Cuauhtémoc Blas
Los 17 muertos de San Mateo del Mar engrosan las estadísticas de la impunidad sostenida por la Fiscalía General de Oaxaca. Para esos órganos y para los más occidentalizados, se trata sólo de una mesnada de indígenas cuya vida tienen en menor valía que las suyas.
No habrá exigencias como con los 43 de Ayotzinapa. Igual que en las otras masacres similares, el “carpetazo” es inmediato. Ni siquiera se molestan con declaraciones de simulación de otros casos, que tampoco resuelven.
Como el 87 por ciento de la población indígena de México, la etnia Ikoots es de muy alta marginación, a lo que se suman su índole resentida y el flagelo del alcoholismo. Aculturación, violencia y la llegada de millonarios recursos de la federación a todos los municipios aceleraron la descomposición social.
Los 60 millones de pesos que recibe la municipalidad se pelean a muerte. Es parte de la explicación del conflicto. Además de las disputas entre grupos locales, unos que se reclaman de legitimidad tradicional, y otros que se plantean contra la hegemonía tradicional de la cabecera.
Este pleito arreció con el asesinato del agente municipal suplente de Huazantlán del Río el pasado 3 de mayo, en el marco del conflicto poselectoral que el Instituto Electoral de Oaxaca fue incapaz de resolver, y rápido reconoció como presidente al cuestionado Bernardino Ponce Hinojosa.
El IEEPCO de Gustavo Meixueiro no atendió el conflicto; la Fiscalía de Rubén Vasconcelos, lo dejó en la impunidad; Seguridad Pública de Raúl Salcedo, desatendió la vigilancia policial; la SEGEGO de Annuar Maffud, como siempre, inexistente; y la Guardia Nacional, omisa.
TRASCENDER USOS Y COSTUMBRES
Es probable que el cambio de sistema de elección de San Mateo de usos y costumbres a partidos políticos, no termine de inmediato el enconado conflicto municipal. Empezaría a distenderlo. La clave es disminuir ese sistema que favorece el caciquismo. Es un paso duro, pero necesario, lo vimos hace 7 años en la Mixteca.
En San Andrés Cabecera Nueva, el profesor Everardo Hugo Hernández combatió y acabó con un régimen caciquil. Había ganado él mismo la primera elección por partidos a los caciques priistas usocostumbristas, lo que le costó la vida en septiembre de 2013. Aunque el paso adelante se dio.
El contexto local huave se incrusta en el regional y el estatal. Los grupos municipales se involucran tanto con políticos como en actividades delictivas, tráfico de migrantes, huachicoleo y drogas. A veces son los mismos. Esta zona apartada, pegada al mar es adecuada a esas actividades.
PODER POLÍTICO Y DELINCUENCIAL, DE LA MANO
El poder político y el delincuencial de la mano, lo que avanza en todas las regiones del país. En el istmo de Tehuantepec en estos días salió a relucir un emergente zar de ambas actividades, quien
en años anteriores sólo financiaba campañas de candidatos. Adquirió notoriedad al hacerse en 2018 de la presidencia de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo.
El mismo político a quien la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto aún tiene bloqueada sus cuentas bancarias personales, dentro del Operativo Agave Azul en colaboración con la DEA, agencia anti drogas de EU. “Nino” está ya, con su organización fachada FUCO, en todos los Ayuntamientos del Istmo, y avanza en otras regiones.
Morales Toledo lidera a los Ayuntamientos del Istmo que apoyó en campaña, en correspondencia le dan la obra pública: Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán y Matías Romero, por citar los más grandes. Todos de MORENA. También está en poblaciones pequeñas como San Mateo del Mar.
El columnista Isidoro Yescas ha llamado a este grupo “Cártel del Istmo”. Sus vínculos y adscripción estatal, es con el senador morenista Salomón Jara Cruz, manifestado en conferencias de prensa conjuntas, en actos y declaraciones. El objetivo a la vista es ganar la gubernatura de Oaxaca. Con estas credenciales se postula Jara Cruz.
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