Su nombre es Leobardo Ortiz Alcántara, tiene 70 años de edad, vive en Bajos de Coyula, agencia municipal de Huatulco, y es una víctima más del gobierno del “cambio” que encabeza Lorenzo Lavariega Arista. Don Leobardo no sabe leer ni escribir, trabajó el campo por muchos años, últimamente laboraba para al ayuntamiento de su ciudad.
Triste, nos cuenta que desde hace 9 años ha trabajado en el jardín de niños “Vicente Guerrero” de Bajos de Coyula y que en los primeros 3 años de laborar en ese plantel sus honorarios fueron cubiertos por los padres de familia: 600 pesos a la quincena.
Narra que los últimos 6 años de su vida, los ha laborado bajo la nómina del ayuntamiento de Huatulco, “haciendo limpieza de la escuela, de vigilancia y cualquier otra cosa que me mandaran en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde”. En el año 2006, añade, su sueldo aumentó a mil pesos quincenales y “… cuando me despidieron ganaba mil 100 pesos, ”.
Su última quincena fue la primera de enero, de ahí le dijeron que ya no fuera más porque yo ya no seguiría trabajando. Habló con el presidente municipal y él le dijo que lo reinstalarían, éste lo turnó a su pariente el síndico Arturo Lavariega y hasta ahí quedó todo.
Unos días antes de Semana Santa visitó al Síndico para que le dijera si tenía alguna propuesta para reinstalarlo, tal como había ofrecido el presidente, pero éste le dijo que pasara a la Tesorería, donde le iban a pagar 14 mil pesos de liquidación. No le explicaron, comenta, sobre las quincenas que no ha cobrado desde enero, razón por la que no recibió el pago que le ofrecían.
El caso Ildeberto
Impedido físicamente para caminar y trabajar, como secuela de una extraña enfermedad que inició en 2008,Ildeberto Pérez Martínez, ex policía municipal, fue despedido del empleo que le permitía mantener a su familia.
De 42 años de edad y padre de dos niños, uno de 13 y otro de 7 años, Ildeberto narra que entró a laborar como policía municipal en marzo de 2008. Pero pronto empezó con padecimientos continuos de fiebre. Ningún estudio médico ha podido determinar el origen de su mal.
En marzo de 2009, ya no pudo seguir trabajando y desde entonces, se agudizó su calvario sin encontrar remedio a su enfermedad y con serias complicaciones en sus desplazamientos que le impedían atender su situación laboral. Su esposa, María Romana Fernández Rojas, se hacía cargo de cobrar 2 mil 150 pesos quincenales.
Narra Ildeberto que en la segunda semana de marzo el sub director municipal de Salud, médico Gerardo Martínez, lo visitó en su domicilio, para avisarle que el edil, Lorenzo Lavariega, lo había mandado y que estaba dispuesto a ayudarle hasta que se recuperara. Extrañamente, 8 días después le quitaron el sueldo, con el argumento de que ya tenía mucho tiempo incapacitado.
“Con mi esposa mandaron la hoja de renuncia que querían que firmara de parte de Arturo Lavariega —expresa el afectado—, yo quería hablar personalmente con ellos pero no se prestaron, y como no puedo caminar, no tuve oportunidad de escuchar la razón de mi despido de propia boca de las autoridades. Mi último pago lo recibió ella el día 18 de marzo”.
A María Romana le explicaron que Ildeberto alcanzaba una indemnización de 22 mil pesos, pero que le darían 11 mil, a cambio le darían trabajo a ella en el ayuntamiento. El abuso de autoridad no quedó ahí, porque la familia no cobró marzo y abril, ya que ella entró a trabajar en tareas de limpieza apenas el lunes 2 de mayo. Pusieron muchos pretextos para aceptarla, dice Ildeberto, “y estoy preocupado porque le hicieron firmar un contrato de 3 meses, o sea que no es seguro que se quede”.
Decepcionado, dice: “Yo nunca había visto que una autoridad diera de baja a alguien que en verdad lo necesita. No puedo caminar mucho, no aguanto. Ta´uno jodido, con hijos y sin trabajo. No había visto a un presidente como este señor que se dice del cambio ¿Cual cambio? ¡Cambio de bolsa nomás! ¿Dónde va a quedar mi quincena? Lo más seguro es que mi nombre lo sigan usando y otro cobre, yo pienso que así va a ser”.
Atestigua la entrevista Juan Ramón Ruiz Jiménez, quien dice conocer de mucho tiempo al regidor de Salud y Deportes, Marco Polo López Santos (quien quedara atado a una silla de ruedas después de un accidente en una noche de copas) y refiere que él y la mamá de Ildeberto abordaron al regidor minusválido a mediados de marzo para que abogara por el ex policía, pero López Santos les dijo que era el mejor trato que podían darle, negociar la plaza, y le sugirió que tomaran la propuesta porque ya no habría otra. Y los despachó. “Ya no es el paisano conocido de antes”, dice Juan Ramón.