Cuauhtémoc Blas
El Estado Mexicano se encuentra duramente cuestionado por la violencia contra 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos —más conocida como de Ayotzinapa— en Iguala Guerrero. México se ve como es, un país sin Estado de derecho. Las condenas también se dan en el extranjero. Sobre todo por tratarse de estudiantes, que más tarde fungirían como maestros. Una profesión muy admirada en la mayoría de países.
Ahora el fantasma de las protestas juveniles se cierne sobre los gobiernos de Guerrero y el federal, acompañados por mucha otra gente indignada por esa acción que agota todo calificativo. Se esperaba la renuncia del gobernador de ese estado, el ex priista y converso perredista Ángel Aguirre Rivero. Se esperaba pero el PRD lo sostiene en el cargo.
Los daños son irreparables por todos lados, los humanos, sociales, políticos y hasta los colaterales, como diría otro violento personaje, el panista Felipe Calderón quien gustaba de echar balazos sin ton ni son. Por si no fuera suficiente, las 19 fosas clandestinas encontradas con restos humanos, en lo que buscan a los normalistas, arrojan mayor desprestigio al país y al gobierno de Peña Nieto.
La mayoría condena la muerte de los dos normalistas y otras cuatro personas, 25 heridos y 43 desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre, más aun cuando fueron realizados por un grupo integrado de policías municipales y sicarios del crimen organizado, muestra de la avanzada conformación de narco-gobiernos. Desde hace mucho se había denunciado al edil perredista prófugo, José Luis Abarca, por sus vínculos con el grupo Guerreros Unidos, extensión del cartel de los Beltrán Leyva que tiene el control de esa zona.
Nunca se molestó al edil, al contrario no sólo de la mano del PRD también con los abrazos de Andrés Manuel López Obrador avanzaba en su loca carrera hacia el poder. Incluso, el padrino político del edil en fuga, médico Lázaro Mazón, hoy defenestrado secretario de Salud de Guerrero, tenía ya en la bolsa la candidatura para gobernador de ese estado con la venia de su santidad “El Peje”. Antes fue senador por el PRD y dos veces presidente municipal de Iguala. Había renunciado al PRD para ser candidato a gobernador por Morena.
Apenas en septiembre pasado el aún presidente del PRD Jesús Zambrano incluyó como Consejera de ese partido a la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa también considerada parte de esa organización criminal. Regidores de Iguala sostienen que ella era el poder real tras la figura de su marido. La señora iba para candidata a presidente de Iguala, y el esposo para diputado. Y el amigo del esposo para gobernador. Y Zambrano feliz, y “Peje” contento, y ahora el nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete, con todo su partido defendiéndolos.
El obús que apuntó a esa provocación perpetrada por los jóvenes normalistas al trasladarse de manera extraña y poco coherente desde Ayotzinapa hasta Iguala el día del informe de la Presidenta del DIF municipal, no sólo se descargó sobre los muchachos, sino también sobre ese grupo narco-político apoyado por Nueva Izquierda del PRD y Morena, donde se incluyen a los de Iguala y al gobernador Ángel Aguirre. Y finalmente contra el gobierno de Peña Nieto, tambaleante, evidenciado en su fatal debilidad: inexistencia de Estado de derecho en México. Elemento sine qua non para que sirvan las reformas estructurales.
Un caricaturista resumió muy bien al PRD de hoy: antes ponían los muertos, ahora ponen a los asesinos. Sin embargo, junto con la condena a esa masacre contra estudiantes, es preciso no olvidar el papel también violento de los normalistas, si bien sin la posibilidad de quienes los agredieron, aunque anuncian en entrevistas que podrían tomar las armas. En estos mismos días en medio de sus protestas han incendiado oficinas de gobierno y violentado el Congreso local, entre otras acciones.
Otros futuros maestros han caído por las balas de las fuerzas del gobierno guerrerense, como en 2011 cuando murieron dos estudiantes de Ayotzinapa. Aunque también entonces los futuros docentes arremetieron no contra esa policía sino contra la población, como lo hacen generalmente, cuando el ciudadano Gonzalo Miguel Rivas murió en el incendio de una gasolinera a la cual prendieron fuego en enero de 2012.
Los normalistas, en tanto cumplen sus anuncios de tomar las armas aún están dentro del Estado mexicano, la delincuencia organizada se supone que no lo está (aunque cada vez se integra más a éste), por eso no deben realizar sus justas protestas recurriendo a la violencia y ruptura del Estado de derecho más en perjuicio de la ciudadanía como lo hacen desde hace muchos años y de lo que tenemos testimonios en Oaxaca. Se trata de obtener justicia, no de afectar agudamente a la población.
Pocos pueden festejar lo sucedido a los jóvenes normalistas, pocos desean ese tipo de respuestas a los problemas causados por los grupos magisteriales de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, sin embargo los hay. Quizá alguien que durante un bloqueo magisterial haya visto morir a su familiar sin oportunidad de llegar al hospital; o quien fuera asaltado en sus bienes por los grupos de maestros o normalistas; u otro que haya perdido su trabajo por la suspensión del transporte; o por un cierre de carretera haber perdido su carga de mariscos, tomate o piña rumbo a la Central de Abastos; o quien después de meses de plantón magisterial cerrara su negocio y emigrara, pero, aunque no son muy pocos, son los menos.
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