El transporte público es uno de los servicios más importantes de las sociedades urbanas. Es el medio para acercar a los factores de la economía a la producción. Diariamente debe funcionar este servicio vital, tanto que algunos municipios o entidades han municipalizado o estatizado el transporte.
En Oaxaca se han conjugado tres elementos negativos para propiciar un sistema de transporte caótico, desordenado, anárquico. Esos elementos son, por un lado, gobiernos cómplices e ineficientes, que ni siquiera conocen bien la materia; por otro lado, empresarios sin calidad que sostienen un servicio con mala administración. Del tercer elemento nos ocupamos al final.
Las complicidades que en todos los sexenios se han dado entre concesionarios y PRI-gobierno, sobre todo en épocas electorales, cuando los primeros nutren las arcas de ese partido con dinero y con el auxilio de sus camiones para llenar las plazas de acarreados. Además del regalo ostentoso de camiones de lujo para el señor candidato.
Esta relación viciada hace que los funcionarios estén siempre a favor de sus proveedores los concesionarios, con quienes, incluso, algunos gobernadores entran en sociedad. Es el caso de la línea Sertexa donde mucho se mencionó como socio de esta empresa a José Murat. Por cierto, este contubernio ha rebasado el cuidado de la formalidad, pues con Murat la titular de transportes fue nada menos que una dueña de camiones, la mencionada Aurora Acevedo.
Y esta dinámica contraria a los intereses sociales no habría de cambiar sin que quienes la sostienen cambiaran, es decir los gobernantes de siempre. Ahora que ganó la oposición el gobierno del estado y el municipio de Oaxaca de Juárez, se podrían esperar cambios. Vamos a ver, pues tanto gobernador y presidente electos no han esbozado un planteamiento innovador técnico, jurídico, administrativo, etc., para afrontar el problema.
Uno de los poderes fácticos a los cuales deberán enfrentar los nuevos gobiernos será el “Pulpo camionero”. Para ello necesitan una real planificación, no sólo actos donde los tribunos luzcan floridos discursos. Se necesitan no teóricos sino hombres fraguados en el ejercicio eficiente del poder. El argumento de que todo será resuelto con diálogo no alcanzará. Ya parece que alguien va a renunciar a sus fenomenales ganancias sólo por una bonita plática.
Se trata de ejercer la autoridad en beneficio de la sociedad. No hay acá medias tintas, los intereses planteados hasta ahora de usuarios y dueños son contrapuestos. Y estar del lado de la mayoría, por cierto, no es por un simple prurito de justicia, sino, además, de racionalidad económica, finalmente fortalecería el mercado interno al liberar gastos excesivos de las familias en transporte por otros satisfactores más productivos.
Además de la productividad que supone el ahorro de horas-hombre al exigir una planeación adecuada de rutas, de paradas, de efectiva periodicidad y horarios. Hoy un camión de la ruta Cuarteles puede pasar en un lapso de 15 o 20 minutos por las riberas del Atoyac. Lo que hace que el usuario tenga que abordar un taxi colectivo de 5 pesos al Mercado de Abastos, por ejemplo.
Lo anterior incrementa el gasto en transporte de las familias que cuando perciben un salario mínimo pueden perder hasta la mitad de ese salario en un servicio además de caro, deficiente, tardado, sucio, descortés y peligroso. Si una familia de cuatro miembros usa, en el mejor de los casos, un solo autobús para salir y volver a casa, al mes erogaría con la nueva tarifa de 5 pesos con 50 centavos unos 840 pesos, la mitad de los mil 600 pesos de un salario mínimo mensual en Oaxaca.
Por supuesto que hay que considerar las necesidades de los concesionarios, los insumos, salarios, desgaste de autobuses. Pero nunca han demostrado con un estudio de factibilidad la necesidad de sus aumentos, tampoco el gobierno lo ha hecho, en una clara conjunción de intereses y complicidad.
Hace falta un estudio irrebatible que diga por esto y esto es imprescindible el aumento del pasaje. Sólo hubo un estudio una hace tres sexenios, de estudiantes de la maestría en desarrollo regional del Tecnológico de Oaxaca, donde se probó con elementos técnicos y científicos que el aumento que exigían a principios de 1991 era injustificado, y que con las tarifas de entonces ganaban demasiado los concesionarios. Ese año no aumentó el transporte, pero alumnos y autoridades de dicha institución fueron reconvenidos por la Secretaría General de Gobierno, quizá por ello nunca más realizaron otro de esos estudios, o tal vez por la molicie y desvinculación social de esas instituciones casi inexistentes en la sociedad.
Otro elemento negativo que dejamos para el final ha sido la escasa participación social. A pesar de lo gravoso de estos aumentos los ciudadanos no se han organizado para protestar, lo que ha quedado en manos de “porros” universitarios que hacen como que protestan para que sean llamados al diálogo y reciban un tranquilizante pecuniario.
Será muy difícil que la actual gris legislatura nos regale una eficiente ley del transporte, pero la próxima podría hacerlo y con ello ceñir a la racionalidad a los concesionarios de hoy y de los nuevos que deben entrar a airear este asunto social. Será una prueba de fuego de las próximas autoridades, pues si empiezan con firmar acuerdos consentidores de los concesionarios de que ya van adquirir camiones nuevos, de que ya van capacitar a sus choferes, a mejorar las rutas, como siempre han mentido pues adiós al cambio.
Hace falta cirugía mayor: un nuevo, moderno y eficiente sistema de transporte regulado con precisión por una nueva y justa ley. Nada menos. Lo otro sería, evidentemente, más de lo mismo.
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