Es seria y directa la acusación que hace Juan Mendoza Reyes, diputado panista, contra Alejandro Avilés, ex diputado priista y actual titular de la Secretaría General de Gobierno, en la designación de los administradores municipales que gobiernan los municipios indígenas con problemas poselectorales, “es un negocio redondo del responsable de la política interna del estado”, dice.
Alejandro Avilés impone “a sus incondicionales a quienes les fija cuotas de acuerdo a los recursos que los municipios reciben”. Más claro no podía ser el legislador, prácticamente afirma que esos cargos municipales los vende o renta el secretario General de Gobierno.
De esa manera lo único que tendrían seguro los municipios de usos y costumbres, es el saqueo de sus recursos públicos pues los administradores tendrían que entregar cuotas a otros niveles de gobierno, que quién sabe hasta que niveles llegue.
Ha sido muy cuestionada esta forma inconstitucional de designar autoridades municipales, que sólo prevé la Constitución del Estado de Oaxaca, no así la Federal. Esta atribución que tiene el ejecutivo estatal, empero, es cuestionada hasta por las mismas autoridades electorales federales y estatales, que sostienen que esos nombramientos deben ser sólo en última instancia y de manera excepcional, además el nombrado debe ser originario y habitante del municipio.
El cuestionamiento que hizo en sesión del Congreso el diputado de Morena y titular de la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura, Irineo Molina, fue en ese sentido, que al menos el administrador fuera oriundo y habitante de la comunidad. No obstante y lo que deja ver la línea que no puede ser más que marcada por el gobernador, el diputado priista Herminio Cuevas salió en defensa de esa forma en que su gobierno designa administradores.
Cuevas sostuvo que es necesario nombrar a alguien de fuera, ajeno a los conflictos, pues los locales forman parte de algunos de los bandos en disputa. Afirmación temeraria para salir al paso con esa política de gobierno contra los municipios. Una política pública para meter mano a 300 millones de pesos de los recursos de los pueblos.
Periodistas agredidos
Mucho se dice que se gobierna con el ejemplo, y lo que se marcó desde el inicio de este sexenio en Oaxaca fue nodal. Cuando la encargada de prensa del DIF estatal agravió a un periodista que, según ella, hizo preguntas incorrectas a su jefa, la presidenta honoraria de esa institución, Ivette Morán de Murat.
La funcionaria le reclamó abiertamente al reportero y lo acusó ante el dueño del medio, el que alegando el peligro de perder un contrato de publicidad lo despidió. El mensaje fue claro, la encargada de prensa no sólo no fue castigada por su falta de respeto a las garantías constitucionales, sino prosiguió en su cargo como si nada.
Aquellos sátrapas locales que asuelan los municipios y quisieran que nadie dijera algo de sus muy malos gobiernos, han empezado también a agredir a los periodistas. En dos de los municipios grandes de Oaxaca, Tuxtepec y Matías Romero, los Ayuntamientos han desatado la violencia contra periodistas.
Empezamos mal, pero es preciso corregir el rumbo, el gobernador tendría que llamar a esos ediles a la cordura, de lo contrario la impunidad alentará a quienes creen que pueden violar uno de los primeros derechos humanos, el de la libertad de expresión.