* ¿Protección a periodistas o más burocracia?

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Cuauhtémoc Blas

 

Los gobernadores, incluso para atender una sugerencia presidencial, bien harían en tomar en cuenta las opiniones de sus gobernados. En una de esas, de paso, hasta salen mejor las cosas. Claro, para eso han de tener mano izquierda, como dicen los viejos políticos, han de tener gente para eso.

 

Después del asesinato al periodista Javier Valdez Cárdenas en Culiacán Sinaloa, director del Semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada, y luego de una ola de protestas en todo el país, el presidente Peña Nieto reunió a 24 gobernadores, secretarios de su gabinete y hasta embajadores para dar respuesta con un discurso al respecto.

 

Sugirió que los gobernadores de los estados atendieran la agresión a los periodistas. El presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, propuso a sus pares crear u homologar fiscalías o áreas especializadas dentro de las Fiscalías estatales para prevenir e investigar los delitos contra los comunicadores.

 

El 7 de junio el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, pidió al Fiscal General del estado, Rubén Vasconcelos, trabajar en la creación de la Unidad Especializada contra agresiones a periodistas en Oaxaca.

 

El viernes pasado se realizó en la Ciudad de Oaxaca, por parte de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) una Mesa Redonda para analizar esa vital problemática: “Oaxaca, leyes e instituciones para periodistas”.

 

De acuerdo a los datos aportados por Norma Reyes Terán, participante del foro, Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, hay un seguimiento a 35 medidas cautelares a favor de periodista. Afortunados esos compañeros que aún pueden ser desatendidos, pues otros ya fueron asesinados por su labor como comunicadores, aquí en Oaxaca, y sus casos siguen en la impunidad.

 

En esa mesa Adrián Ortiz Romero Cuevas, periodista y maestro en derecho consideró que las normas de protección a periodistas, en gran medida significan una especie de “re legislación”, abúlica e innecesaria, a partir de la cual pretenden normar lo que ya está regulado. ¿Sirve de algo repetir lo que ya está en la ley?

 

Además, dijo, hay el intento desafortunado, temerario y hasta contraproducente, de normar principios éticos y deontológicos, y crear un Fondo de Protección a Periodistas con un impacto problemático para el gremio este último.

 

“Considero —dijo— que somos un grupo que enfrenta riesgos… pero ello no debe llevarnos a la confusión de asumirnos como grupo vulnerable. No lo somos. Ni tenemos por qué considerarnos así, ni permitir que bajo ninguna circunstancia se nos intente tratar como tal.

 

Por su parte, Norma Reyes Terán reconoció que “hay retos o pendientes”, como la falta de una ley local que fortalezca el ejercicio de la libertad de expresión y reconoció que si se pretende crear un ente Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, ésta deberá ser realmente especializada, que cuente con todos los elementos para resolver los casos.

 

En su oportunidad, Israel Ochoa Lara, abogado y defensor de derechos humanos, sostuvo que crear instancias especiales degenera el sistema de impartición de justicia y podría estimular hasta discriminación en la sociedad, porque la Carta Magna establece que el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos para todos.

 

“Crear un ente especial para atender cada caso, lo convertiría en una oficina de burócratas, si no resuelve nada, y sólo apaciguaría los ánimos”, apuntó el también catedrático de Derecho.

 

Dijo que la creación de una Fiscalía o Unidad especial para atender los casos de agresiones a comunicadores, debería contemplar no sólo oficinas, sino tener personal capacitado, peritos de todo tipo, médicos legistas, recursos propios, ser en cierta forma independiente y tener temporalidad.

 

“De llegarse a crear, debe investigar casos específicos y del pasado, porque la percepción es que la Fiscalía General del Estado y la propia Procuraduría General de la República no han dado resultados en la investigación esclarecimiento y castigo a responsables de crímenes y agresiones cometidos en contra de comunicadores”, puntualizó.

 

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