/AP 700
A diferencia del esquema salinista que busca acuerdos entre las fuerzas involucradas en las reformas, el modelo reformista de hoy apuesta a la ruptura. Todo gira alrededor de una presidencia fuerte que impone el modelo no lo consensa. Esto no es una deficiencia del modelo, es el modelo.
Hemos llegado a una etapa singular de la evolución del sistema en el que el capitalismo voraz, de cuates y altamente concentrador de riqueza, se sirve de la clase política para llevar el modelo surgido del Consenso de Washington a una etapa superior de neoliberalismo. Carlos Salinas queda como un humilde aprendiz de brujo luego del proceso legislativo y del contenido privatizador del actual modelo reformista.
Las leyes reglamentarias en materia energética potencian a niveles nunca vistos la alianza histórica entre la clase política y el gran capital. En estas condiciones, la democracia se reduce a un acuerdo entre élites. Se trata, sin duda, de una concentración obscena de poder político y económico en muy pocas manos. La apertura mexicana de todo el proceso de valor del petróleo, supera lo hecho por el dictador Augusto Pinochet en Chile, pero también las privatizaciones de la época de Ronald Reagan (EE.UU) y de Margaret Tatcher (Gran Bretaña). El modelo de Peña Nieto es la versión mexicana de la doctrina del shock.
Modelo actual, fracaso social
El desastre económico mundial se debe, en buena medida, a la extrema desregulación de los mercados, particularmente los financieros. No obstante ello, México apuesta hoy a un nuevo ciclo de libre mercado. No importa que la evidencia internacional muestre el fracaso social del modelo, sino que de lo que se trata es de cuidar las ganancias extraordinarias que el modelo genera para un reducido número de magnates y políticos. Es un modelo unitario en el que ya no existe diferencia entre los intereses de la clase gobernante y los del gran capital. A su arquitectura subyace el gen de la provocación y de la fractura: sobreestima los alcances de la privatización como sistema y subestima sus costos políticos. Frente a esta desmesura, no es exagerado afirmar que en puerta pueden germinar estallidos sociales de gran envergadura.
La entrega a los monopolios privados de la riqueza petrolera del país, justo a los que el general Lázaro Cárdenas del Río expropió sus empresas en 1938 por transgredir el marco laboral de entonces es un despropósito de consideraciones históricas. Con esta apertura, México se reinserta, sin ningún prurito, a la geoestrategia energética de Estados Unidos, potencia global en decadencia que intenta evitar su estrepitosa caída.
La pesadilla comienza en 1982 con la firma de la primera carta de intención al Fondo Monetario Internacional por parte de México, para recibir empréstitos por tres mil 600 millones en derechos especiales de giro a cambio de aplicar un severo programa de choque; luego viene la racionalización del modelo con la aplicación del decálogo del Consenso de Washington: 1) disciplina presupuestal; 2) reorientación del gasto público y eliminación de subsidios; 3) reforma fiscal para ampliar la base gravable; 4) liberalización financiera sobre todo de los tipos de interés; 5) tipo de cambio competitivo; 6) apertura comercial; 7) liberalización de la inversión extranjera directa; 8) privatización de empresas públicas; 9) desregulación; y, 10) garantía de derechos de propiedad. El modelo se afirma con Carlos Salinas y la firma del TLC de América del Norte; Ernesto Zedillo continúa el proceso de privatizaciones e intenta, sin lograrlo, la apertura del sector energético. Durante el interregno 2000-2012, la inercia del modelo se mantiene ante la incapacidad de las presidencias débiles del periodo de avanzar en una total liberación. En el primer tercio del actual sexenio 2012-2018 se materializa un modelo reformista que es la fase superior del neoliberalismo: privatización de todo el proceso de valor del petróleo, la energía eléctrica, el gas y la minería.
Miles de privatizaciones
A nivel internacional, en tan sólo dos años, de 1988-1990, se llevan a cabo más de 10 mil privatizaciones de empresas públicas. En el sexenio 1988-1994, en la periferia del sistema, particularmente en América Latina, se privatizan a precio irrisorio, más de tres mil empresas públicas1.
Hace dos décadas, en México ya era evidente la ruptura del modelo económico con el proyecto social emanado de la Constitución de 1917. Ahora, en la etapa actual de privatizaciones, ese modelo llega a sus propios límites y de avanzar más se entenderá que, corresponde de la doctrina del shock en México.
A las presidencias débiles del interregno mexicano 2000-2012, le sucede una presidencia fuerte que no sólo es el corolario de la restauración del viejo régimen, sino que va más lejos. Es la encarnación del gobierno de los propietarios, una voraz plutocracia que decide llevar el modelo emanado del Consenso de Washington a sus extremos. El PRI de hoy no es el mismo del que hace tres décadas impulsó este modelo. La llamada tecnocracia salinista fue con creces superada. “El PRI antiguo se construyó a partir de 1946 sobre los cimientos de la política de masas del cardenismo y su rescate del petróleo.
El nuevo PRI empezó a emerger como consecuencia de las crisis económica y política de 1982 y 1988. Carlos Salinas buscó y logró entonces el apoyo del gran capital nacional vía la privatización, de Estados Unidos vía el TLCAN, del PAN vía la concertacesión, de la Iglesia Católica vía el cambio de los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130 y mantuvo el pacto con las masas vía Pronasol”2.Hoy, el modelo reformista no genera acuerdo más que con el gran capital y, en ese sentido, crea en lo social múltiples líneas de ruptura. Es un modelo de absoluta discrecionalidad, corrupción, opacidad y centralización. Todo gira alrededor de una presidencia fuerte que impone el modelo no lo consensa. Pero esto no es una deficiencia del modelo, es el modelo. Esto es, la ruptura es la estrategia. El nombre del juego es la confrontación y el conflicto. Es la variante mexicana de la doctrina del shock.
Reformas de extrema liberalización
Reformas de extrema liberalización como las leyes reglamentarias en materia energética, inspiradas en la llamada Escuela de Chicago -que enarbola los postulados de Milton Friedman- llevan el dogma de la privatización a sus límites. Al amparo de esta escuela del pensamiento económico emerge una nueva oligarquía financiera que da lugar a un minúsculo círculo de super-ricos y, simultáneamente, a una masa empobrecida de personas. El modelo se aplica en el Chile de la dictadura pinochetista, pero también en la Argentina del general Jorge Rafael Videla. Sus devastadores efectos sociales están ampliamente documentados.
A diferencia del esquema salinista que busca acuerdos entre las fuerzas involucradas en las reformas, el modelo reformista de hoy apuesta a la ruptura. El pragmatismo se impone a cualquier matriz de riesgos. Justo en esto se inspira milimétricamente en la doctrina del shock. Por ello, la reacción oficial a la movilización campesina por las leyes reglamentarias de la reforma energética si bien tiene seguimiento, no tiene solución. Lo único que no está sujeto a nada es el corazón del modelo. Es decir, la privatización del petróleo y de la electricidad. En esa lógica, el establecimiento político sólo administra la protesta campesina. El desgaste recae en el titular de la Secretaría de Agricultura. Enrique Martínez y Martínez es una pieza desechable del modelo.
El modelo no tolera la confrontación. El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y de José Manuel Mireles, todas las proporciones guardadas de personaje, tiempo y circunstancias, es producto de esa nueva dimensión del poder que encarna en una presidencia fuerte que rompe el ciclo de debilidad estructural subyacente a las administraciones panistas. En los casos de Gordillo y Mireles, el mensaje es el mismo: el modelo no está sujeto a rectificación.
El modelo reformista tiene su base en el salinismo, pero va más lejos. Es una fase superior del neoliberalismo. Es un modelo de concentración, pero también de ruptura. Funciona bien para un reducido número de magnates, pero lo hace mal para el resto de la población. Es un modelo de concentración obscena de poder económico y político en unos cuantos. La reforma energética mexicana encarna esa alianza monumental entre el gobierno y el gran capital.
Se agrava la desigualdad
Este singular proceso de concentración de riqueza e influencia política tiene un agravante: sus niveles de desigualdad. En pleno siglo XXI nuestro país padece la reproducción del capitalismo de sus orígenes. La ecuación del sistema es exactamente la misma de hace ciento cincuenta años: frente a la riqueza que se hereda y al proceso de extracción y apropiación de ganancias extraordinarias en los circuitos de la producción y de la especulación financiera, se extiende el fenómeno político de la desigualdad. Pero más allá de la narrativa oficial, el modelo reformista del Presidente no tiene el objetivo de erradicarla, por el contrario, la profundiza bajo la lógica de la doctrina del shock: mientras más pobres más vulnerables.
La reforma energética y sus leyes reglamentarias implican un esquema asimétrico de negociación entre los dueños de las tierras y los grandes conglomerados globales de la energía y el petróleo. No se requiere ser experto en negociaciones para saber qué sucederá bajo esos parámetros. La imposición de condiciones a ejidatarios y comuneros. Por ello, viene la reacción más sensible a la reforma: la de los hombres del campo. Ahí se verá si el pragmatismo político tiene algún sentido de lo que se juega socialmente con esta reforma.
La consumación de la reforma energética hará de México la economía más abierta del mundo en el sector más codiciado: el del petróleo y la energía. Llega a su fin la etapa histórica del nacionalismo energético que tuvo en la figura del general Lázaro Cárdenas al icono fundacional del país en el siglo XX mexicano.
1 Véase, Saxe-Fernández, John, La revancha de Washington en La Jornada. México, julio 24, 2014. p.-25.
2 Meyer, Lorenzo, Agenda ciudadana en Reforma. México, julio 24, 2014. p.-9.