“El IEEPO se va acabar”

Cuauhtémoc Blas

De acuerdo a las declaraciones recientes del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Emilio Chuayffet el Estado va a recobrar su autoridad en Oaxaca y Michoacán en el sector educativo. La dificultad no sería poca, ya ambas secciones sindicales de ambos estados miembros de la CNTE dieron muestra de su capacidad obstructiva al impedir la realización de los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente.

Admitió que en Oaxaca la influencia de la CNTE es “definitiva” ya que en lugar de una Secretaría de Educación está el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y éste pertenece a la Coordinadora, “es decir, nombra el gobernador al director y todos los demás los nombra la CNTE”.

Sin duda la federación conoce mejor que nadie la situación del sistema educativo de Oaxaca. Sabe de las debilidades estructurales, de los enormes rezagos, de la acentuada corrupción compartida entre dirigentes sindicales y funcionarios del gobierno estatal, de la sujeción de los gobernadores a la sección sindical, la 22, sobre todo del actual, quien sin ambages ha expresado a los cuatro vientos su alianza con la gremial, desde aquel famoso “tropicalizar” las reformas educativas. Lo que varios analistas nacionales identificaron con “holgazanearlas”. Incluso cuando las huestes de la 22 tienen sitiada la ciudad o el estado con sus paros, bloqueos de oficinas y negocios y cierre de carreteras, el gobernador declara que la sección sabe dialogar y negociar.

El reportero pregunto en entrevista reciente si todo eso se va acabar, y Emilio Chuayffet respondió “Tiene que acabarse, se va acabar”. El IEEPO se va acabar, aseguró. “Son problemas de muchos años, pero se va acabar”. Esto sugiere que la confrontación del gobierno federal con la sección 22 podría ser definitiva, donde no se descarta el uso de la fuerza pública (como también declaró el funcionario) que seguramente no será la estatal de Oaxaca. Que por lo demás y en caso de sostener la dirigencia de la sección a sus seguidores maestros son fácilmente remontados por el número de éstos.

No hay que olvidar que en junio de 2006, cuando la errática acometida del gobierno de Ulises Ruiz contra los profes los policías enviados apenas fueron 700 contra 10 mil mentores que rápidamente respondieron superando con creces a los uniformados y dándoles una felpa donde algunos mandos medios policiales fueron arrastrados por las calles de la ciudad. Ahí quedan las fotografías. Antes la fuerza pública había irrumpido contra los maestros y destruido sus casas de campaña y pertenencias.

Nunca tuvo esa ocurrencia de Ulises Ruiz posibilidad alguna de éxito, pues eso fue ocurrencia total y no una acción planificada, como todo lo que se hizo entonces. Para someter a una persona que protesta la policía tiene como regla mandar a 4 uniformados, en 2006 fue al revés, hubo hasta más de 10 profes por cada policía. Fue otra de las barbaridades cometidas en ese sexenio que pagó una ciudadanía inerme, con años de crisis para muchos oaxaqueños, principalmente pequeños comerciantes.

Hoy el gobierno federal sostiene un plan que avanza paulatinamente, la desaparición de las secretarías o institutos de educación estatales, los censos de escuelas y profesores y los exámenes de ingreso al servicio docente son dos acciones que han disminuido el poder gremial. Que las escuelas normales de Oaxaca, por ejemplo, apenas hayan cubierto sus matrículas, y algunas ni eso, habla de un duro golpe, al tiempo que refleja con exactitud el interés real de los profes-luchadores sociales: la facilidad con que se obtenía una plaza bien pagada con sólo inscribirse (y no morirse como en la UABJO) para al término de cuatro años sin examen alguno tener la vida asegurada. Hoy que no es así, esa dinámica facilona ha perdido interés y lo seguirá perdiendo.

El conocimiento del número de maestros frente a grupo, de los comisionados, de los aviadores, de las novias de dirigentes y funcionarios, así como de los familiares y ayudantes de los “luchadores sociales” y políticos tradiciones priistas en la nómina, hasta su servidumbre y trabajadores de sus empresas, y que el IEEPO ya no pueda manejar estos privilegios a costa del erario, de pasar a manos de la SEP, sería otro duro golpe a los intereses conjuntos de la sección 22 y el gobierno de Oaxaca. Ambos tienen ahí una caja no tan chica, tan sólo la administración de 13 mil millones de pesos que ha ejercido el IEEPO es para luchar a muerte por “defender los derechos conquistados”, “la gratuidad de la educación”, “la educación popular”…

Sin embargo, aún falta el desenlace de esta trama, pues muchas veces los gobiernos anuncian una cosa y hacen otra. La puja actual de la sección 22 es por todo o nada aparentemente, su planteamiento embozado es que la reforma educativa se realice en donde sea pero no en Oaxaca. Por ello no es casual que se encuentren en esto en sintonía con el gobierno del estado, al que también le conviene continuar con el manejo de los cuantiosos recursos del sector educativo. De ahí que el gobierno federal necesite de un gobierno estatal como aliado si finalmente decide enfrentar a la gremial que, por lo demás, no está desprovista de apoyos fuertes, tiene organizaciones sociales, autoridades municipales, hasta vínculos con grupos violentos. ¿Acaso podrá desmovilizar al sindicato un cañonazo contundente como la millonaria a Enrique Rueda en el 2006 que hasta lo tiene en el exilio dorado en Canadá?