Saúl Vicente: Ningún proyecto sin consultar a los pueblos
En un territorio donde hasta se crean condiciones de ingobernabilidad para lucrar con necesidades y movimientos sociales, hoy hay voluntad de la autoridad municipal de abatir esa conflictividad al someter a consideración de las instancias representativas de los pueblos la instalación de los parques eólicos en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
Cuauhtémoc Blas
Desde hace dos décadas las empresas eólicas iniciaron su instalación en tierras del Istmo de Tehuantepec. Los presidentes municipales negociaban sin que hubiera beneficios para la municipalidad, de donde corría la especie que esos presidente recibían de manera personal esos beneficios por permitir la instalación de los parques.
Faltan 13 de los 28 parques proyectados para instalarse en la microrregión, y los problemas cada vez son más fuertes. Las cosas parecía que seguirían como siempre, y que empresas como Mareña Renovable con otro nombre sólo cambiaría su estrategia, adecuándola a las que ha predominado, para establecerse.
Sin embargo en junio de este 2014 el cabildo de Juchitán aprobó un punto de acuerdo propuesto por el presidente municipal, Saúl Vicente Vásquez, hacer un Protocolo de Consulta a los pueblos donde se habrían de instalar estos parques industriales, con base en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la ONU.
Ese Convenio “exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan (…) La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas”. http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
Ningún proyecto sin consulta
En entrevista con En Marcha el presidente municipal Saúl Vicente expresó que “Precisamente por las experiencias vividas anteriormente debemos de poner un alto y retomar el camino, utilizar los instrumentos jurídicos que los pueblos indígenas tenemos para poder mejorar condiciones de trabajo, de elaboración de proyectos y que no se pongan éstos en práctica sin el consentimiento del pueblo indígena de que se trate, en este caso del pueblo zapoteca de Juchitán.
— ¿Cómo será esta consulta?
—Las consultas del convenio 169 son indígenas, son un proceso, no es una consulta popular, no es ciudadana, no es un plebiscito, esa es la diferencia. El plebiscito es de un día para otro, es un sí o no. El convenio establece que es obligación del Estado Mexicano consultar a los pueblos indígenas a través de sus Instancias Representativas antes de establecer algún proyecto. Esto es en estricto sentido lo que establece el convenio 169, por lo tanto es obligación del Estado Mexicano, y en ese sentido los tres órdenes de gobierno somos responsables de llevar a cabo este proceso de consulta.
La primera Consulta con el Convenio 169
“Para esta consulta que sería la primera que se realizaría en México con el estándar del Convenio 169 –prosigue el edil–se tiene que construir ese proceso de consulta, porque no tenemos en el país una ley de consulta, por lo tanto hay que retomar lo que establece ese Convenio y construir el proceso de consulta y lo que hemos estado haciendo es elaborar precisamente la guía para la realización de la consulta, a través del protocolo de consulta donde hemos definido que será en cinco fases: La de acuerdos previos; la fase informativa, donde las empresa, el gobierno y todos deberán aportar información necesaria a las instancias representativas; la fase deliberativa para que cada una de las instancias delibere en función de la información recibida; la fase consultiva propiamente donde las instancias representativas harán llegar cuales fueron sus procesos deliberativos, cuáles son sus consideraciones y decisiones; y la fase de seguimiento y acuerdos.
“En este proceso se trata de impulsar esa participación a través del convenio 169 a través de sus instancias representativas, y entre éstas no hay un grupo político que pueda decir que domina tal o cual instancia, porque en esas instancias participa todo mundo. Es lo importante también de este proceso porque se van a fortalecer también esas instancias representativas.
“El impacto de ese proyecto afecta a cualquiera de quienes viven en ese territorio donde realizan sus actividades espirituales, culturales, políticas, religiosas, económicas, sociales. El impacto de esos proyectos afecta a todo el pueblo, por eso debe participar todo el pueblo a través de su instancia participativa como lo señala el Convenio 169. No es una consulta popular sino a las instancias representativas, y ¿cuáles son esas? Pues las tuvimos que construir, porque en estricto sentido solamente se podría aceptar al ayuntamiento como se venía haciendo, pero dijimos no, hay que considerar hasta las sociedades de las velas que representan a la sociedad desde hace cientos de años, una de ellas, incluso, hace su ceremonia religiosa en ese territorio. Y luego el impacto en área central, pero también tiene impactos sociales y culturales por lo tanto se tiene que involucrar a otra parte de la sociedad para que decida.
Instancias Representativas
“Así se fueron generado esas instancias. Los que tienen tierras en esos lugares que están organizados desde hace años en los distritos de riego, en los módulos, los campesinos que aparecen en el padrón original de los bienes comunales de Juchitán son los primeros que deben ser consultados, aunque no haya Asamblea Agraria, aunque no haya Comisariado ni Consejo de Vigilancia (como sucede en Juchitán), la resolución de la corte interamericana de derechos humanos establece que el que no exista una instancia no significa que no existan titulares de derecho y esos titulares de derecho deben ser consultados . Así fuimos construyendo esos espacios, ahora van a existir y a partir de ahí se van a ir fortaleciendo junto con otras instancias representativas.
— Pero hay oposición, al menos a nivel de declaraciones en los medios, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y del Colectivo COCEI, que plantean que si antes no se hizo la consulta para establecer los parques eólicos que ya están, ahora ya es tarde para eso.
— A mí no me pidieron hacer una consulta antes, no era mi responsabilidad, ¿será porque ahora yo soy presidente municipal y ellos están presentes? Cada uno debe asumir su responsabilidad. Los instrumentos jurídicos ahí están y hay que hacer uso de ellos. La consulta debe llevarse a cabo así lo decidió el cabildo un vez que adoptamos el Convenio 169 de la OIT determinando que ningún proyecto de gran impacto deba de otorgarse el permiso de cambio de uso de suelo sin que se realice una consulta previa en el contexto del estándar internacional del Covenio 169 de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“Además, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco ha solicitado por escrito su participación en ese proceso de consulta por escrito, y le hemos dicho que podrá participar. El cabildo, la instancia más representativa de la comunidades zapotecas de Juchitán de Zaragoza, ha determinado que asociaciones civiles que han trabajado sobre el tema de los proyectos eólicos deben participar”.
Consulta de los 3 órdenes de gobierno
El edil juchiteco expresa que esta Consulta que deberá realizar en pocas semanas es una estrategia del Estado Mexicano, no es un proceso estrictamente localista, pues se conformó un comité responsable donde confluyen los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, el “Comité Técnico para el Protocolo de Consulta Indígena Sobre el Parque Eólico en Juchitán” con la Secretaría de Energía, que está al frente de dicho Comité; la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, SEMARNAP, SEDATU, la CDI, entre otras y las similares a nivel estatal, así como el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. Este Comité es el que trabaja el protocolo de Consulta y será quien lo apruebe y emita la convocatoria para dicha consulta.
“Es la primera vez –añade Saúl Vicente– que se constituye ese Comité para este fin, no existe ninguna ley para ello, por eso retomamos experiencias de lo poco que se ha realizado en América Latina para ir construyendo este documento, este protocolo en función de los estudios y análisis que han hecho los investigadores y relatores especiales respecto de la aplicación del convenio 169 de la OIT y de lo que ha resuelto en el caso de América Latina la Corte Interamericana y también retomamos el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos esos fundamentos jurídicos son los que le dan respaldo y solidez a este documento que se está elaborando para el protocolo de consulta.
“Todo esto que ya existe ahora ha sido parte del debate en el cual el ayuntamiento a través de mi persona hemos estado colocando puntualmente para que tenga solidez jurídica. Solo existía el convenio 169 o el protocolo e la CDI pero con el estatus de la CDI no tiene tanto fundamento jurídico como el protocolo aprobado por la Suprema Corte de Justicia o las jurisprudencias establecidas por la Corte Interamericana, eso ya le da un carácter todavía más vinculante.
“Tenemos varios meses trabajando, no ha sido fácil, es construir, es argumentar, es presentar evidencias de lo que jurídicamente significan cada una de las propuestas que hemos realizado. Ha sido un ejercicio interesante, porque son pensamientos diferentes a nivel federal estatal, municipal y de cada uno de los titulares de las mismas dependencias se interpretan de manera diferente los mismos instrumentos jurídicos, ha sido un debate importante, muy enriquecedor, pero también ha sido importante el espacio en que se ha podido construir de manera colectiva un documento. Y siendo la primera vez pues ahí está el primer esfuerzo.
Las reuniones del Comité se han hecho en Juchitán, en Oaxaca y en México. Yo espero que empiece en este mes de octubre, acuerdos previos, fase informativa nadie lo ha hecho no me imagino exactamente cómo va a ser aunque ya está ahí la línea. Ahí están los instrumentos, yo creo que esta experiencia va a servir mucho para elaborar la Ley de Consulta Nacional que siempre ha estado atorada en el Congreso Federal
—¿Las empresas están de acuerdo con la Consulta?
— Las empresas saben que es su obligación y han aceptado; me sorprendió, dicen, ¿por qué no se hacía antes? Y es un derecho de las comunidades, pero derecho que no se ejerce simplemente no existe. Y las empresas también tienen derechos de decir sus argumentos, tienen derechos y obligaciones. Decir cuáles son los beneficios del proyecto y es donde se van a encontrar los acuerdos entre proyecto a desarrollar, los beneficios para la comunidad y que la comunidad entonces pueda tomar una determinación acerca de si los beneficios son considerables para aceptar que continúen los proyectos; ya van a decidir ahora en función de esa información precisamente, porque antes pues simplemente fueron impuesto sin mayor información.