Regalan regidurías ilegales y violentan municipios para poner administradores
Homero Villaurrutia
Hace tres años se negoció dinero o direcciones pero no inconstitucionales regidurías en los municipios, hoy estamos de regreso al pasado y la SEGEGO las obsequia por docena para “resolver” conflictos poselectorales. En tanto en el Congreso los partidos se reparten administraciones municipales y maniobran para tener más.
En Salina Cruz, a la de por si poco clara definición por el tribunal electoral del PRI como triunfador de la contienda municipal, se suma ahora la asignación de siete regidurías al PANAL que no están contempladas en la ley. En Santa Lucía del Camino el conflicto postelectoral en el que, con base en movilizaciones, el candidato derrotado José García obstaculizaba el inicio del gobierno del priista Galdino Reyes, se solucionó temporalmente designando al primero como Síndico municipal y ¡asignando más regidurías no contempladas en la ley.
El recuento de esta dinámica de negociación de la legalidad y de acuerdos marcados por la imposición y la corrupción, continúa en todo el territorio oaxaqueño. En Santa María Atzompa, un grupo de regidores destituyeron al síndico y al regidor de hacienda, pues no correspondían a sus intereses.
En la Villa de Mitla el ahora síndico municipal se ufana de no haber contendido en ninguna planilla en la elección municipal, pero que en la negociación postelectoral, el PRD lo impuso como si fuera el segundo concejal.
Mientras que en Tlacolula, a quien contendiera para la posición de Síndica, Elizabeth Sánchez, los oscuros negocios del dirigente del PRD, Rey Morales (a) “El Rey de Monterrey” y Carlos Castellanos (a) “Chino”, le impidieron tomar posesión de tal cargo, pues en sus negociaciones se lo dieron al representante del FALP, que iba en la quinta posición de la planilla.
SEGEGO, pasos hacia atrás
Pero, contra toda lógica de que estas negociaciones políticas están dando al traste con la voluntad de la ciudadanía, que no hace sino promover la visión patrimonialista y al municipio como botín de mafias locales, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval y los patiños que lo acompañan en la operación política, la presumen como grandes logros y pretenden que con ello tienen gran talento para resolver la conflictividad política en Oaxaca.
Y es que el priista Gómez Sandoval es el clásico ejemplo de la política trasnochada. Pretende resolver los conflictos con la lógica que imperaba hace 25 o 30 años, cuando todo era en base a compra o cooptación de dirigentes o represión y no importaba violentar la ley. Lejos, muy lejos está de una visión clara del quehacer político y de una actitud institucional.
El problema está, también, en su equipo de colaboradores. Jorge Ruiz, de ser el secretario, del secretario de la secretaria particular del ex gobernador Diódoro Carrasco, reaparece en una posición de la que no tiene ni experiencia ni idea. Y qué decir de Carlos Moreno Alcántara y Dagoberto Carreño Gopar, pues su experiencia en la negociación política se ha centrado siempre en la primera estrategia señalada, la compra de líderes para ponerse al servicio del gobierno en turno. Así lo hicieron con José Murat y Ulises Ruiz, sólo que ellos eran los expertos en venderse y traicionar los principios del PAN; ahora no saben cómo enfrentar el dilema de movimientos municipales que van por algo más que el dinero (y además, ahora el gobierno ni tiene… para los movimientos sociales, porque todo queda en manos de los funcionarios del gabinete gabinista).
Este sexenio inició sin negociar regidurías
Por eso, es de recordar que hace tres años, al inicio del gobierno de Gabino Cué, en la Segego se puso una condición en las mesas de negociación postelectoral entre partidos y actores políticos: se podría acomodar en direcciones, coordinaciones, pagar adeudos de campaña, pero no se podrían negociar regidurías, pues eso estaba totalmente fuera de la ley. Algo de institucionalidad permitiría recuperarse de continuar con esta definición clara del gobierno: el respeto mínimo a la legalidad.
Por eso también, en el código electoral en la reforma del 2012, se impuso la obligación al Instituto Estatal Electoral, para que antes de iniciar el proceso electoral, definiera con base en la población de cada municipio, al número de concejales, de mayoría relativa y plurinominales, que habría de integrar cada municipio.
Retorno al pasado, regidurías por docena
Con ello se pretendía no negociar de regidurías fuera de la ley, que en años pasados alcanzó niveles de escándalo. En 2002 en Pinotepa Nacional, a una primera negociación en que los regidores crecieron de 9 a 18, siguió otra movilización de Librado Baños que consiguió otras 18. Había más regidores que trabajadores en ese ayuntamiento.
En 2010, en Tlacolula, otra vez Tlacolula, desde el órgano electoral Jonás González Ayuso, entonces director de Organización y ahora uno de los principales operadores de Amador Jara, regaló dos regidurías una al PRI y otra al PRD a personas que no participaron en la elección.
Ahora se supone que con esos cambios el camino sería distinto. No se contaba con la actitud mafiosa de los partidos políticos, la frivolidad de la SEGEGO, y la ambición de los candidatos a concejales que no imaginan siquiera cómo sobrevivir fuera del presupuesto gubernamental.
A la “candidez” de este gobierno, se suman ahora decenas de conflictos políticos que se acrecientan por la mala operación política y, particularmente, que al haberle tomado la medida al gobierno, saben que basta con apretar tantito para que éste viole la ley y les regale regidurías. Con ese aliciente, no sólo disminuyen, sino estimula los conflictos.
Congreso faccioso
Además, los conflictos son estimulados, administrados y resueltos de manera facciosa desde la Cámara de Diputados. Los ayuntamientos en conflicto son un jugoso botín para legisladores y partidos. Recordemos que en 2011 los administradores municipales ascendieron a 50. Pues bien, en el 2013 los partidos políticos, particularmente PAN y PRD fincaron sus esperanzas en duplicar esa cifra; pues con la experiencia anterior, los administradores se repartirían por cuotas entre los partidos. Por eso se entrometieron a más no poder en los municipios de Usos y Costumbres para reventar cuanta elección pudieran.
De igual manera, modificaron la Ley Orgánica Municipal reformada apenas en octubre de 2013, para que el gobernador recuperara la facultad de nombrar a los administradores, de la que, por cierto, abdicó en 2011. Pues bien, más tardaron los nuevos diputados en entrar y, al percatarse de que les quitaban tan jugoso negocio, reformar de nuevo la ley para dejar como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la designación de los administradores.
Y, como dice el refrán, nadie sabe para quien trabaja, no alcanzaron su propósito de un centenar de administradores y, a la hora de definir a los 15 en los municipios en que no hubo o se anularon elecciones, en enero de este año, el PRI los chamaqueó y se impuso en el reparto. Al PRD le dieron un par, con las que el estupendo comerciante Anselmo Ortiz, va acrecentando el cochinito que hizo previamente en la tesorería del Congreso.
Por eso se resisten los diputados a emitir la convocatoria para elecciones extraordinarias. Antaño, para marzo ya se estaban realizando. Ahora, apenas en cuatro casos y por orden del tribunal lo han hecho. La estrategia es más que clara; estiran al máximo el plazo para emitir la convocatoria; a fines de marzo, en algunos lugares lo harán, pero ya para esas fechas los administradores tienen la encomienda de corromper a los líderes locales para que éstos desistan de pedir comicios. Y en otros, simplemente manifestarán que no hay condiciones políticas para celebrar elecciones.
Claro, la meta es conservar al mayor número de administradores municipales que sea posible, que van a requerir recursos para las elecciones que vienen, y para convertirse en nuevos ricos en tiempo record.
Así, entre una clase política corrupta, funcionarios ineficientes y también venales, y la apatía en la conducción de los destinos del estado, sobreviven los municipios oaxaqueños.