Planear la destrucción, la muerte en vida de una mujer, más que su eliminación física, es algo desproporcionado, raya en la demencia. Es lo que pasó con la agresión con ácido sulfhídrico contra la joven saxofonista de Huajuapan, María Elena Ríos Ortiz, de 26 años de edad, estudiante de música del Conservatorio de Puebla.
El acusado, empresario gasolinero y ex diputado priista, Juan Antonio Vera Carrizal, con quien la joven tuvo ligas laborales y sentimentales, y a quien vinculan como prestanombres de la familia Murat, se encuentra prófugo de la justicia, tras una orden de aprehensión que le libraran en diciembre pasado, y hasta en días recientes se dio a conocer.
Este delito fue cometido el 9 de septiembre pasado, sin que la Fiscalía General de Oaxaca atendiera el caso, fue hasta diciembre, tres meses más tarde, ante la presión mediática nacional e internacional, y que fuera abordado por el presidente Andrés Manuel en su Conferencia Mañanera, que esa autoridad se puso a trabajar al respecto.
En ese mismo diciembre fueron detenidos dos autores materiales del intento de feminicidio, como han catalogado la agresión. También se ha informado que el hijo del señalado como autor intelectual se encuentra implicado. Lo que de manera por demás insólita involucra a la familia.
Familia que ahora sin el manto de la impunidad ha salido a defenderse. Hay una contraofensiva mediática de esa familia, las declaraciones de su abogada con amplia cobertura, queja a derechos humanos, es notorio un despliegue de recursos, que tienen a raudales. Una hipótesis es que se estén victimizando, que de poderosos pasen a tratados injustamente.
Está visto que es una familia atípica, cuando el hijo del imputado autor intelectual es señalado de participar en el atentado contra la joven saxofonista. Como que no han sembrado mucho para tener credibilidad. Ahora es cuando se necesita una Fiscalía eficiente y autónoma, que no hay.