Muchos de los problemas que sostienen los municipios de usos y costumbres podrían ser remontados, como otros tantos problemas que padece Oaxaca, si tan sólo se aplicaran las leyes vigentes. Los pueblos de usos y costumbres están de manera legal, digamos, fuera del marco normativo estatal y nacional. Y eso propicia la exacerbación de problemáticas innecesarias, totalmente prescindibles.
Sin embargo, por esa interesada postura que considera políticamente incorrecto señalar los errores de los pueblos indígenas, muchos teóricos se esmeran en encontrar soluciones dentro del marco de las “originalidades” de esos pueblos. Algo así como al gusto de los grupos de poder locales y sus pequeños tiranos. El fenómeno del poder y la puja por su consecución en esas poblaciones no es menos atroz que en los municipios de partidos políticos.
Los periodos de elecciones por usos y costumbres son otra ocasión para dar cauce a la violencia latente, constante en eso municipios. Una violencia que se incuba, precisamente, en la más violenta de las situaciones humanas, la pobreza.
Ya otras veces hemos insistido que apuntar con seriedad a la solución de las problemáticas vitales de los pueblos indígenas, pobres en su mayoría, sería atender sus necesidades económicas, creación de empleos, programas productivos, capacitación. Pero sobre todo combatir esa abulia, esa falta de ánimo y de iniciativa de las poblaciones empobrecidas para descollar, como señalara Georges Foster. Sin embargo, políticos y académicos insisten, quizá para seguir teniendo esa clientela, en buscarle exclusivamente salidas jurídicas. Claro que también éstas son necesarias, pero no más que las primeras.
Pero el esfuerzo de hallar algunas de esas salidas jurídicas al gusto de la clientela podría ahorrarse si simplemente se fuera aplicando en esos pueblos el marco jurídico constitucional. Ciertamente, por todo este tiempo en que se han gobernado de manera singular, con sus Asambleas “máximas autoridades” el cambio se antoja arduo, sobre todo por los intereses creados. Pero, por ejemplo, en el ámbito electoral muchos de esos municipios se evitarían problemas si se adscribieran a los lineamientos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (CIPEO).
Lo anterior no es nada nuevo, ya desde hace décadas muchos municipios fueron transitando de regirse con sus usos y costumbres a partidos políticos. Con ello si bien no se inhibió la postura interesada de la autoridad municipal vigente, como en cualquier parte, se impide que dicha autoridad establezca la fecha de la elección, lugar, quienes pueden votar de acuerdo a sus particulares usos y costumbres, los avecindados no votan regularmente ni las mujeres en varios municipios, y menos pueden ser autoridad.
El control que pueden tener los grupos en el poder local es más efectivo bajo el régimen de usos y costumbres, pues incluso deciden quién puede votar y ser votado con base en sus especiales atribuciones locales, que pueden cambiar de un año a otro y todas las veces que ellos quieran. Todo está en que la Asamblea General, “Máxima autoridad”, lo decida, se haga el acta y ya. No pocas veces, también, se han difundido conflictos por actas levantadas sin que las asambleas se hayan realizado. Pero como la autoridad tiene sello y documentación oficial, hay que imaginar el calvario para comprobar la verdad.
Y si a todo esto le añadimos lo poco escrupuloso de una autoridad electoral con su director de usos y costumbres acusado de negociar con los grupos en esos municipios a espaldas de la población, como denuncian en Candelaria Loxicha, donde un administrador municipal ha recibido el apoyo del IEE para imponerse por casi dos trienios como autoridad local hasta el día de hoy.
Largo es este asunto, y destaca de nuevo por el conflicto que afectó a la ciudad de Oaxaca esta semana con el cierre de vialidades acá hasta donde estos conflictos que, decíamos son innecesarios, alcanzan a violentar. Se trata de San Agustín Loxicha, municipio de usos y costumbres, uno de los 125 municipios más marginados del país.
Este es el rostro de la miseria en San Agustín: casi el 62 por ciento no cuenta con agua entubada; más del 37 por ciento no tiene energía eléctrica; más del 77 por ciento vive en casas con piso de tierra; más del 55 por ciento de los mayores de 15 años no concluyó la primaria.
Los habitantes obtienen en promedio mil 152 dólares al año (alrededor de 14 mil 500 pesos); mil 250 pesos al mes; poco más de 40 pesos diarios. Esto es, subsisten con menos de un salario mínimo al mes. Por eso, casi la mitad de sus niños en edad escolar no van a la escuela (47.89 %); existe una mortalidad infantil del 46.44 %. Casi uno de cada dos niños que nacen fallecen.
Su actual presidente municipal Jesús Martínez Mendoza está por terminar su gestión sin obra trascendente, con 106 millones de pesos sin comprobación de los dos primeros años de su trienio. A los ojos de todos se pasea con su séquito en ostentosas camionetas en Bahías de Huatulco, comilonas y francachelas, pagando con el erario compañía de modelos y bellezas (Dorismar). Fue electo por usos y costumbres, y ahora con el poder municipal maniobra a placer para heredar el cargo a su hermano Víctor Martínez.
Si antes era un castigo gobernar esos municipios paupérrimos, ahora es el mejor negocio pues por esta condición de marginación el gobierno federal les envía recursos de programas especiales. El negocio es más seguro pues los municipios de usos y costumbres son los menos fiscalizados. Con el argumento de su atraso no manejan facturas ni contabilidad. Negocio redondo que ahora el dilapidador loxicha desea heredar a su hermano menor.
Claro que tiene oposición al frente. Aquí usos y costumbres es un eufemismo, tanto la población como los grupos están habituados a hacer política en los partidos. Los Martínez son del PRI, todos saben que Jesús le pagó la campaña para diputado federal a Héctor Pablo Ramírez Puga; que allegados de éste y José Humberto Cruz cobran en nóminas de San Agustín.
Hay ocho candidatos a presidente en esa municipalidad que debería ser inscrita pero ya en el régimen de partidos, no hay motivo para que no lo esté. Gente de la coalición opositora trabaja también por la presidencia, pero cada uno de los 8 aspirantes podría tener posibilidad de participar en las urnas ya que son 8 los partidos que existen en Oaxaca.
Hoy hay conflicto porque el edil quiere realizar las elecciones en noviembre y los otros exigen que sea en octubre. En el fondo se pelea el control de la Asamblea donde votarán con su mano alzada para elegir nuevo presidente. Si no quedan conformes se iniciara una larga etapa de inestabilidad y pleitos. Y como no hay instancia precisa que dirima estos conflictos poselectorales peor.
Santa María Huatulco, San Jacinto Amilpas, San Juan Guichicovi, entre otros, hace menos de 50 años eran de usos y costumbres, desde que pasaron a partidos políticos no hay violencia, las votaciones son pacíficas y las controversias se dirimen en los cauces legales. Ahí votan las mujeres, votan los avecindados, no hay pleito. Ahora que se habla de cambios, sería bueno dejarse de simulaciones y trabajar para estos cambios que urgen a esos pueblos marginados y cuyos mecanismos ya están en nuestras leyes y códigos.
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