Los periodistas conminan a las direcciones de Comunicación Social del poder ejecutivo y del poder Legislativo a que transparenten el manejo de los recursos que manejan.
La Costa de Oaxaca fue la primera región donde la añosa Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) reactivó su delegación. Nada casual en tanto ahí se han dado agresiones al derecho constitucional de libertad de expresión. Por eso, la primera demanda de los periodistas reunidos en Puerto Escondido fue el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.
Reunidos en los que ya es la sede de la Delegación de la APO en la Costa, avenida Organización núm, 50 Fraccionamiento Costa Chica, Puerto Escondido, los comunicadores acordaron nombrar a Genaro Aragón Reyes delegado regional para desplegar los trabajos de organización en la zona; asimismo, fueron designados coordinadores municipales, en Huatulco, Roberto Emilio Agustiniano Domínguez, y en Pinotepa Nacional, Rufino Feria Bautista.
En una intensa asamblea que duró más de dos horas se tocaron diversos tópicos de importancia para el gremio y la sociedad, en la que destacaron las necesidades de capacitación y la defensa de los compañeros agredidos y hasta asesinados en el ejercicio de su trabajo periodístico en la región.
El caso del compañero periodista Marcos Hernández Bautista, acribillado en San Andrés Huaxpaltepec, Costa de Oaxaca, por un comandante de la policía municipal en enero de 2016, fue recordado muy sentidamente, y la exigencia es que no sólo los asesinos materiales sean castigados, sino, sobre todo, los intelectuales.
La APO sostiene que la publicidad oficial no debe ser más un instrumento de los gobiernos para censurar, porque esto atenta contra la libertad de expresión. Por el contrario, nuestro gremio exige que la publicidad oficial se establezca con criterios de transparencia.
Los periodistas conminan a las direcciones de Comunicación Social del poder ejecutivo y del poder Legislativo de Oaxaca a que transparenten el manejo de los recursos que manejan. Que la LXIII Legislatura haga un manejo institucional y no bajo esa dinámica de prorratear los recursos para medios entre sus 42 diputados quienes reparten de manera informal y discrecional ese dinero público, cuando lo hacen.