Las autoridades municipales no podrán cobrar nada que no esté establecido: diputado Martínez Neri. Aprueban un impuesto sobre “demasías caducas” del 10% para gravar las ganancias extraordinarias de las casas de préstamo. Los procesos de licitación serán abiertos, sin limitaciones, y ganarán quienes presenten las mejores propuestas: diputado Isaac Rodríguez.
SAN RAYMUNDO Jalpan.- La LXI Legislatura del Estado aprobó este 20 de diciembre, en sesión extraordinaria, iniciativas de leyes enviadas por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, que ordenarán la Hacienda pública de la entidad y darán certeza a los contribuyentes.
Los dictámenes fueron emitidos por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda y Presupuesto y Programación, y corresponden a los decretos por los que se crea la Ley Estatal de Derechos, Ley General de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2012.
Los legisladores integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, así como diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca.
De igual manera, fueron aprobadas reformas a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.
En tribuna, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, Francisco Martínez Neri —de filiación perredista—, expuso que la Ley Estatal de Derechos constituye un avance importante para ordenar la hacienda pública de Oaxaca.
Explicó que, por ejemplo, las autoridades municipales no podrán cobrar nada que no esté establecido y, si así fuere, puede dar lugar a fincarles responsabilidad administrativa, civil o penal y a devolver el dinero que el contribuyente haya pagado de más.
Sostuvo que la iniciativa enviada por el gobernador Cué Monteagudo “es un gran acierto que propiciará certidumbre entre todos los contribuyentes y el Estado”.
El dictamen señala que los derechos que establece la ley se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones.
Por otra parte, la Ley General de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2012, señala que los municipios de la entidad percibirán los conceptos establecidos en la misma, sin perjuicio de las contribuciones, tasas o tarifas y montos que se decreten con motivo de las iniciativas que presenten los ayuntamientos.
En relación con las reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, Guadalupe Isaac Rodríguez Soto --del PAN--, expuso que con esta disposición los procesos de licitación que se lleven a cabo serán abiertos y NO se limitará la participación de los concursantes, pues “ganarán quienes presenten las mejores propuestas”.
Al referirse a las reformas realizadas a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca, el legislador panista señaló desde la tribuna que se establece un “impuesto sobre demasías caducas” para gravar las ganancias extraordinarias que obtienen las casas de préstamo.
Dijo que lo anterior constituye una medida en apoyo a la Hacienda del Estado porque permitirá incrementar la recaudación sin lesionar a la población que acude a empeñar sus propiedades, y se gravará a las casas de préstamo que se quedan en su mayoría con el recurso económico del deudor prendario, por lo cual se consideró adecuado fijar la base del 10 por ciento de las demasías caducas, vía impuestos.
Los legisladores consideraron no procedente la propuesta del titular del Poder Ejecutivo de crear el “impuesto celular” por los servicios notariales y de correduría pública, ya que de aplicarse se trasladaría a los ciudadanos que requieren de esos servicios profesionales.
En tanto, las reformas a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca establece el procedimiento para el otorgamiento de la suspensión de ejecución de los actos administrativos correspondientes a créditos fiscales, durante la tramitación de los juicios de nulidad.
Esto, con el fin de que el acto impugnado no cause daños a la esfera jurídica del ciudadano, hasta en tanto se pronuncie una sentencia definitiva por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado (TCA).
A solicitud del diputado petista, Flavio Sosa Villavicencio, el legislador panista Luis de Guadalupe Martínez Ramírez dio una explicación del contenido de esa ley.
