Cuauhtémoc Blas
Sustituir a Arturo Peimbert por Bernardo Alamilla, cuando ambos son de la misma camarilla e incompetentes, sin formación jurídica sólida, parece ocioso. El primero fue jefe del segundo en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Pomposo nombre con que se renombró a la Comisión de Derechos Humanos, con el arribo del mal llamado "gobierno del cambio" de Gabino Cué. Gobierno que en su momento causó grandes expectativas, pero muy rápido se vio que ese cambio era para atrás. Aunque para ello tardó un poco más que el actual.
Luego de ser Consejero durante años en esa Defensoría, Alamilla fue nombrado por el gobernador Alejandro Murat, titular de la misma. Obviamos aquí esa pantomima de que es el Congreso el que vota para nombrar a los funcionarios de las llamadas instituciones autónomas: los impone el gobernador. Igual que al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, que sigue al frente lo que la abogada de María Elena Ríos llamó: “Cloaca de podredumbre”. https://revistaenmarcha.com.mx/images/nedicion/228/cloaca.pdf
CONSOLIDAR A LOS MALOS GOBIERNOS
Toda sustitución es una maniobra política, dice Gabriel Zaid en su libro “El poder corrompe”, lo que en el caso que comentamos se puede confirmar, junto con lo que también escribió dicho autor: "En el mejor de los casos las depuraciones internas son insuficientes. En el peor, sirven para consolidar a los malos en el poder". Oaxaca podría haber nutrido al escritor para estas líneas.
Como lo hizo Peimbert, Alamilla dejó no solo sin solución sino sin atención miles y miles de expedientes de quejas de derechos humanos en su Defensoría. Por lo tanto, no es por su capacidad y eficacia por lo que lo premian como Fiscal General de Oaxaca. Ambos fueron funcionarios con Cué y luego continuaron con los Murat, a quienes sirvieron en su momento en esos dos cargos: Peimbert en la Fiscalía y Alamilla en la Defensoría.
Aunque ambos funcionarios tengan el sello candente del muratismo, no podemos decir aún que se trata de una concesión a los Murat en esa materia de impartición de justicia, pero podría ser. Si Peimbert venía del gabinismo y fue funcional a los intereses de Murat, también Alamilla podría reproducir esa dinámica en el gobierno actual: nadie más adecuado que quien ha demostrado sumisión. Es absurdo que de “defensores” de derechos humanos, pasen a represores en la Fiscalía. Absurdo que una institución protectora sea simple trampolín para una de mayor rentabilidad.
NOMBRADOS PARA GARANTIZAR IMPUNIDAD
Llegan a esos cargos porque garantizan obediencia a los dictados e intereses del poder ejecutivo, del gobernador. El mundo al revés: están en esos puestos por garantizar la monumental impunidad en materia de impartición de justicia y en atención a los derechos humanos, arriba del 95 por ciento en la primera y lo mismo o más en la segunda.
Este tipo de funcionarios en todo el país, no solamente los del área de justicia y derechos humanos sino en todas las áreas, que no llegan a servir a la sociedad sino a sus patrones, y que tienen también sus propios intereses, como cuidar sus rentables carreras políticas y burocráticas, conciben a los activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, como obstáculos para encumbrarse. Son tan ineficaces como peligrosos para la sociedad.
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