Cuauhtémoc Blas
Se consumó lo que parecía inevitable en el Organismo Público Local en Materia Electoral (OPL) de Oaxaca, sucursal del Instituto Nacional Electoral (INE), con la abierta e innegable influencia de los partidos políticos. Sobre todo del PRI, partido que acá en Oaxaca siempre tuvo mano en la designación del Consejero Presidente.
Muy seguramente pronto saldrá a relucir cómo se hizo el reparto de esas posiciones en las entidades federativas, cómo se las repartieron los partidos. Lo que esta nueva dinámica confirma es el control nacional que el gobierno federal (priista) toma de los órganos electorales, primero con la sustitución del IFE por el INE y ahora con la designación por parte de este último de los órganos electorales estatales.
Que los órganos electorales volvían a estar subordinados al partido del presidente de la república, quedó claro en Oaxaca, al menos, desde el caso Salina Cruz, después de la derrota en las urnas de la abandera priista a esa presidencia municipal, cuando el Tribunal Federal Electoral torció la voluntad expresada en las urnas por el pueblo de Salina Cruz en beneficio del PRI.
El arreglo entre el PRI y el partido que prestó su registro al candidato popular, médico Mariano Vicente Martínez, el desprestigiado PANAL fundado por la ex cacica Elba Esther Gordillo, se hizo evidente cuando éste partido entregó la plaza al PRI a cambio de una media docena de regidurías más de las que legalmente debe tener ese ayuntamiento porteño, siete ilegales regidurías que se repartieron a placer ahí los “negociadores”.
Para “negociar” esas siete regidurías apócrifas se contó con la entusiasta colaboración del titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, el connotado priista Alfonso Gómez Sandoval, quien así tapizó el camino de la imposición de su correligionaria la señora Rosa Nidia Villalobos (“Rosa Cemento”) al autorizar de manera irresponsable esa abierta violación de las leyes.
La presidencia del nuevo órgano electoral de Oaxaca, decíamos, no dejó de estar reservado para el PRI. Los nombres de aspirantes abiertamente miembros del PRI o vinculados a ese partido siempre fueron los que dominaron la escena de las decisiones, a saber: Wilfrido Almaraz Santibáñez, Miguel Ángel Carballido González y Gustavo Meixuiero. Los dos últimos cercanísimos del actuar representante nacional del PRI en el INE, José Antonio Hernández Fraguas.
Hasta deja la impronta que hubo plan A, B y C para que el PRI se quedara con la presidencia del nuevo órgano electoral de Oaxaca, lo que finalmente sucedió. El inconfundible rostro del nuevo consejero presidente inició su incursión en la política en Oaxaca hace cuatro sexenios, cuando impulsado por su tío David Palacios figuró en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano (también sobrino de Palacios). Después hizo equipo con Hernández Fraguas.
Así están las cosas hasta hoy, la partidocracia que domina el país hace lo que le conviene, negocia, concede, re negocia, en fin. Quedan otras decisiones que tomar en el OPL de Oaxaca, entre éstas la designación de importantes direcciones. Sin duda habrá una renovación acorde a una nueva directriz, de manera que los mandos estén unificados.
Esos nuevos titulares de las direcciones y oficinas, igual que los nuevos consejeros que dependen más de decisiones desde el DF, podrán planear mejor, si quieren, la vida político-electoral de Oaxaca, sin tantas ataduras localistas como la de la mayoría de quienes fueron consejeros recientemente.
Los nuevos pueden no estar subordinados, por ejemplo, a una política indigenista local que cada año baña de sangre a los pueblos: Choapam, San Andrés Cabecera Nueva, Cotzocón, entre muchos otros pueblos de Usos y Costumbres, política cuyos beneficiarios y apologistas locales han rebautizado con el eufemismo de Sistemas Normativos Internos. Eufemismo porque no presentan ningún avance, su viejo caciquismo y su grosera discriminación a las mujeres persisten y sólo le han cambiado el nombre.
Es preciso avanzar ahí pero sin que se paguen costos humanos, como sucedió en Cabecera Nueva, donde hubo muertos en la transición de usos y costumbres al régimen de partidos políticos, cuando la mayoría de la población votó por esa transición aunque a un alto costo.
Esos necesarios cambios para Oaxaca pero sin violencia los puede hacer en estos siete años que tiene por delante el órgano electoral. Pues como escribimos hace un año, cuando sucedió el asesinato, impune hasta ahora, a Everardo Hugo Hernández, diputado local y presidente electo entonces de ese municipio: la población votó ahí y votaría en muchas partes, si la dejaran votar libremente, por pasar del opresivo pasado al incierto futuro.
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