Buena parte del empantanamiento de las negociaciones para la reforma electoral se debió a la carencia de liderazgo en el Congreso local. El panista Juan Iván Mendoza sólo llegaba a los actos protocolarios de instalación de la mesa de negociación y se iba; primero porque no entendía de lo que se hablaba y, segundo porque estaba más preocupado y ocupado en buscar la dirigencia estatal del PAN.
Justo al límite que establece la legislación para hacer una reforma electoral (90 días antes del inicio de un proceso electoral), y muy lejos de los seis meses que la reforma Constitucional del mes de abril de 2011 diera de plazo para hacer los ajustes necesarios a la legislación secundaria, finalmente este agosto de 2012, la 61 Legislatura estatal aprobó un paquete de reformas en esa materia.
Eso sí, los diputados y diputadas se aventaron un paquete completo. En una semana aprobaron no sólo las reformas al código electoral, también a la ley de medios de impugnación y promulgaron la ley de participación ciudadana. Esto es, lo que no hicieron en 16 meses, les tomó siete días. La impronta de legislar al vapor apareció en el Congreso. No sólo eso, o más bien, en mucho las reformas se detuvieron y se omitió un ejercicio amplio de consulta debido a los intereses partidarios y sectarios que prevalece en Oaxaca.
Para empezar, el problema es la forma de definir la nueva normatividad. Reunidos no en lo oscurito, sino más bien en un lujoso hotel, las diputados y sus asesores, corriendo los mejores licores, se daban a la tarea de revisar la reforma. Y daban vueltas en redondo, como dicen los vallistas, pues tal parece que lejos de las profundas reformas de fondo que anunciaron, fue una reedición eso sí corregida y aumentada, del viejo código electoral oaxaqueño.
Partidos contra cambios
Y es que los cambios sustantivos fueron frenados por la cauda de intereses que los partidos políticos y sus tribus hicieron prevalecer. La demanda de una mayor ciudadanización del órgano electoral, no era compartida por PAN y PRD, partidos que por el contrario buscaban garantizar un mayor control del instituto estatal electoral y de participación ciudadana.
La fiscalización exhaustiva a los partidos políticos, que permitiera evitar los problemas que ahora mismo se presentan en la escena nacional, era algo que no convenía a ninguno de los partidos, acostumbrados a gastar discrecionalmente los recursos públicos y no rendir cuentas de nada.
La derogación de la cláusula de gobernabilidad, misma que había sido eliminada de la normatividad oaxaqueña en 2007, pero que con el garlito de una reforma de fondo, fue reimpuesta en el 2008, con la complacencia (y los votos) de todos los partidos políticos, permaneció intocada. El PRI, aunque en un primer momento parecía ceder de un 16 a un 10% en la sobrerrepresentación, de último momento metió reversa y dijo que si entraba ese tema, ellos se salían del proceso. Mucho menos por supuesto, la propuesta de modificar el mecanismo de distribución de las curules plurinominales.
Los tricolores, más audaces –o más mañosos- se salieron con la suya en ese y en otros temas. Tampoco permitieron tocar la fórmula para el reparto de los recursos públicos que reciben los partidos, pues la actual forma les favorece ampliamente: 30 por ciento se reparte por igual entre todos los partidos; 10 por ciento, de acuerdo a las curules que tengan en el Congreso local, y 60 por ciento de acuerdo a la votación recibida. La propuesta nueva era que un 40 por ciento se repartiera equitativamente y el 60 por ciento de acuerdo a la votación recibida en el último proceso electoral. No pasó.
Como tampoco el tema de las coaliciones al que los partidos que se coaligaron en el 2010 para vencer al PRI pusieran torpemente todas sus apuestas. Y les ganaron los priistas. Un tema menor, lo convirtieron en el eje de su propuesta: coaliciones parciales. La fracción priista dijo no, y se quedaron como ahora, sólo es permitida la coalición cuando sea total: todos los distritos y municipios.
Congreso sin liderazgo
Buena parte del empantanamiento de las negociaciones se debió a la carencia de liderazgo en el Congreso local. El panista Juan Mendoza, sólo llegaba a los actos protocolarios de instalación de la mesa de negociación y se iba; primero porque no entendía de lo que se hablaba y, segundo, porque parecía más preocupado y ocupado en buscar la dirigencia estatal del PAN, por lo que no quería distraerse ni que una posición de fuerza coalicionista le echara a perder su logro presumido posteriormente: la “unanimidad” en la votación.
Encontró eco en el priista Elías Cortés quien, pese a varios desaguisados que protagonizara cuando se pasaba de copas y llegaba a cambiar artículos ya consensados en la reforma al grito de “el único experto en materia electoral soy yo”, también apostaba a una reforma unánime, pero sin cambios sustanciales que quitaran ventajas al PRI. Ya bastante tienen con habernos quitado el órgano electoral donde no tenemos representantes, decía entre sarcasmos, pues luego presumía del control que han tenido de representantes y consejeros del PAN y el PRD. El motivo de Elías es claro, igual que su correligionario panista, él busca la dirigencia estatal del PRI.
Además, como señalara el colega Luis Ocejo (Noticias 11/08/12), tal parece que el grupo al que se refería Elías Cortés y que por años mantuvo el control del tema electoral, predominaba en la mesa de asesores y legisladores: ex consejeros como Ariel Mendoza, así como el ex director de Organización Electoral, Jonás González Ayuso, participaban como asesores del PRD. El exdirector de Partidos Políticos, Jorge Carreño, es asesor del PRI. Dagoberto Carreño Gopar, aprovechando que fue enviado por el Ejecutivo como su representante, en los hechos no hacía sino defender los intereses del PAN.
El común denominador de todos estos personajes, es la complicidad que tuvieron durante toda la década anterior, con el grupo encabezado por el el ex presidente del Instituto estatal electoral: José Luis Echeverría y su sojuzgamiento a Ulises Ruiz y al PRI.
Por si fuera poco, en las prisas los diputados tuvieron errores garrafales, duplicaron artículos, no había correspondencia entre ellos, la redacción era mala. Tan grave el asunto que tuvieron que hacer ya una primera reforma a la reforma del viernes 10 de agosto, en la que enmendaron esos errores.
Ciudadanía sin participación
Y en el caso de la Ley de Participación Ciudadana, lo que brilló por su ausencia fue precisamente la participación de la ciudadanía. En una ley ad hoc para el lucimiento de los legisladores, no tuvieron el cuidado de convocar al menos a un foro, una reunión o algo por el estilo, en que participara la sociedad civil. El resultado es una incongruencia: una ley de participación ciudadana sin que la ciudadanía participe, pese a que incluso se han presentado distintas iniciativas al respecto desde organizaciones diversas del amplio espectro de la sociedad civil.
Con todo hubo algunos avances en este paquete de reformas electorales: en el caso de las elecciones de lo que se conoce como usos y costumbres; en el tema del Servicio Profesional Electoral; en la Regulación de las Encuestas; en la implementación de un Régimen Sancionador. Sin embargo, como estarían las cosas que esas modificaciones de fondo que hubo, no provinieron de la iniciativa de los diputados. Así pues, la reforma que necesitaba y demandaba la sociedad oaxaqueña se quedó esperando nuevamente. Será hasta la siguiente legislatura la que podría abordarla. Y eso depende de cómo queden distribuidas las fuerzas políticas.