El revés que sufrió Oaxaca por culpa de otra pifia del actual gobierno en la elaboración de la controversia constitucional por los abusos de los gobiernos de Chiapas, es grave. No admite pretextos ni disculpas, que por lo demás aquí no las habrá pues sólo se les brinda al magisterio.
Desde que se empezó a enderezar la posibilidad de esta acción jurídica el diputado panista Luis de Guadalupe llamó la atención desde la Cámara de diputados local en que no veía juristas de alto nivel en el poder ejecutivo de la entidad para encargarse de hacer el trabajo de elaborar la controversia constitucional.
De la plaga de licenciados en derecho que hay en el gobierno de Oaxaca no hubo quien evitara ese traspiés de dimensión nacional. La importancia de lo ahora sucedido prender los focos rojos en el responsable del ejecutivo para incorporar ahora así a los mejores hombres y mujeres de Oaxaca a su gobierno del “cambio.”
Porque lo que hoy vemos es que se está premiando la incompetencia. La Consejería Jurídica del poder ejecutivo ahora elevada a rango de Secretaría, con su titular Víctor Hugo Alejo experto en asuntos electorales, no da una. El principio de Peter en su máxima expresión, pues en los pleitos de Instituto Electoral había capacidad, no en otras áreas.
Apenas este 20 de enero amanecimos con la noticia de que el paquete de leyes secundarías derivadas de la Reforma Constitucional aprobadas el 6 de abril de 2011 por el Congreso estatal, costó 3 millones 449 mil 600 pesos. 246 mil 400 pesos cada una. El despacho beneficiado fue el de Jorge Islas López. El contrato fue de adjudicación directa,
Entonces la Consejería Jurídica ¿para qué está? Pues hemos visto que no siquiera hay la capacidad de revisar esas propuestas que se entregan al Congreso local. Toda vez que los diputados de la LXI legislatura cuestionaron duramente esas iniciativas, mostraron que algunas eran prácticamente borradores, muestras de improvisación y algo más.
Lo anterior se quedó en casa, lo de Chimalapas no, eso nos proyectó en al ámbito nacional. De suyo se veía poca dedicación a este asunto, desde los primeros yerros cuando se mando a liberar a un delincuente de Chiapas, “El tigre de Cintalapa”, para dejarlo en libertar a costa de reprimir a los zoques oaxaqueños.
Este conflicto que los estudiosos han llamado “artificial”, no tendría Oaxaca mucha dificultad en ganarlo, si es que de verdad se quiere ganar pues por lo que se ve con tantos errores… son realmente ¿errores? Todos los antecedentes, documentos y resoluciones presidenciales confirman la pertenencia de Chimalapas a Oaxaca. Y un dato determinante es el de Miguel Ángel García Aguirre, quien fuera Coordinador de Maderas del Pueblo, organización ecologista: “Porque Chiapas fue quien cambió sus límites en 1995 unilateral e ilegalmente. En el Atlas Nacional publicado por la UNAM están pruebas irrefutables de las colindancias históricas de Oaxaca y Chiapas.” (Revista En Marcha, Realidad Municipal de Oaxaca. núm., 13, septiembre de 1999).
Sin embargo, aun con todas esas pruebas a favor de Oaxaca sus gobiernos estatales desde finales de los años 60 del siglo pasado: Víctor Bravo Ahuja, Fernando Gómez Sandoval, Manuel Zárate Aquino, Eliseo Jiménez Ruiz, Pedro Vásquez Colmenares, Heladio Ramírez, Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz han mostrado debilidad para afrontar la avanzada sobre Chimalapas. Ninguno se atrevió siquiera a esgrimir la controversia constitucional. Sólo hasta ahora con Gabino Cué Monteagudo, pero ya estamos viendo cómo.
De ahí que tenga razón de ser el surgimiento de dudas y suspicacias.
